Cuando Hernando de Soto escribió su famosa obra El otro sendero para denunciar el exceso de trámites, requisitos innecesarios y papeleo inescrupuloso existentes en el Perú, no imaginaba que un país pequeño como el nuestro, con aspiraciones legítimas de crecer vigorosamente y poder desarrollarse, ignoraría sus sabias recomendaciones. En Perú, era tan lento y complicado satisfacer todos los requisitos exigidos para trabajar y producir en el sector formal (más de cien trámites, por ejemplo, para crear y echar a andar una sociedad), que los peruanos se lanzaron a la informalidad, con todos los perjuicios y desprotección social que eso implica. En Costa Rica, no podemos afirmar que la situación sea tan grave como la experimentada por Perú cuando El otro sendero vio la luz, pero tampoco hemos visto ningún resplandor luz desde que, en el 2002, se aprobó la Ley de Protección al Ciudadano contra el Exceso de Trámites.
Tal y como reportamos en nuestra edición del pasado jueves, esa ley es prácticamente letra muerta. El Gobierno central, al igual que los gobiernos locales y las instituciones descentralizadas, parecieran competir intensamente para ver cuál exige los mayores requisitos para poder obtener un permiso para construir, importar, disfrutar de servicios públicos esenciales como agua y electricidad, pagar impuestos, tasas o simples cánones municipales, u obtener un crédito del Banco Popular. Según la ley, las instituciones no pueden exigir a los usuarios constancias emitidas por otras entidades públicas, pedir dos (o más) veces el mismo documento ni conminar a los costarricenses a tener que transitar de oficina en oficina –interminable peregrinación– para poder obtener lo necesario para trabajar, vivir o producir. Nos obligan a transitar por un camino de subdesarrollo e informalidad y nos niegan, a la vez, el buen sendero –el otro sendero – del desarrollo basado en eficiencia y libertad.
No habla bien de la administración pública ni de los servidores responsables el hecho de que se exijan constancias de matrimonio del Registro Civil o certificaciones de cuotas obrero-patronales cuando no es estrictamente indispensable para otorgar servicios a los que el ciudadano tiene derecho. Tampoco, exigir copias de planos de catastro para poder pagar impuestos territoriales, como exige, por ejemplo, la Municipalidad de Barva de Heredia, ni es conveniente que las municipalidades, como la San Pedro en San José, exijan a los usuarios acudir a diferentes ventanillas cuando voluntariamente se presentan a pagar las contribuciones y servicios municipales. Las instituciones deberían simplificar y centralizar todos los trámites en una sola ventanilla, como hizo hace algún tiempo el Ministerio de Comercio Exterior. Y ahí están los resultados. Mientras que en las municipalidades se acrecientan los problemas de caja por la deficiente recaudación, la exportación de bienes y servicios está boyante, según reportamos el pasado sábado. Este año, las ventas externas de bienes y servicios crecieron a una tasa cercana al 18%, lo que contribuyó al desarrollo nacional.
El exceso de trámites, requisitos, trabas y papeleo es una enfermedad padecida por la burocracia de la que, al parecer, no desea curarse. Algunos, son de origen legal; otros, de carácter reglamentario o administrativo. Pero, en todos los casos, los efectos son perversos. Además de hacer perder tiempo y recursos a los administrados, inducen a la informalidad. Y ese sí es un verdadero problema. Aunque no existen cuantificaciones muy precisas del tamaño de la producción y trabajo en el sector informal, se sabe que es alta y ha venido creciendo. Ella abarca una serie de empleados por cuenta propia y otros que apenas logran trabajar unos cuantos días u horas a la semana, lo que caracteriza el subempleo que excede el 15% de la fuerza laboral. Tiene, además, el enorme inconveniente de la ausencia de regulación positiva y normas de protección a los trabajadores, como la seguridad social. Y se caracteriza por la competencia desleal, pues tampoco contribuye a financiar los gastos del Estado. Pero no todo son malas noticias. Los planes de liberación y modernización administrativa de algunas instituciones y de la propia administración central, a través del Ministerio de Planificación Nacional, están basados en la tecnología de punta (gobierno digital) y son bastante halagüeños. Esperamos que pronto cristalicen en acciones concretas para enrumbar a Costa Rica por el sendero de la eficiencia y la formalidad.