Más controles y sanciones pidió la Contraloría General de la República en materia de experimentos con seres humanos.
 

La  Contraloría General (CGR) confirmó serías   anomalías en el  negocio de la experimentación de humanos en los hospitales públicos y reprendió a algunos de sus funcionarios por considerar que no han actuado diligentemente en materia de experimentos con humanos.

Un informe rendido el pasado 14 de diciembre ordena de inmediato a los jerarcas de la Caja CCSS realizar  una investigación a fondo sobre algunos altos funcionarios que la CGR considera actuaron con poca diligencia en el cumplimiento de  directrices que trataban de ordenar los experimentos con humanos en los hospitales del país.

Asimismo, ordena investigar  los motivos por los cuales la institución incumplió acuerdos establecidos  por la Junta Directiva desde el 2000 y que eran de acatamiento obligatorio por los jerarcas y en todos los hospitales públicos.

 
 


 

Se refiere al acuerdo de la  sesión 7456 del 3 de julio del 2000 sobre el uso de humanos para experimentos en hospitales  por parte de profesionales y compañías privadas.

La CGR encontró  que desde el 18 de julio del 2000  los médicos Fernando Ferraro Dobles, Gerente  de la División Médica de la Caja,  y León de Mezerville Cantillo, de CENDEISSS, respectivamente, conocían del acuerdo regulador de los experimentos en humanos.

No obstante, «se desprende de lo manifestado a esta Contraloría por esa Gerencia que la única acción realizada para dar cumplimiento a dichos acuerdos, se limitó a emitir una circular, la N° 15827 del 21 de setiembre del 2000, dos meses después del comunicado».
Este informe da un espaldarazo a la  larga lista  de reportajes publicados por  este Semanario desde la década de 1980, cuando el investigador Alfonso Trejos Willis denunció la prueba masiva en escolares de una vacuna por parte de un instituto privado ( ver «Los procedimientos no éticos del LSU-ICMRT» – edición 28 noviembre 1986).

En 1999,  el Semanario  dio cuenta de que la experimentación en humanos sigue presente adaptándose este «negocio científico»  a las nuevas circunstancias. Los reportajes confirmaban  además el riesgo en materia de salud pública que vive la población ante la falta de una ley.

De esta manera, niños, adultos, personas bajo tratamiento psiquiátrico, mujeres en estado de lactancia o ciudadanos saludables han servido para experimentos, según documentos oficiales en poder de este Semanario.

Los reportajes advertían  a la Caja y a la Contraloría las consecuencias de los experimentos en materia de los derechos humanos y en relación con leyes de acatamiento público, puesto que utilizan bienes públicos con fines privados.

En este sentido, en un intento por regular la actividad de los experimentos, a espaldas de la Asamblea Legislativa, la Administración de Miguel Angel Rodríguez publicó dos decretos sobre la materia. La iniciativa del Ejecutivo, lejos de hacer más rigurosa la experimentación en personas, abrió las puertas todavía más a este tipo de actividad, mezcla de ciencia y  comercio.

Fue dentro de este tema polémico que el año pasado la benemérita de la educación, la Universidad de Costa Rica (UCR), apoyó sin tapujos la experimentación en humanos.

En una circular emitida el 12 de noviembre a toda la «comunidad universitaria», la Vicerrectora de Investigación, Yamileth González, calificó de «amarillista» y carente de argumentos el debate sobre esta actividad con humanos emprendida por este medio. Sin embargo, Contraloría ahora constata la necesidad de una ley que regule la actividad experimentadora, así como el uso de bienes públicos para el negocio y pide «acciones disciplinarias» contra quienes incumplieron los acuerdos internos de la Caja.

ACTIVAR CONTROLES



Este órgano fiscalizador advierte  que  la participación del CENDEISSS en la investigación en humanos no es satisfactoria y  prácticamente se limita  a la búsqueda de información para capacitar a los Comités de Bioética de los centros asistenciales de la CCSS.

