Las diputadas y diputados que integren la próxima Asamblea Legislativa, tendrán que decidir si apoyan o no la privatización de los bancos estatales.

«Murió antes de nacer…pero solo temporalmente». Esta es la advertencia que hace Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sobre el proyecto que tenían los gerentes y los sindicatos de tres bancos públicos, de buscar una reforma constitucional para que estas entidades pasaran a regirse por el derecho privado y, entre otras cosas, vendieran el 49% de sus acciones en la Bolsa de Valores.

«Se trató de una movida política de los sectores que quieren privatizar la banca estatal, que ingenua o intencionalmente contó con el beneplácito de los sindicatos», dijo a UNIVERSIDAD.

Aunque el proyecto quedó momentáneamente descartado, Vargas advirtió que estas intenciones siguen en pie.


 

EN SIGILO



Costa Rica se enteró del hecho la semana pasada, cuando los gerentes de tres entidades públicas, William Hayden, del Banco Nacional, Mario Barrenechea, del Banco de Costa Rica, y Max Alvarado, del Banco Crédito Agrícola de Cartago, «revelaron -al diario La Nación- los detalles de este nuevo proyecto, en el que han trabajado silenciosamente desde octubre del 2001.» («Bancos del Estado pretenden grandes reformas», 12/1/02).

La idea no era nueva. Se intentó a comienzos de la actual administración, cuando en la Asamblea Legislativa se intentó aprobar una reforma constitucional para que las empresas públicas se rigieran por el derecho privado y, en consecuencia, pudieran realizar las mismas operaciones que las compañías particulares.

Pero esta reforma fracasó precisamente porque abría portillos para la privatización. Fue entonces cuando se fusionaron tres proyectos, presentados por los partidos Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, específicamente para privatizar los mercados de la electricidad y las telecomunicaciones, en lo que se conoció como el «combo» del ICE.

Como es sabido, el rechazo masivo a esta intención no solo evitó que el proyecto prosperara, sino que restó viabilidad a las propuestas que buscaban privatizar otras entidades públicas, entre ellas el Banco de Costa Rica.

Pero, la idea no fue enterrada. En la Asamblea Legislativa existen ya dos proyectos, uno presentado por el Banco Central, y otro por el Banco Nacional, que apuntan en esa dirección.

El primero, busca eliminar el respaldo del Estado para los depósitos de quienes confían su dinero a los bancos públicos, una medida reclamada por los dueños de la banca privada, quienes ven en ella un obstáculo para el crecimiento de sus propios bancos.

El segundo busca eliminar la sujeción de la banca pública a la Ley de Contratación Administrativa, en el entendido de que esta banca funcionará cada vez más para obtener ganancias en el mercado. Las tareas de apoyo al desarrollo nacional se las deja a un puntual banco de desarrollo, que se quedaría con la parte flaca del negocio: los créditos a la pequeña y mediana producción.

Sin embargo, tras la negociación del por ahora frustrado proyecto común de Hayden, Barrenechea y Alvarado, el primero afirmó que retiraría el suyo de la corriente legislativa.

Incluso, con miras a buscar estos cambios, los gerentes ya crearon una Asociación de Bancos Públicos, cuyo estreno oficial estaba programado para el 21 de enero, en el teatro Melico Salazar. No obstante, al hacerse público que se vendería el 49% de las acciones de los bancos estatales, las bases de sus sindicatos se desmarcaron rápidamente.



SON DE COSTA RICA



Aún así, el secretario general de ANEP considera que se trata únicamente de un «repliegue táctico», y advierte que la intención privatizadora sigue viva y coleando, «pues se trata de las entidades más rentables del sistema financiero. Mientras más se consoliden, más apetecidas son, y lo que se busca es, primero, neutralizarlas, y después tragárselas.»

Convencido de que la banca pública es patrimonio de toda la ciudadanía, Vargas fue más allá y criticó la actitud de los sindicatos. Sostuvo que «mientras oficialmente dicen ahora que solo avalaron que los bancos estatales se rigieran por el derecho privado, extraoficialmente también avalaron la venta del 49% de sus acciones.»

«Costa Rica debe estar alerta contra la privatización solapada, que podrá venir de varios flancos», advirtió.

Es que, en este caso, lo que se pretende reformar es la dimensión social que hasta el momento tiene la banca pública en Costa Rica. Y no es lo mismo gerenciar o formar parte del sindicato de un banco que trabaja por el lucro, que de uno que lo hace por el desarrollo del país. Sobre todo cuando existe la posibilidad de comprar el 49% de sus acciones.