Un sobrepecio de ¢9.500 millones por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en favor de empresas hidroeléctricas  privadas,  la complacencia de autoridades estatales, directivos del ICE y el posible tráfico de influencias  de un expresidente de la República, son denunciadas por el diputado José Merino del Río en su informe sobre este tema.

A escasas tres semanas de vencer el plazo para que la Comisión Especial Mixta Legislativa  que investiga a las empresas eléctricas privadas, los diputados de esa comisión preparan sus informes finales tras detectar anomalías en el pago a los empresarios privados.

La comisión fue instalada el 31 de julio del año pasado para indagar los contratos de compra de energía, suscritos por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con los  generadores privados.

La instancia fue integrada por los diputados Luis Fishman, Carlos Salas, José Merino, Guillermo Constenla y Juven Cambronero y deberá rendir su informe final en las próximas semanas tras escuchar las declaraciones de 39 personas y analizar diversos documentos.

La comisión tiene plazo hasta el 30 de abril para presentar el informe final. Sin embargo, el presidente de ella, el diputado Guillermo Constenla dijo a Universidad que espera que el o los dictámenes estén listos en las próximas semanas.

«Lo que está atrasando el informe del partido Liberación Nacional sobre el tema es una aclaración por parte del ICE sobre el monto real que se ha pagado a los cogeneradores al cambiarse las tarifas», dijo William Corrales, asesor de Constela.

No descartó la posibilidad de que los socialdemócratas incorporen en el informe sanciones a exdirectivos del ICE y a Leonel Fonseca Regulador General.

Por su parte, en las tiendas socialcristinas, la posición en torno a los cogeneradores eléctricos podría estar listo a finales de marzo, según dijeron a Universidad el grupo de asesores que colabora con los legisladores del PUSC.

Mientras los diputados de los Partidos Unidad Socialcristiana y Liberación Nacional preparan sus informes, el legislador José Merino divulgó el suyo, en el cual pide una censura para el expresidente de la República, José Figueres Olsen, al exministro de Ambiente y Energía Orlando Bravo, a exfuncionarios del ICE y solicita la destitución del Regulador General de los Servicios Públicos, Leonel Fonseca.

Según el diputado, ¢9.500 millones de más ha pagado el ICE entre 1993 y el 2000 a empresas cogeneradoras eléctricas, según informes del propio instituto, líderes sindicales y la Contraloría General de la República.

Así lo indica Merino en el documento que presentó el pasado 25 de febrero ante la Comisión que estudia el pago del ICE a estas compañías.

Aunque el ICE pagó ¢53.832 millones a 29 empresas de generación privada de electricidad, se registró un sobreprecio que representa el 17,5% de la erogación total según el diputado.

Para Merino, se comprobó que con la creación de la «tarifa piso variable» , se incluyó en los contratos un mecanismo fuera de las regulaciones de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP),  lo que produjo un sobreprecio de ¢9.013 millones.

Como si fuera poco, al modificarse la fórmula de ajuste en la tarifa, según las necesidades financieras de las empresas, éstas se vieron favorecidas con ¢162.9 millones más.

Ambos ajustes fueron objetados por la Contraloría General de la República y por la Procuraduría General de la República.

Sin embargo «no se ha logrado cuantificar cuáles serían los sobreprecios por irregularidades como el error en el cálculo del costo evitado entre 1990 y 1995, los aumentos autorizados por ARESEP que fueron superiores a los pedidos por el ICE o el privilegio que tiene el consorcio CONELECTRICAS que vende electricidad cara y luego se la compra al ICE a un precio de casi el 50% más bajo», agregó el diputado.

Para Merino, el pago a estas compañías implicó un aumento del 20% en las tarifas que los usuarios pagan en el 2002 y significaría un aumento de hasta el 15% en las tarifas hasta el 2005.



COMPARECENCIAS



Según José Merino, las comparecencias de varias personas a la Comisión Especial determinan los abusos cometidos por las autoridades en favor de las empresas privadas de cogeneración.

El primer golpe que le dieron al ICE  fue la eliminación de la «cláusula nocturna» que le permitía al ICE decidir si le compraba la energía a los productores privados, durante la noche, entre agosto y noviembre de cada año.

