Un eslabón fundamental de nuestra seguridad social y, por ende, de nuestra estabilidad y bienestar es que cada costarricense pueda disponer de un ingreso mínimo digno al jubilarse. Y un requisito indispensable para que tal cosa suceda es que existan sistemas de pensiones sólidos, viables y sostenibles.
En nuestro país funcionan esquemas especiales, como el del Poder Judicial y el del Magisterio Nacional, y uno general: el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual, por su cobertura, es el más importante. Todos ellos tienen una índole "solidaria" porque no se basan en cuentas individuales, sino en fondos comunes, a los cuales se canalizan aportes de todos los afiliados y otras fuentes (como el Estado) para distribuirlos luego entre los beneficiarios que cumplan los requisitos al retirarse. A esos esquemas se unió, recientemente, el sistema de pensiones obligatorias complementarias creado por la Ley de protección al trabajador , que es, en esencia, de capitalización individual, y tiene excelente potencial. Existen, además, otras opciones voluntarias de esta última índole.
La salud de cualquier régimen solidario se basa en varios factores, pero cuatro resultan de particular importancia: el rendimiento de los recursos a su cargo, lo cual depende de una buena administración financiera; la relación entre aportes y beneficios, es decir, entre cuánto recibe y cuánto reparte; la cantidad de cuotas (o edad) necesarias para acogerse a la pensión, y la relación entre el número de personas que cotizan al fondo y el número de quienes se benefician de él: mientras más sean los que aportan y menos los que reciben, mejor; pero cuando comienzan a disminuir los primeros y a aumentar los segundos, se está ante serios problemas que, si no se corrigen, pueden conducir a la catástrofe.
El IVM no está en peligro inmediato de colapsar, como ha sucedido con regímenes similares en otros países, pero, si no se toman desde ya una serie de medidas correctivas, podría desarrollarse una crisis a mediano plazo. Por una elemental responsabilidad, esta realidad no puede soslayarse y "patearla" hacia el futuro, como se ha hecho, por ejemplo, con la crisis fiscal. La corrección y la reforma deben emprenderse ya, con carácter integral. En este sentido, nos parece acertada –aunque ya tardía– la iniciativa tomada por la directiva de la Caja para desarrollar un foro nacional sobre su régimen durante el 23 y 24 de abril, así como las propuestas que ha planteado para que sean parte de la discusión.
Todos debemos estar conscientes de que, por el saludable incremento en nuestra expectativa de vida y por los cambios (también saludables) en las pautas de natalidad, la población de la tercera edad cada vez será más numerosa en el país, y su proporción con respecto a quienes cotizan también crecerá. Esto pone una gran presión sobre el sistema, que se deberá enfrentar con la mejor combinación posible de las variables más importantes (edad de pensión, número de cuotas, monto de estas y beneficios), pero también con una administración absolutamente profesional y eficiente de los fondos cotizados.
La propuesta inicial de la Caja, que comentaremos en detalle en su oportunidad, está bien encaminada. Sin embargo, nos llama la atención que el rendimiento y eficiencia no sean parte de su eje, y que, hasta ahora, no exista información suficientemente clara y accesible para todos sobre cuánto produce en intereses el IVM. Esto debe formar parte de la discusión, lo mismo que la necesidad impostergable de que, en el menor plazo posible, desaparezcan los regímenes especiales (como el del Poder Judicial o el del Magisterio) o que sus mayores beneficios no los tengamos que costear los contribuyentes, sino únicamente sus beneficiarios.
Esperamos que todo esto se incorpore a un diálogo amplio y responsable, que conduzca a una pronta acción, no a nuevas evasivas.