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Fernando Herrero: ‘Es cosa de ellos’

Al referirse al acuerdo que permitirá a Japdeva pagar ¢470 millones a los muelleros por beneficios calificados de excesivos, el regulador, Fernando Herrero, dijo que a la Aresep no le corresponde opinar sobre el uso de recursos.

Edad: 53 años
Residencia: Escazú
Profesión: Economista
¿Cómo se tomó el acuerdo?
Esto es un asunto de cómo entendemos la regulación. La Aresep hace un estudio de los costos de la empresa y con base en eso fija unas tarifas. Se excluyen cosas como estos elementos de la convención colectiva (de Japdeva) que, en su oportunidad, la reguladora consideró abusivos. Una vez definida la tarifa, a la Aresep no le corresponde coadministrar. Le está prohibido.
"El hecho de que nosotros no tomemos en cuenta algunos costos no quiere decir que ellos no puedan hacer gastos que, por alguna razón, les parece que deben hacer".
Pero bajo ese argumento, ¿entonces no necesitaban autorización de Aresep?
No la necesitan.
Pero ustedes la están dando...
No, lo que estamos diciendo es que a nosotros no nos toca.
¿Por qué don Marco Vargas dijo que la Aresep autorizó a pagar por una única vez?
Porque a lo largo de los años se ha venido acumulando un superávit (en Japdeva), tiene alrededor de ¢10.000 millones...
La semana pasada le pregunté si los superávits venían de tarifas y usted dijo que sí...
Así es, pero seguimos haciendo la revisión legal y entonces la regla es que, una vez que nosotros fijamos la tarifa, ellos son los que deciden cómo usar los recursos. Nosotros no somos una entidad que aprueba presupuestos. Si ellos deciden que van a pagar una cosa o la otra, es cosa de ellos.
“Aquí el problema está en que el superávit no debiera de existir. Debería ser invertido o convertirse en rebajas de tarifas”.
¿La Aresep no esperaría que la entidad regulada use la tarifa de acuerdo a los costos autorizados?
Nosotros lo que le autorizamos es una tarifa, ellos son los responsables de cómo lo usan. Lo que pasó es que Japdeva tuvo ingresos adicionales por crecimiento de comercio, devaluación, y porque no invirtieron. Ellos son los que deciden cómo usan ese superávit, nosotros no.
Y el criterio del 2003 del que hablábamos la semana pasada, el cual cita el despilfarro…
Seguimos pensando eso. Esos gastos no deben hacerse, la tarifa no debe contemplarlos y, cuando volvamos a hacer una fijación tarifaria, no vamos a incluirlos.
Pero tampoco hacen nada para impedir que se hagan.
No nos corresponde.
Entonces la Aresep está cerrando los ojos.
No, establecimos varias políticas regulatorias. En el pasado las tarifas se fijaban principalmente por los costos que las empresas reportaban. En adelante, el costo se va a definir como el costo de oportunidad; estamos entendiendo lo que la Ley nos dice que debemos fijar al costo mínimo competitivo y sostenible.
¿No teme que se desmotiven los técnicos que hicieron la resolución del 2003?
¿Por qué se van a desmotivar? Estamos aplicando una regla más fuerte que la que ellos pusieron. Lo que ha habido es un error en la interpretación legal. Se había interpretado en un sentido muy restrictivo que nosotros podíamos a decirles a ellos en qué podían gastar y en qué no, eso no nos toca.
¿Quién ayudó en la interpretación legal?
Consultamos la Procuraduría, Contraloría y asesores legales de junta directiva y del regulador.

  • POR Esteban Oviedo / eoviedo@nacion.com
  • Nacional
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