Esta cláusula fue derogada por la Junta Directiva del Servicio Nacional de Electricidad (SNE), cuyo presidente era Leonel Fonseca.

Para la Contraloría General de la República, «esta situación provocó que este Instituto, durante la madrugada de los meses lluviosos de 1996 (junio a noviembre), vertiera agua sin turbinar, proveniente de los embalses que alimenta sus plantas conocidas como «a filo de agua», y comprar energía a los generadores privados, a pesar de tener en sus propias plantas una disponibilidad de energía que superaba las necesidades del país».

A partir de 1993 el ICE firmó contratos con las empresas privadas incluyendo la tarifa de piso  que permitió el pago a las cogeneradoras con una tendencia pronunciada al alza desde 1994, a pesar de criterios técnicos que alertaron sobre «el incremento escalonado y desproporcionado que tendrían los precios de esos contratos», indicó Merino.

El Frente Interno de Trabajadores del ICE sostiene que la existencia de esta segunda tarifa condujo a un sobreprecio pagado entre los años 1997 al 2001, que ascendería a ¢17 mil millones.

Según los datos del ICE a 17 empresas con tarifa anual se les ha pagado entre 1989 y el año 2.000 un total de ¢6.326 mil millones, mientras a las 14 empresas con tarifa fija se les había cancelado, en similar período, un total de ¢47.506 mil millones, para un total de ¢53.832 mil millones.



TARIFAS FAVORABLES



La creación de la «tarifa piso» fue objetada por la Contraloría General de la República, que considera ilegales quince (15) contratos que la contienen, suscritos por el ICE y ratificados por SNE/ARESEP.

Posteriormente, una modificación a la fórmula de ajuste intranual de la tarifa de pago a los cogeneradores privados, brindó ventajas a únicamente 5 de las empresas.

Este cambio se introdujo en 1994 al firmar los contratos de las empresas P.H. Volcán y P.H. Don Pedro, ligadas al entonces presidente de la República José María Figueres, y consistió en una modificación en los componentes de la fórmula que hasta ese momento valoraba los componentes externo e interno de la inversión, en una proporción de 46/54, con base en la estructura financiera del ICE (como establece la Ley) hacia una proporción de 85/15.

Según la solicitud del ICE y la documentación de ARESEP, esta variación ocurrió «a solicitud de los generadores privados y con el propósito de favorecerlos en cuanto al financiamiento de sus proyectos».

Otras empresas beneficiadas con esta fórmula son propiedad de Plantas Eólicas S.R.L., Losko, S.A. y Molinos de Viento Arenal S.A. De acuerdo con los datos del ICE, el posible sobreprecio pagado durante el período 1996-2000, por este concepto, alcanzaría la suma de ¢271.25 millones. Además los cinco proyectos beneficiados con la fórmula 85/15, son los que tienen los precios promedios reales más altos pagados por el ICE.

Como si fuera poco, el Consejo Directivo del ICE no solo modificó la fórmula de ajuste intranual, sino que acordó también: «Que aquellos contratos que se hayan firmado o que en adelante se firmen con las tarifas variable anual o piso ajustable, se puedan ajustar de acuerdo a estas fórmulas»

El Consejo Directivo del ICE con estas medidas benefició de manera importante y directa, a los proyectos Río Volcán y Don Pedro.

La generalización de la fórmula de ajuste fue también aceptada por el SNE. Por su parte ARESEP autorizó el pago de tarifas superiores a las solicitadas por el ICE.

Entre 1991 y 2001 (con excepción de los años 1991 y 1993) la tarifa que propone el ICE es inferior a la que finalmente estableció el SNE y la ARESEP. En dicho período se aprobaron tarifas a los generadores privados superiores en un 10.1% a las solicitadas por el ICE.

En 1995 se descubrió que existía un error en los cálculos que se había mantenido desde 1990. En consecuencia las tarifas pedidas por el ICE en ese período estaban sobrevaluadas.

El SNE fue enterado en 1996 cuando la institución hizo la propuesta tarifaria correspondiente a 1996, y planteó una tarifa variable más baja que la fija.

Manifestó que el costo evitado estaba alrededor de $0.06/KWh y que al hacer la corrección, éste debía establecerse en poco menos de $0.05/KWh, lo que significaba una reducción promedio de un 20 %.

