Las inhibiciones de la mayoría de jueces propietarios del Tribunal Penal de Goicoechea, al que le corresponde juzgar a los imputados en la causa ICE-Alcatel, están atrasando el inicio de este juicio.
Debido a ello, el debate no comenzará este año y posiblemente se inicie después de enero del 2010.
En el caso ICE-Alcatel figuran como imputados el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, y ocho personas más.
Por ahora, no se tiene certeza sobre la fecha en que podría estar integrado el tribunal que juzgará al exmandatario.
Casi todos los jueces están impedidos para juzgar el caso, pues han resuelto asuntos relacionados con él en etapas anteriores.
Ya se excusaron cinco juristas, según informó el jefe de prensa del Poder Judicial, Fabián Barrantes.
Espera de un año. El caso ICE-Alcatel fue elevado a juicio el 11 de noviembre del 2008.
La causa se refiere al supuesto pago que hizo la firma Alcatel a funcionarios públicos para, supuestamente, obtener contratos de telefonía con el ICE.
El expresidente Rodríguez enfrenta dos cargos de enriquecimiento ilícito, según lo determinó un juez de la etapa intermedia.
El inicio del debate dependía de la conclusión del juicio CCSS-Fischel, pues Eliseo Vargas García, expresidente ejecutivo de la Caja, está acusado en ambos casos.
En esa causa, Vargas fue hallado culpable el 5 de octubre y condenado a cinco años de prisión por dos delitos de peculado.
El abogado de Rodríguez, Rafael Giraud, cree que el juicio se iniciará"en abril o mayo del 2010".
“No es oficial. Fue un comentario informal que escuché”, dijo.
Inhibidos. El juicio ICE-Alcatel se asignó, según el rol de trabajo, a la sección D del Tribunal Penal de Goicoechea, que la integran Rosaura García Aguilar, Franz Paniagua Mejía y Edwin Salinas Durán.
La jueza García se encuentra con un permiso en la Escuela Judicial desde hace más de dos años, por lo que la sustituyó Hugo Porter, quien se inhibió d e ver el caso.
Lo hizo porque, como juez penal, ordenó varios allanamientos relacionados con dicha causa.
Edwin Salinas se excusó porque resolvió medidas cautelares de los imputados y tramita una querella de la firma CIT-Alcatel.
Franz Panigua, por su parte, también debe inhibirse, pues integró el tribunal que condenó a Eliseo Vargas hace dos semanas.
Rol de trabajo. Ante el impedimento de la sección D, el caso ICE-Alcatel se le asignará a los jueces de la sección A, que la integran Alejandro López, Teresita Rodríguez y Doris Arias Madrigal.
Sin embargo, esta sección también está inhabilitada.
López y Rodríguez integraron el tribunal que falló contra Eliseo Vargas, y conocieron en ese juicio aspectos probatorios relacionados con la causa ICE-Alcatel.
Doris Arias, por su parte, también se inhibió para ver el tema, pues ya resolvió medidas cautelares de algunos imputados.
El caso, entonces, debería pasar a la sección C, en la que una jueza –Gabriela Jara– ya planteó su inhibición, y otra, Ileana Méndez, valora excusarse también.
Méndez pidió tiempo para analizar el tema, pues su esposo es abogado y podría integrarse a la defensa de Miguel Ángel Rodríguez.
Entretanto, Jara fue quien cambió al expresidente la medida de arresto domiciliario por la de prisión preventiva, en el 2004.
Otro juez, José Lorenzo Salas, de la sección B del tribunal, se tuvo que inhibir porque en el 2007 sentenció al exdirectivo del ICE, Hernán Bravo, por el mismo caso.
Caso complejo. El tribunal que enjuiciará al expresidente y a los otros imputados estará integrado por tres jueces titulares y uno suplente, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Por ahora, de los diez jueces titulares del Tribunal Penal de Goicoechea, solo tres están habilitados para este juicio: Jorge Camacho, Rosaura García e Ileana Méndez.
Este caso no puede ser juzgado por jueces externos o nombrados para tal efecto, según lo establece el principio de juez natural contemplado en el Código Procesal Penal.
Si no hay suficientes jueces titulares para integrar el tribunal, se acudirá a los suplentes.
Si estos también se abstienen, entonces los jueces titulares que se han inhibido podrían ser habilitados, informó Fabián Barrantes.
Ahora le corresponde a un tribunal especial valorar si las excusas de sus colegas se hallan dentro de lo previsto en los artículos 55 y 56 del Código Procesal Penal y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regulan las razones para que un juez se excuse de conocer un caso.
Dicha instancia tiene un plazo de dos semanas para resolver.