Las cárceles y  los privados de libertad  surgen como  fuente de millonario negocio. La Procuraduría General de la República (PGR) advierte sobre posibles roces constitucionales.
 

Las cárceles privadas no podrán administrar las cuestiones de la pena ni la ubicación de los presos, porque esa es función exclusiva del Estado,  advirtió  la Procuraduría General de la República al Ministerio  de Justicia,  en relación con la propuesta oficial de trasladar a empresas privadas el manejo de presos y la construcción de presidios.

Se trata, en esta primera etapa, de la construcción de la cárcel de Pococí de Limón, con capacidad para albergar a 1200 presos y cuya construcción correrá por la firma estadounidense Menagement Trainning Corporation (MTC).

En el  oficio D.J. 990472 la PGR insiste en que, si bien el Estado costarricense puede dar en concesión la construcción de obras destinadas a presidios, la administración de la pena, la ubicación de los privados de libertad y la existencia de la policía penitenciaria son resortes exclusivos del Estado.

Asimismo, advierte que el hecho  de que la administración de un centro penitenciario esté en manos privadas, no da pie a que este se constituya en una «isla», donde los preceptos constitucionales, internacionales y de la legislación común referidos al tratamiento o atención técnica de las personas privadas de libertad sean hechos a un lado, en claro detrimento de la calidad de vida de la población penal en dicho centro o de aquellos ubicados en otros lugares, «causando odiosas desigualdades».


 

NEGOCIO FLORECERÁ



Según la Ministra de Justicia, Mónica Nágel, la construcción del nuevo presidio costará ¢ 20.520.000.000 millones ($60 millones). Se  justifica, dijo,  porque las penas máximas pasaron de 25 a 50 años de prisión y existen aproximadamente 350 sentenciados con sanciones que van desde 25 a 50 años de cárcel.

Durante 2001, los diputados aprobaron  elevaciones  en las penas  para una variada  serie de conductas que, según los expertos penitenciarios,  garantizan  a corto plazo el atiborramiento de las cárceles.

Nágel sostuvo además que la permanencia de los privados de libertad en los centros penitenciarios subió su promedio de estadía de siete a 12 años. Asimismo, aumentó la presencia de delincuentes provenientes de bandas organizadas con vínculos internacionales (narcotráfico, por ejemplo).

Esto va aparejado con una disminución de la infraestructura carcelaria en los últimos 15 años, debido a la clausura de algunas prisiones importantes.

La adjudicación a la firma MTC pareciera que cierra un innegable círculo de injerencia estadounidense  en toda la materia  de «prevención del delito», a la luz de «la nueva perspectiva del derecho penal en Costa Rica». Perspectiva que puede conducir a una  «oficialización» del delito de autor, como aquel que juzga a priori a personas por su apariencia física.

Como  un primer paso dado en este campo  figura el interés manifiesto de los estadounidenses para que el gobierno costarricense suscribiera  un tratado de «patrullaje conjunto», que implicó  compartir la  soberanía de los mares patrimoniales, la instalación de modernos radares en territorio nacional y la «donación» de barcos y aviones para la «vigilancia» del trasiego de droga. Asimismo,  una empresa con sede en EE.UU. controla el más importante aeropuerto internacional: el Juan Santamaría.

La Asamblea Legislativa luego  acogió una reforma constitucional para permitir las intervenciones de las comunicaciones privadas, con el fin de «combatir» el negocio de las drogas. Luego consideró insuficiente la medida y el año pasado amplió la potestad  a otras esferas de la vida privada.

En este sentido, la Asociación Costarricense de la Defensa Pública (ACDP) apoyó el poder punitivo del Estado – establecido por norma constitucional – y critica que una empresa privada quiera lucrar «con la libertad de las personas». (Ver nota aparte)



REOS Y  PESOS



La «focalización» de los delitos entre más de 200.000 presos marginados  de los beneficios socioeconómicos de la centenaria democracia, según cifras contenidas en el último informe del Estado de la Nación, promete desde ahora  un tentador mercado para  las  empresas «administradoras» de cárceles.  Esto se suma a legislaciones producidas por el Estado en los últimos años – ley de violencia doméstica, castigos a menores, contravenciones elevadas a delito, etc.- que inevitablemente tienden a incrementar el número de delincuentes.

Los datos oficiales del Departamento de Investigación y Estadística de la Dirección de Adaptación Social señalan que  desde 1995 se dispararon los índices de personas presas. En ese año, había en el país una población total de  3.301.210, de la cual habían 3.302 personas  encerradas. En 2000, la población era de 3.938.543 y había   10.341 reos. En 1995, había 100 reclusos por cada 100.000 habitantes, contra 263, el año pasado.

*Si el año pasado la población presa del país era de 10.341, esto significa que en los próximos años – en el caso de que se mantuviera la tasa de 262 presos por cada 100 mil habitantes- los administradores de presidios tendrían que instalar por lo menos 8 cárceles grandes, con capacidad de albergar 1200 reclusos, a un costo superior a los ¢164.160.000.000 millones ($480 millones).

Estos costos  tal vez bajen si prospera una apelación de la empresa Correctionnal Corporation of Latin America (CCL) planteada  ante la Contraloría General de la República. Según anunció Javier Sandoval, director consultor de la compañía en mención, no comprenden  cómo su representada fue marginada de la licitación,  si ofrecieron la construcción de la  cárcel  de Pococí a un costo de  ¢151.200.000.000 millones ($35 millones).

Según Sandoval,  a ellos les variaron las condiciones iniciales del cartel de licitación; en tanto la ministra Nágel dijo al telenoticiario del Canal 7, la noche del pasado 9 de enero, que CCL no cumplía en 23 puntos con el cartel licitatorio.



«Es potestad del Estado»



Para representantes de la ACDP «sí hay una privatización  en la ejecución de la pena»,  en el nuevo modelo penitenciario adoptado por el Estado en la futura cárcel de Pococí.

Roberto Madrigal Zamora y Federico Campos Calderón, dirigentes de la ACDP, dijeron a este Semanario que aunque la ministra diga que el Estado no renunciará al poder punitivo, el operador de la cárcel será quien evaluará todo lo relacionado a la posible liberación del privado de libertad. El Instituto Nacional de Criminología estará fuera de la administración carcelaria y los informes del operador prácticamente se  supeditarán  a los jueces de la materia.

Coincidieron con el dictamen de la PGR, en el sentido de que el Estado tiene total imposibilidad a renunciar a la imposición de la pena, por tratarse de un servicio público indelegable, por más onerosa que resulte la actividad.

Los especialistas en materia penal  consideran que el Estado es el principal responsable de la saturación, al imponer  normas durísimas sin considerar el sistema penitenciario como un todo.

Ambos estimaron, además, que no es cierto que el Estado tendrá un ahorro de ¢40 millones. Si bien el Estado se «economizará» esa cifra en la construcción, el terreno tuvo que darlo el Estado y este  tendrá que seguir pagando al «administrador» por los servicios de atención brindados a los reos.

Son del criterio de que al haber una  violación constitucional, la Defensoría de los Habitantes debería intervenir, dados los peligros a corto plazo si dejan en manos privadas todo lo relativo a las penas. Asimismo, llamaron al Colegio de Abogados a preocuparse por el tema y a las distintas cátedras universitarias para que analicen esto desde la óptica del derecho.

«Muy poca gente ha tenido acceso a este plan», señalaron los entrevistados al consultarles por qué los jueces y las instancias respectivas no se habían pronunciado al respecto.