La ARESEP sin embargo no aceptó la propuesta del ICE y mantuvo el valor del costo evitado, dejando de lado los criterios técnicos para argumentar que legalmente en los contratos se habían incluido las tarifas y que éstas no podían modificarse de manera unilateral, aún cuando existía un fallo de la Procuraduría General de la República que sentenciaba que las tarifas no son objeto de contrato.



NEGOCIO



Los representantes de las cooperativas COOPESANTOS R.L., COOPEGUANACASTE R.L. y COOPEGUALFARO RUIZ R.L. durante su comparencia ante la Comisión Investigadora manifestaron que le compran energía al ICE por $0.055/KWh en promedio, pero que por otro lado mediante CONELECTRICAS, que es un Consorcio de estas tres cooperativas más COOPELESCA R.L., le venden la energía al ICE a un precio promedio de $0.06/KWh (en la actualidad a $0.07/KWh).

Las tres cooperativas no producen energía, sino que se la compran al ICE, para distribuirla a los usuarios en la zona de Los Santos, Alfaro Ruiz y cantones de Guanacaste. Por su parte COOPELESCA R.L. cuenta con una planta hidroeléctrica. la Chocozuela I, que produce 8 megavatios, pero no vende energía al ICE porque la distribuye a usuarios en la Zona Norte.

Según el ICE durante 2000 la institución compró energía a CONELECTRICAS a un precio de ¢21.89/KWh y por otro lado le vendió a las Cooperativas la electricidad a un precio 50% más bajo (¢10.89/KWh).

Para 2001 el precio de compra fue de ¢27.47 y el de venta de ¢16.61. En el período que va de 1997 al 2000 la Planta San Lorenzo, de la empresa CONELECTRICAS, vendió al ICE energía por ¢5.548.2 millones.



LEYES INNECESARIAS



Según Merino, «varios comparecientes ante la Comisión Legislativa cuestionaron la necesidad de la cogeneración eléctrica privada y en consecuencia de la Ley 7200 y sus reformas».

Farid Beirute, Procurador General de la República a.i., consideró ante los diputados que «…la Ley No. 7200, plantea errores y actuaciones, no quiero calificar dolosas, pero si irregulares. En el tanto parten de una premisa de que hay que amarrar al ICE, sujetarlo un poco para permitir que otros privados vengan quizá a prestar el servicio que el ICE, si no tuviese esas limitaciones presupuestarias hubiese podido realizar por sí solo».

Incluso el Regulador General, Licenciado Leonel Fonseca, reconoció que en la promulgación de la Ley pesaron factores ideológicos, como la creencia de que el sector privado es más eficiente que el público, y por esa razón, en esa coyuntura: «…las trabas y restricciones impuestas al ICE, ya no le permitían desarrollar todos los proyectos como él quería o podía o lo hizo en el pasado», precisó el legislador.



SANCIONES MORALES



Para Merino debe llamarse la atención al expresidente José María Figueres  Olsen, por las gestiones realizadas para favorecer un cambio en la fórmula de ajuste tarifaria de los  proyectos P.H. Don Pedro y P.H. Volcán, según las  necesidades financieras de las empresas y no de acuerdo con la ley.

El legislador pide la sanción política  para  Hernán Bravo, exministro de Energía y Minas, Hernán Fournier y Teófilo de la Torre expresidentes ejecutivos del ICE y Leonel Fonseca, exdirector del Servicio Nacional de  Electricidad y actual Regulador General de la ARESEP.

Lo anterior por sus responsabilidades en hechos  irregulares como la aprobación y ratificación de contratos machote, la aprobación y ratificación de la segunda fórmula de ajuste, la negligencia y falta de acciones tendientes a corregir errores en la estimación del costo evitado ocurrido entre 1990 y 1995.

También deberían ser sancionados, según Merino, los 28 directivos del ICE que desempeñaron sus cargos entre 1990 y 1998.

En menor medida tiene responsabilidad el Consejo Directivo actual, en especial la lentitud con que se han tramitado las recomendaciones de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, agregó el diputado.