Lo anterior a  pesar de que en su plan de acción para el período 1998-2002 incluye entre sus acciones prioritarias el desarrollo de la Unidad de Bioética y de los comités locales en hospitales nacionales y regionales.

Además  de acuerdo con el «Reglamento para la Investigación en los Servicios Asistenciales de la CCSS», la institución  tenía la obligación de dar seguimiento a las investigaciones hasta su término por medio de la Unidad de Bioética de ese centro, indica la Contraloría.

Asimismo, detectó que por  falta de diligencia  está inactivo el Centro Institucional de Bioética, cuyo funcionamiento es vital para controlar las experimentación en humanos.

En este sentido, la CGR  ordena restablecer de inmediato las funciones de la Unidad de Bioética e Investigación del CENDEISSS, acorde con las disposiciones  de la Junta Directiva de la Caja, así como velar por su debido cumplimiento. Además, suministrar a esa Unidad los recursos necesarios para el correspondiente funcionamiento.

Manda a las autoridades de la Caja acatar las directrices de la Dirección Jurídica y  establecer los mecanismos necesarios para que el Reglamento para la Investigación Clínica en los Servicios Asistenciales de la CCSS sea aplicado en todos sus extremos.

En caso de incumplimiento ordena a la Junta Directiva aplicar oportunamente las sanciones que correspondan.

Como se recuerda, la Ley General de la Administración Pública contiene  una serie de disposiciones para los casos de incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios públicos, al margen de lo dispuesto  por el Código Penal.

En virtud  de que el control de las investigaciones en seres humanos es de gran trascendencia para la salud pública, resalta la CGR,  es fundamental que la Junta Directiva de la CCSS esté vigilante respecto de la debida aplicación del actual Reglamento.

«Como parte de la aplicación de ese Reglamento es fundamental que, en un plazo de un mes, se conforme y ponga en operación el Consejo Institucional de Bioética e Investigación (COIBI) y el Consejo Ético-Científico (CEC), este último con la conformación de los tres comités que lo deben integrar», plantea. .



VA LA LEY



También deben realizarse de inmediato, dice la CGR,  las gestiones necesarias para aligerar la elaboración del anteproyecto de ley de investigación en salud y efectuar, lo antes posible, los trámites correspondientes para su presentación ante la Asamblea Legislativa.

Con tal propósito, esa Junta Directiva debe definirle a la Comisión redactora de ese anteproyecto un plazo para su entrega y establecer un control sobre el grado de avance.

En cuanto a las investigaciones en seres humanos, añade que  resulta fundamental destacar lo apremiante del establecimiento de regulaciones con rango de ley por cuanto, tal como lo indica la Fiscalía General de la República del Ministerio Público, «… nuestro ordenamiento jurídico no dispone de sanciones para las personas infractoras con lo que la normativa existente se vuelve ineficaz e insuficiente para el control jurisdiccional de tal actividad»1.

Ordena a la Caja adoptar  acciones necesarias para que el Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC) suministre la información requerida, con el fin de analizar y verificar el cumplimiento de acuerdos ente esa sociedad anónima y el Seguro Social.

En este sentido, el pediatra Adriano Arguedas, jefe de investigaciones del ICIC, informó recientemente ( La Nación 21/01/02) del gran avance en materia de infecciones en los oídos de los niños, gracias a un medicamento probado en el país.

La CGR plantea  que se consideren las opiniones legales  de la Dirección Jurídica de la Caja  en las aprobaciones de proyectos de investigación clínica o en las suscripción de convenios relacionados con esas investigaciones, en los  casos de estar en presencia de investigaciones clínicas de interés meramente privado.

Además respalda la seriedad y veracidad de dos informes anteriores  de la Auditoría Interna de la Caja , el AHC-104-A-2001 y el AHC-113-R-2001 del 13 y 28 de junio de 2001.

Sobre  estos dos informes este Semanario informó ampliamente el año anterior, dadas las graves anomalías que esa dependencia de la Caja encontró en los hospitales públicos en relación con los experimentos.