Los recientes entreveros entre jueces y magistrados reflejan la crisis del Poder Judicial, encubada desde hace un siglo.
El Poder Judicial hace aguas.
«Nunca he vendido queso con recursos judiciales», enfatizó el magistrado Jorge Rojas, luego de conocer una investigación que realizan sus colegas por supuestas negociaciones incompatibles con el cargo.
Rojas, Magistrado de la Sala Segunda, si bien reconoció públicamente que tiene unas vacas en su finca en El Roble de Heredia, desmintió que haya utilizado recursos judiciales para llevar adelante el negocio del queso.
A juzgar por sus declaraciones a la prensa, ese ganado no es productivo, pues solo da «alrededor de tres pelotas de queso» por semana.
El reconocimiento del presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, en el sentido de que se investiga la denuncia contra Rojas, es sin embargo, la punta de un enorme iceberg que evidencia el fondo de un Poder Judicial cada vez más desprestigiado.
Los recientes entreveros entre el ex magistrado Ricardo Zeledón y otro de sus colegas, es otra triste evidencia de hasta dónde llega la crisis del sistema napoleónico de justicia. Zeledón ha negado que se haya interesado en forma extraordinaria de un caso en discusión en estrados judiciales, contrario a lo que dice su detractor.

Como si fuera poco, en las encuestas de opinión de los últimos años,  ese Poder está entre los primeros lugares de la crítica nacional. Como dijo a UNIVERSIDAD Leda Méndez Arias, ex jueza y ex defensora pública jubilada: «Las críticas llueven y siento que la gente trabaja con temores». En su criterio ese poder ya tocó fondo y cavó su sepultura desde hace rato .
En su opinión, el caso más patético es lo que pasa en la Inspección Judicial, llamada la «Inquisición» por la manera de abordar las diversas aristas que ocurren en ese ámbito.
El otro elemento que se debe considerar es el nombramiento de los profesionales a cargo de  estrados. A las áreas rurales, señaló Méndez Arias,  mandan a gente sin experiencia.

YODO  Y GARROTE

No hay sitio en el país – cercano o no a los tribunales de justicia-  en que los llamados megadespachos no reciban críticas, ni la lentitud de la justicia no resienta a profesionales del derecho y a la ciudadanía en general que espera hasta 10 años para que se resuelva su caso.
El periodista Roberto Cruz definió el contenido del precepto constitucional de justicia pronta y cumplida: «Llevo 18 años clamando porque se haga justicia en el caso de La Penca y no hay luz todavía. Ni es pronta ni es cumplida».
Se refirió a los hechos ocurridos en la localidad nicaragüense de La Penca donde hicieron estallar una bomba en 1984 ( administración del presidente Luis Alberto Monge) y murieron tres periodistas.
El acto terrorista fue atribuido a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y al gobierno estadounidense de entonces. «Esto ha imposibilitado hacer justicia en nuestros tribunales, por lo que tendré que acudir a las instancias internacionales», detalló Cruz.
Por su parte, el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, ha manifestado sus preocupaciones por los diversos procesos que abarrotan los juzgados civiles, penales, laborales.
Es decir, que la relación de los casos resueltos siempre está por debajo de los litigios en trámite, que hacen de Costa Rica un país de justicia pronta y cumplida solo en papel.
Y aunque diversas administraciones de la Corte han impulsado el mecanismo de  solución privada de conflictos,  esto lejos de hacer justicia,  perjudica a la relación más débil dentro del litigio.
Si es un trabajador, por ejemplo, quien llega a negociar privadamente un conflicto, se presenta una expectativa de derecho que puede reducirse a la mitad del valor real de los daños totales que un juez jurisdiccional podría otorgarle.
En este sentido, documentos oficiales en poder de este Semanario dan cuenta de que la «eficiencia» y la «mística», aunque se mantienen en estrados judiciales, no van a la velocidad del momento.
En ocasión del taller de la Inspección Judicial «Búsqueda de una mayor eficiencia institucional», la inspectora general, Ana E. Rodríguez, dijo: «Quiero que seamos agentes multiplicadores de un mensaje de eficiencia y mística».
UNIVERSIDAD intentó profundizar con Rodríguez  qué quiso decir con «eficiencia» y «mística», pero  en la Inspección Judicial dijeron que «estaba bajo investigación».
De los  documentos en poder de este Semanario se desprende que esta persona, con una experiencia de 23 años como jueza penal, civil, laboral, casi inmediatamente después de su llegada, exigía de la Inspección  justificar sus votos,  indagar cómo se fallaba y  si esto se hacía apegado al precepto de legalidad y respeto al debido proceso, al principio de inocencia e indubio pro reo.
Precisamente, en uno de estos documentos puede leerse la frase de un funcionario judicial en que dice que la razón de ser de ellos es la «aplicación del garrote» y del yodo como medicamento para que «no se infecte el rabo cuando se le corta a alguien».
Rodríguez declinó cualquier comentario debido a que la instrucción del proceso contra ella está a cargo del magistrado Román Solís Zelaya. «Mi conciencia está tranquila y he tratado de dar todo al Poder Judicial, al que me debo», dijo.
Una persona allegada a Rodríguez, quien pidió guardar su identidad, dijo que corrió la misma suerte que otros funcionarios: » En el Poder Judicial hay una dinámica de conformismo y el que la rompe lo echan a la calle. Ella se le metió al tren».

INDEPENDENCIA

«Las condiciones para que se produjera la crisis tienen 100 años», dijo el investigador y profesor universitario, Walter Antillón, al considerar que la situación tocó fondo.
Aunque advirtió que la crisis es inexplicable en pocas líneas, señaló que no se había precipitado por el equilibrio que jugaron diversas fuerzas al interior de la sociedad.
«La justicia está mal desde hace años porque el sistema esta sometido a la Corte y al poder político». Este sistema de concentración de decisiones en un órgano, es denominado «napoleónico» y, a juicio de Antillón, fracasó en América Latina y Europa.
«Nuestros jueces en lo personal fueron independientes,  no así institucionalmente, donde estuvieron sometidos en lo político».
Para Antillón urge cambiar el sistema napoleónico y más bien crear un Consejo Superior independiente que esté sobre la Corte Suprema de Justicia.
El cambio de modelo implica que los legisladores ya no se metan en el nombramiento de magistrados y que este Consejo tenga una independencia real similar al de los poderes legislativo y ejecutivo.
Sin embargo, por los aires que corren en la Asamblea Legislativa en torno a este tema, no parece que haya decisión política para cambiar el modelo de impartir justicia.
Por el contrario, las gestiones oficiales van encaminadas a mantener la columna vertebral del sistema. Cambios que incluyan una mayor transparencia en la decisiones y la oralidad en los procesos civiles llevarán a aplacar las críticas sobre la lentitud de la justicia.
En este sentido, el 18 de enero pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asignó ¢ 7.898.000.000 ($ 22 millones al tipo de ¢359) para la modernización del sistema.
El presidente del BID, Enrique Iglesias, y el Viceministro de Hacienda, Roy González Rojas, destacaron este aporte destinado a hacer más eficiente y accesible la justicia en el país.
El BID calificó de «exitosa experiencia» de Costa Rica  el mejoramiento de la gestión de los despachos judiciales y los casos en los tribunales de justicia. A la vez los fondos servirán para  fortalecer la «capacidad gerencial» del Poder Judicial y los mecanismos de resolución privada de conflictos, concluyó.