No voy a soltar todavía a Roberto J. Gallardo , ministro de Planificación. Su pertinaz defensa de las consultorías con fondos ordeñados al BCIE y Taiwán daña la moral, ofende a los servidores públicos y es muy peligrosa para la democracia representativa.
Voy a rebatir sus argumentos uno a uno. Afirma que en las consultorías "no hay un uso solapado de fondos públicos al margen de la ley". Falso. Todo fue solapado. Si La Nación no les levanta los chingos , si la Contraloría no exige documentos ni la Comisión Legislativa los da a conocer, el país no se habría enterado de nada.
Luego dice: “Los fondos no se utilizan sin control; para que los donantes otorguen ayudas, se suscriben convenios en los que se establece claramente el destino de los recursos. Los más interesados en que se haga un buen uso son los donantes mismos”. Falso. Ortuño, representante ante el BCIE, declaró en la Comisión (bajo juramento) que el Gobierno definía el destino y el BCIE simplemente cumplía órdenes, sin ejercer ningún control. Cero. Y cero en la nota a Gallardo por mentir.
Insiste en que “no es posible que los ministros hagamos lo que nos da la gana con esos recursos, dado que hay convenios que regulan su uso”. Falso. El ministro Zumbado varió los fines a su antojo –fines nobles destinados a vivienda– para financiar consultorías, incluida una destinada a la fundación que él mismo creó. Luego dice: “No hay nada ilegal o inmoral en ello”. ¡Qué descaro! Después que la Contraloría General de la República ordenó investigarlas para determinar su lega- lidad y el Ministerio Público allanó las oficinas de Zumbado para deshojar el tamal, decir que no hay nada inmoral ni ilegal es risible. A mí se me caería la cara de vergüenza.
Pero lo más perverso es que las consultorías, bajo derecho privado y huérfanas de control, se prestan para comprar conciencias políticas en detrimento de la democracia. Contrataron a conspicuas figuras de oposición como Epsy Campbell, presidenta del PAC (jamás lo esperaba de ella), Lineth Saborío, un exdiputado del PUSC (protegido de Gallardo) y un libertario (de cuyo nombre no quiero acordarme), todo bajo la mesa. Hasta el más ignorante sabe que son intentos de tratar de comprar voluntades para suavizar la oposición. Y algo más feo aún: Roberto J. Gallardo fue uno de los consultores pagados por el BCIE. ¿Comprenden ahora toda esa parla de que el Estado no puede contratar “a los mejores en la función pública” pues los funcionarios de carrera “no cuentan con el conocimiento requerido, especialización y amplitud”? Mentiras. Puras mentiras. No tiene autoridad moral para defender lo indefendible.