A media noche de hoy, la agónica democracia venezolana sufrirá otro golpe letal: la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV), la empresa teledifusora más antigua y más vista del país, saldrá del aire, para ser sustituida por un nuevo canal oficial, que se sumará a los demás que existen en el país. De este modo, el presidente Hugo Chávez prosigue en su meticuloso plan de imponer un modelo autoritario en su país, disfrazado de ropajes "bolivarianos", pero motivado por los impulsos más primarios de los caudillos dictatoriales latinoamericanos.
De nada han valido el rechazo del 80% de los venezolanos a la medida, según reveló una reciente encuesta, ni las multitudinarias protestas que han recorrido las calles de Caracas. De nada, tampoco, han servido los sólidos recursos legales interpuestos por los propietarios de RCTV contra la decisión gubernamental de no renovarles una frecuencia que han operado por 50 años. Como el Poder Judicial es controlado por el Ejecutivo, sus decisiones han seguido el guion establecido por el Presidente. Chávez también ha puesto oídos sordos a las protestas de organizaciones periodísticas y dirigentes democráticos alrededor del mundo.
Nada ha detenido una decisión que resulta clave para cerrar aún más el cerco en torno a los medios de comunicación independientes que quedan en Venezuela y, con ello, limitar las posibilidades de la población de tener acceso a información que surja de los centros propagandísticos del Gobierno. En la imposición de cualquier modelo autoritario, controlar a los medios libres es un componente básico, y Chávez lo ha venido aplicando de manera creciente.
En 1987, la licencia de transmisión de RCTV fue renovada por 20 años, que se vencen, precisamente, hoy. El 28 de diciembre, luego de su victoria en las elecciones presidenciales, y de un primer anuncio de su ministro de Comunicación e Información, William Lara, Chávez oficializó la decisión, con estas palabras: “No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión… se acaba la concesión. Ya está redactada la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos”. Y este apagón (de equipos y de elementales valores democráticos) se producirá, precisamente, al finalizar este domingo.
El silenciamiento de la televisora no es solo grave por sí mismo. También, se constituye en un poderoso chantaje contra los demás medios de radio y televisión no gubernamentales que aún existen en Venezuela, y que también dependen de concesiones oficiales para mantenerse. El mensaje implícito es claro: o se amoldan y subordinan, o a ustedes les pasará lo mismo. Además, aprovechando la incertidumbre creada entre los medios por la inseguridad jurídica, el Gobierno ha usado alegremente sus petrodólares para comprar otros canales y emisoras, o para establecer y reforzar nuevas operaciones de radiodifusión, como Telesur, el arma semioficial de proyección propagandística venezolana al resto del continente.
Los medios escritos, que no necesitan de licencias estatales para operar, están libres de ese tipo de presiones. Sin embargo, su importación de insumos (papel o tinta, por ejemplo) depende del otorgamiento de divisas por parte del Banco Central, la publicidad gubernamental se utiliza para premiar a los afines y castigar a los independientes, y los frecuentes ataques verbales de Chávez y otros funcionarios han creado un cerco de temor alrededor de los periodistas.
A lo anterior se une una legislación totalmente restrictiva en contra de los medios, que incluye penas hasta de 12 meses de cárcel por la presunta difamación de funcionarios públicos. Y no se olvide que esas leyes, de por sí autoritarias, deben ser aplicadas por jueces y tribunales también sometidos al control político.
Es decir, el bozal que hoy ha terminará de ahogar a RCTV es parte de otro mucho más grande, dirigido hacia la totalidad de los medios independientes venezolanos. Por esto, la gravedad suprema de lo que hoy ocurrirá. Por esto, la necesidad de ser solidarios con los periodistas y los ciudadanos demócratas de Venezuela.