El pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, en relación con la donación de bienes y servicios que hiciera el BCIE al Gobierno, es un dictamen equilibrado que analiza con detenimiento y profundidad los diversos elementos involucrados en el asunto.
Llega a la lógica conclusión de que no estamos en presencia de fondos públicos, pues lo que se donó no fue una suma de dinero, sino más bien bienes y servicios.
Fondos son privados. Esta conclusión era obvia para quien hubiera leído el fideicomiso, pues en él se indica claramente que la contratación de los bienes y servicios los realizaría el BCIE y no el Gobierno. Eso presuponía que los fondos seguían siendo del Banco y que estos nunca ingresaron a la caja única del Estado.
La legislación fiscal costarricense establece dos criterios para determinar si los fondos son, o no, públicos: en primer término, si provienen de algún presupuesto público, aunque sean administrados por particulares, y, en segundo lugar, que ingresen a las arcas de una institución pública.
En el caso concreto del fideicomiso del BCIE, no se dio ninguna de esas dos hipótesis. En efecto, los fondos provinieron de una institución de derecho internacional y no del presupuesto de un ente público, y, segundo, los fondos nunca ingresaron a la caja única del Estado. Ergo, los fondos del fideicomiso son privados, aunque los bienes y servicios pagados con ellos son de propiedad pública.
Consecuencias. De lo anterior se derivan tres consecuencias jurídicas inmediatas: primero, el Ministro de la Presidencia no incurrió en violación de los artículos 5 y 58 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
En segundo término, la Contraloría tiene potestades para controlar la eficacia de los servicios y bienes donados al Estado con los fondos del fideicomiso.
Finalmente, quienes fueron contratados al amparo del citado fideicomiso no cometieron ninguna ilegalidad, pero están obligados a rendir informes de sus asesorías, los cuales podrían ser eventualmente fiscalizados por la Contraloría.
Este problema de las asesorías donadas con fondos del BCIE pone al desnudo la hipocresía en que vivimos: por el falso prurito de economizar fondos públicos, no dotamos a la Presidencia de la República, independientemente de quien ejerza el cargo, de fondos suficientes para el pago de asesorías especializadas.
Por tanto, y desde hace varias administraciones, los gobernantes de turno han tenido que valerse primero de fundaciones y, luego, de donaciones de servicios provenientes de entidades privadas o de derecho internacional para contar con asesorías especializadas, lo cual es normal y moneda de curso corriente en cualquier país civilizado.
El problema se resolvería simplemente con la inclusión de una partida presupuestaria para asesorías de la Casa Presidencial, con la autorización expresa de que las respectivas contrataciones no tengan que seguir el tortuoso camino de la contratación administrativa.
Es decir, tales contrataciones deben ser directas, sin necesidad de concurso, pues los consultores, además de ser personas altamente capacitadas en el ramo de su especialidad, deben ser personas de confianza de la Presidencia de la República.
Ya es hora de terminar con el circo mediático que se ha creado en torno a este asunto, que lo único que ha servido es para distraer la atención de los diputados y evitar que se dediquen a estudiar y aprobar las leyes que requiere el país en estos momentos, a fin de enfrentar los problemas derivados de los altos precios de los combustibles y de los alimentos en los mercados internacionales, y darles armas al Poder Ejecutivo y a los tribunales para combatir a fondo la inseguridad ciudadana.