El referendo, como las elecciones, es un mecanismo importante de la democracia. Pero su eficacia y legitimidad dependen del reconocimiento, respeto y fortalecimiento del pluralismo, de la argumentación y del debate públicos, como condición previa (Amartya Sen). Sin este ejercicio permanente de razonamiento, dialogo y discusión, el referendo, como las elecciones, puede convertirse en un simple pulso, en un ejercicio de fuerza.
Costa Rica es una sociedad plural y la pluralidad de posiciones respecto al TLC existe aquí no por mera diversidad ideológica, sino por la desigualdad en materia económica, social y política que afecta al país; por las enormes diferencias en cuanto al disfrute de los beneficios del actual modelo de crecimiento. De ahí se derivan diversos intereses correspondientes a diferentes necesidades. Estas son, en buena parte, las que hay que reconocer, contrastar y discutir con anterioridad a la firma, ratificación o referendo sobre el TLC, para apuntar, sobre esa base, a la identificación y construcción de intereses nacionales.
Hace ya bastante tiempo la Comisión de Notables afirmó que no tiene sentido aprobar o reprobar el TLC y enfrentar las consecuencias de la decisión, si el país no corrige las deficiencias que arrastra el esquema de desarrollo que ha seguido en las últimas décadas. En la misma línea, en su momento, la Conferencia Episcopal de Costa Rica apeló a la Asamblea Legislativa que los convocó en audiencia, para que ejecute una agenda de desarrollo. Entre otras cosas, esta debería incluir una evaluación del rumbo seguido por la economía del país en los últimos 25 años para que, en eventuales proyectos de política social y económica, se modifique lo que no haya integrado los intereses legítimos de todos los sectores. No llamaron los prelados a un voto "a favor", ni a un voto “en contra” del CAFTA, sino a votar simultáneamente con este Tratado “elementos urgentes de esa agenda de desarrollo.” Estas advertencias de los Notables y de los Obispos, lejos de perder vigencia, cobran nueva relevancia ante el referendo. De no atendérselas, el pulso de fuerza y la consiguiente polarización no se eliminarían, sino que se estarían trasladando de la Asamblea Legislativa a la salida de las urnas de votaciones.
Estrategia alternativa. Sigue, pues, siendo válida para el referendo la observación hecha a los diputados desde hace meses para el proceso legislativo: No se trata solo de decir “sí” o “no” al TLC. A este hay que encuadrarlo donde le corresponde proponiendo ya y llevando a la práctica una estrategia alternativa de desarrollo, que se dirija a la reversión de los mecanismos generadores de desigualdad y de pobreza en el país. Así como el Tratado en lo económico y legal no se podría implementar sin trece leyes exigidas en el compromiso con la contraparte, en lo moral tampoco se debería poner en práctica si no se le acompaña, al menos, de otras medidas radicales –por ejemplo, en materia tributaria, laboral, educativa…– que empiecen a quebrar la actual dinámica distributiva y a inaugurar un nuevo modelo de desarrollo. El significado e impacto del TLC no depende solo del contenido de sus capítulos, sino de su entorno legal y político y de la estrategia de desarrollo en la que se integre.
Por eso, una valoración ética del TLC depende, al menos, de tres criterios: Primero, de los efectos que las medidas que contiene va a tener sobre la equidad. Segundo, de la incorporación que haya hecho el Tratado de los legítimos intereses de todos los sectores, en especial de los más vulnerables. Tercero, de la subordinación y encuadre del CAFTA en una agenda de desarrollo humano, sostenible e integral.
Por la fuerza de las circunstancias el referendo, como el voto del Congreso, tiene ese carácter dual, del “sí o no”. Pero no todo se juega en ese mecanismo de consulta ciudadana. Para ser exitoso debe ser el punto de llegada de un proceso de razonamiento y de debate públicos que proporcionen criterios y argumentos para que la participación con el voto sea consciente y libre. Y este voto debe decidirse considerando no solo el Tratado en sí, sino las otras leyes y medidas con que se asocia y la estrategia de que forman parte.