Demandó además al Consejo de Gobierno que proceda a la destitución de Leonel Fonseca, de la ARESEP y proceda al nombramiento de un nuevo regulador que aplique lo que señalan las leyes 7200, 7508, 7593 y sus reglamentos correspondientes.

Censuró a los productores privados y a la Asociación  de Productores de Energía (ACOPE) y a los financistas externos de esas empresas por no acceder a las negociaciones necesarias para procurar el beneficio de la sociedad en su conjunto y por «utilizan métodos de presión que podrían calificarse de chantaje y riñen con la soberanía nacional. «

Exigen moratoria
Por su parte, representantes de organizaciones sindicales y ambientales han exigido la moratoria de los contratos y el inicio de juicios de lesividad nacional contra las empresas privadas de producción de electricidad.

Así lo expresaron el pasado 1 de marzo, en nota enviada al diputado Guillermo Constenla, los dirigentes  Fabio Chaves Castro, del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT);  Isaac Rojas Ramírez de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y  Albino Vargas, de la Federación de Trabajadores de los Servicios Públicos.

Piden además la derogatoria de las leyes 7200 y 7508, ya que benefician a «un pequeño grupo de grandes empresarios, entre los que figuran importantes personalidades de la política bipartidista PLN-PUSC».

Consideran que por esas leyes, «el ICE está en la obligación de comprar toda la energía producida por los empresarios privados y como efecto de esta norma la institución ha llegado incluso a subutilizar su actual capacidad instalada, desperdiciando agua de sus propios embalses».

Para ellos, la energía producida por las 29 empresas de cogeneración eléctrica privada, es 60% más cara que la producida por el ICE.

«Las  29 empresas privadas de cogeneración privada producen el 12% de la electricidad del país a un costo de ¢412.266 millones, mientras el ICE, con 14 proyectos, produce más del 80% de la electricidad del país con un costo de ¢26.390 millones».

Para los trabajadores, «no debe permitirse que el destino de

nuestros ríos y de las aguas quede en manos de intereses  empresariales, con muy pocas limitaciones y controles públicos, tal como ha quedado demostrado en diversos conflictos establecidos en comunidades como Rivas de Pérez Zeledón, Sarapiquí, Jiménez de Guácimo, San Ramón, donde los vecinos se han opuesto a los proyectos privados de cogeneración».


Actuamos amparados en la ley

«Las acciones que las empresas de cogeneración privada han realizado están en pleno apego a la ley», dijo a UNIVERSIDAD, Carlos Alvarado, representante de Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), para quien la nulidad de los contratos de generación no es procedente.

«Hemos comparecido ante la comisión y hemos demostrado cómo los supuestos beneficios que hemos tenido en materia tarifaria han sido obtenidas a través de mecanismos legales que permiten a las empresas vender electricidad y generar algún margen de ganancia», agregó.

Las propuestas de aumento son presentadas por el ICE y aprobadas por ARESEP, «nunca fueron tarifas negociadas por el empresario y el ICE», señaló, Alvarado.

El vocero de ACOPE dijo desconocer el informe presentado por Merino, (al cierre de edición, lunes 11); sin embargo consideró que faltan aún los dictámenes de los demás diputados.

«Esperaremos a que estén listos los informes, para referirnos al tema con mayor precisión», agregó.

Para Alvarado, las leyes 7200 y 7508 fueron ampliamente discutidas en su momento, «eran leyes necesarias y el Estado quería que hubiese participación privada en la generación de energía. Sin embargo, deben revisarse y actualizarse».

Agregó que «la Contraloría General de la República se equivoca en sus cálculos y utiliza números fuera de contexto, pues los valores de las tarifas fueron negociados según las necesidades del país en un momento dado»

En el caso de aceptarse la propuesta de la Procuraduría General de iniciar los trámites para declarar la lesividad nacional contra los contratos de los cogeneradores eléctricos, «utilizaremos los mecanismos legales para evitar que se afecten los intereses de los empresarios».

Dijo que si esa propuesta prospera, se pondría en peligro la seguridad jurídica de empresarios que «vienen al país a invertir en el desarrollo del país».

Alvarado consideró que las comparencias ante la comisión confirmaron el importante aporte de las empresas privadas al desarrollo nacional», finalizó.