La comedia legislativa no tiene fin, y si el lector nos hace la deferencia de seguir este editorial, en algún punto esbozará, cuando menos, una sonrisa. La "metodología" para elegir al próximo Defensor de los Habitantes fue aprobada, con toda seriedad, por los integrantes de la Comisión Especial de Nombramientos, pero la seriedad se agota en el acto formal de la aprobación, porque el contenido da risa.
Todos los grados universitarios, desde el bachillerato hasta el doctorado, valen exactamente lo mismo. Si eso no colmara la copa del absurdo, hay mucho que se le puede añadir. Resulta que hay maestrías más valiosas que un doctorado y no todas las licenciaturas valen igual. Si en el programa de estudios del licenciado no hubo una pausa para entregarle un cartón acreditándolo como bachiller, su grado vale dos puntos. Si tuvo la fortuna de obtener el cartoncito, vale cuatro (dos por el bachillerato y dos por la licenciatura).
Un licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica en los años ochenta solo obtendría dos puntos, porque la institución no otorgaba el bachillerato a mitad de la carrera. En ese entonces, las universidades privadas graduaban licenciados en Derecho con menos años de estudio, pero a media carrera les entregaban un diploma de bachiller. Esos licenciados obtenían dos títulos cuando sus colegas de la UCR lograban solo uno, aunque la acreditación profesional fuera al fin de cuentas la misma y mayor el tiempo invertido en los estudios. Para los diputados, la licenciatura de la UCR vale la mitad.
Si el graduado de la UCR obtuvo, como muchos lo hacen, una beca para cursar su doctorado en las mejores universidades de Europa, los diputados le otorgarán cuatro puntos, pero si el afortunado bachiller y licenciado hace una maestría (u otro bachillerato), sus atestados académicos superarán el límite de puntos otorgado en este rubro y conseguirá la calificación máxima de cinco.
Hay, en suma, doctores de cuatro puntos y doctores de ocho, licenciados de dos y de cuatro, amén de licenciaturas obtenidas en seis años cuyo valor es idéntico al de los bachilleratos conseguidos en dos. Un estudiante de Derecho que abandone los estudios después de lograr el bachillerato no puede ser habilitado para ejercer la profesión, pero el título de un licenciado acreditado por su colegio profesional vale exactamente igual.
El ejemplo del Derecho es extensivo a todas las carreras, pero resulta pertinente por la valoración que los legisladores hacen de esa disciplina. Si la maestría es en Derechos Humanos, el candidato obtiene dos puntos adicionales. Si se trata de un doctorado, se le añaden tres. Pero los candidatos obtendrán un punto por cada curso de más de 40 horas en esta materia.
Los doctores en Derechos Humanos harían bien en esconder sus títulos y acreditar, en su lugar, la aprobación de cinco cursos individuales. Sus doctorados apenas valen el equivalente a un semestre de estudios, suponiendo una escuálida carga académica de tres cursos de cuatro horas por semana. Si el estudiante lleva la carga académica normal de cinco cursos (muchos matriculan y aprueban más), los diputados valorarán su esfuerzo como muy superior al doctorado y le concederán el puntaje máximo de cinco.
La docencia universitaria vale más que la docencia en otros niveles, pero la investigación y otras labores de extensión universitaria no valen nada, aunque el régimen académico (y la lógica) las considere equiparables.
Otros cinco puntos dependen del “activismo social comunitario”; es decir, de la pertenencia y participación en organizaciones sociales, comunales, municipales, ambientales, de la tercera edad, de bienestar social, o afines que promuevan la defensa o consolidación de los derechos humanos. Como en la escuela, los candidatos ganan puntos por asistencia y participación, pero nada distingue los aspectos cualitativos de la actividad ciudadana. Lo mismo puede decirse de los cinco puntos otorgados por “artículos, ensayos y libros publicados”. Igual da, para esta curiosa “metodología”, una cosa que otra y también es indiferente la calidad. Iguales son, en resumen, Miguel de Cervantes y Corín Tellado, aunque ella tiene la ventaja de haber publicado más.
La suma de estos factores, con el añadido de una certificación de ejercicio profesional para demostrar –da lo mismo– la simple pertenencia a un colegio profesional o el destacado y meritorio desempeño a lo largo de décadas, representa un 40 por ciento de la nota total del candidato. El otro 60 por ciento será tema del editorial del domingo. Por hoy, basta lamentar que los mismos requisitos no se apliquen a las candidaturas legislativas. No serían garantía de un mejor Congreso, pero al menos asegurarían la comprensión de los conceptos básicos del régimen académico.