Washington . Grupos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales intensificaron sus protestas por la ejecución, hoy en Texas, de un hombre que cometió un asesinato cuando tenía 17 años.
Gerald Mitchell, ahora de 33, recibirá una inyección letal en la penitenciaría de Huntsville, Texas, por haber dado muerte a balazos en 1985 a un hombre por un problema de drogas.
Agotadas las apelaciones, su suerte está en manos de la Junta de Perdón y de Libertad Bajo Palabra del Tribunal Supremo de Estados Unidos o del gobernador de Texas, Rick Perry, quien podría aplazar su ejecución o conmutarla por cadena perpetua.
Violación de acuerdos
Las protestas fueron encabezadas por la Unión Europea, que dirigió una carta a la Junta de Perdón y Libertad Bajo Palabra en la que afirmó que la ejecución constituye una violación de acuerdos internacionales ratificados por Estados Unidos.
La Unión Europea considera que la ejecución de Mitchell sería "contraria a normas de derechos humanos generalmente aceptadas", señala la carta enviada también al gobernador Perry.
A la denuncia de que la ejecución sería una violación de los derechos humanos se sumó Amnistía Internacional, que señaló la incongruencia de que se realice en momentos en que Estados Unidos condena los abusos contra esos derechos en otros países del mundo.
Marsha Mitchell, hermana del condenado, dijo que este no tiene muchas esperanzas de que le salven la vida.
"Creo que sabe que es muy posible que muera el lunes (hoy). Está rezando, pero espera lo peor. Todos estamos esperando lo peor", expresó.
De los 38 estados donde se aplica la pena de muerte en el país, Texas es el más activo, con 252 ejecuciones.
Desde que el castigo fue restablecido por el Tribunal Supremo en Estados Unidos en 1976 se han ejecutado más de 730 personas.