El programa Avancemos en el campo social, concebido y desarrollado por la actual administración, ha presentado diversos logros concretos en consonancia con sus propósitos. Sin embargo, como capítulo de la política social del Gobierno, ha soportado también el señalamiento crítico de la Contraloría General de la República. A las denuncias sobre la ausencia de una estrategia global en la lucha contra la pobreza nos referimos en nuestro editorial de ayer. Esta cuestión merece una atención particular por su propia naturaleza, por los cuestionamientos formulados y por la necesidad, como se ha propuesto, de un replanteamiento a fondo.
El programa Avancemos citado se inserta en un esfuerzo del Gobierno para lograr estructurar una política social coherente y a largo plazo, que sustituya el proceso de improvisaciones de administraciones anteriores. La cristalización de este proyecto a largo plazo, fortalecido, al mismo tiempo, por resultados específicos, constituye el gran desafío del Gobierno actual, que deberá ser prolongado por su sucesor, como política de Estado, tal como se ha hecho por años en el campo de la salud, si se quiere, en verdad, abatir el flagelo de la pobreza. Uno de estos resultados concretos e inaplazables se inscribe en el freno de la deserción en secundaria, que el año pasado fue del 11% en colegios académicos y técnicos. Este año se pretende beneficiar a 140.000 colegiales, gracias a los recursos proporcionados por el IMAS (52.000 becas) y Fonabe (88.000 becas), a fin de reducir la deserción.
Mientras se consolida una estrategia o política global a largo plazo, las fallas o vicios comprobados en los diversos programas deben erradicarse sin dilación. Si así no se procede, la gente pierde confianza en este esfuerzo. Hacemos hincapié, por ello, en la urgencia de armonizar los compromisos sociales con su eficacia cabal. Desde este punto de vista, nuestra información de ayer sobre las penurias que sufren los estudiantes pobres, aun ahora, avanzado el curso lectivo, por el atraso en la entrega de las becas respectivas causa honda desazón, la misma que suscitó la noticia de este periódico sobre las congojas de los comedores escolares, hace varios meses, por falta de dinero.
Si el objetivo es combatir la deserción estudiantil y si la educación es factor esencial en la lucha contra la pobreza, la confusión reinante en cuanto al suministro de estos recursos no debe tolerarse. Esta confusión resalta en la lectura de nuestro reportaje de ayer. Tanto los funcionarios como las autoridades de los colegios respectivos dicen que han cumplido. Sin embargo, diversos padres de familia y estudiantes consultados dicen lo contrario. Lo cierto es que las becas no les han llegado, lo que para un estudiante de una familia pobre significa el desánimo, el abandono del colegio o el sometimiento a penurias de toda clase para poder seguir adelante. Se ha aducido, asimismo, que hubo 5.000 solicitudes con datos erróneos, prueba inequívoca de negligencia o descuido en alguna parte del proceso, esto es, de un sistema que no funciona en cuanto a la recolección de datos, su ordenamiento y la entrega de aportes en forma oportuna.
La eficiencia y eficacia en todo lo concerniente al cumplimiento fiel de los compromisos contraídos con las personas o familias pobres ha de tener prioridad absoluta en las instituciones públicas.
La reiteración de denuncias o informaciones sobre esta materia daña la continuidad de los programas sociales y a las instituciones públicas.