La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Salud adoptar las medidas que corresponda para dar debido cumplimiento a la Ley de trasplantes.
Esa legislación, emitida en 1994, y su reglamento, establecen la creación de la Comisión Reguladora de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos, como el ente rector de la donación y trasplante de órganos.
A ese ente, adscrito al Ministerio de Salud, corresponde dictar todas las directrices que permitan la efectiva aplicación de la norma.
Los magistrados acogieron un recurso de amparo de Eduardo Briganty Lison, quien alegó "inercia, omisión y descoordinación" de las autoridades públicas para ejecutar el programa de trasplantes de órganos y materiales anatómicos humanos.
Briganty reclamó que la comisión reguladora solo se ha reunido esporádicamente.
Agregó que tampoco se aplica el artículo 11 de la Ley, según el cual toda persona, al solicitar su cédula o al renovarla, debía llenar un formulario manifestando su consentimiento u oposición a donar sus órganos cuando muera.
La Comisión Reguladora de Trasplantes se ha nombrado en varias ocasiones pero, según manifestó María Amalia Matamoros, directora del Programa Nacional de Trasplantes de Hígado, no ha tenido un trabajo consistente y tampoco se le han dado recursos.
Tal y como La Nación informó el 15 de setiembre anterior, mientras decenas de pacientes requieren con urgencia un nuevo órgano, el programa de trasplantes se encuentra abandonado.
Al año se realizan 13 trasplantes de hígado, pero se necesitan 80 y los implantes de corazón están suspendidos desde hace siete años.