El caso del pago de consultorías por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no tiene excusa.
Los fondos donados al Estado son públicos y la ley exige su ingreso al Presupuesto Nacional. A partir de ahí, el egreso solo es posible con apego a las normas reguladoras del gasto.
El dinero donado por el BCIE para financiar contrataciones en la Presidencia nunca ingresó a las arcas estatales. En consecuencia, los responsables se creyeron autorizados a disponer de él sin ninguna preocupación por la legalidad. Además, se consideraron exentos de rendir cuentas sobre el gasto.
Más grave aún es el caso del dinero donado por Taiwán para ejecutar programas de vivienda en Pavas. El ministro Fernando Zumbado pidió expresamente al donante girar los fondos al BCIE, no al Estado. Una vez entregado el dinero y siguiendo el mismo razonamiento, no hubo problema para disponer de él sin observar la Ley de la Administración Financiera o la de Contratación Pública.
Lo ocurrido en el Ministerio de Vivienda supera la marca establecida por la Casa Presidencial. En el caso de Zapote, por lo menos, la donación provenía del propio BCIE y estaba destinada al pago de consultorías. El triste papel del Banco se limitó a evitar los "engorros" de la legislación nacional, es decir, dejarla en letra muerta.
En el Ministerio de Vivienda, la intervención del BCIE contribuyó a cambiar el destino inicialmente anunciado de la donación. Los fondos provenían de un país amigo y estaban dirigidos a un fin específico y distinto del que a la postre tuvieron. En este caso, el BCIE se desempeñó como en un hueco negro donde los propósitos iniciales desaparecen y se desintegran las normas pertinentes al uso de fondos públicos.
Tomando en cuenta su alto costo político, el repudio generalizado y los criterios autorizados, que sin duda se establecerán en los próximos días, es posible que el incidente no se repita, pero en torno al BCIE flotan muchas interrogantes. ¿Estaremos conformes, por ejemplo, con los créditos que el Gobierno gestiona para ejecutar obras mediante sistemas que ponen la contratación en manos del BCIE? ¿Renunciaremos, para la ejecución de esas obras, a todos los mecanismos de control del Estado costarricense? ¿Pagaremos con docilidad el importe de los empréstitos sin derecho a revisar la forma como fueron gastados?