Washington no sólo se niega a ratificar la Corte Penal Internacional; si no que, además, amenaza con vetar las misiones de la paz de las Naciones Unidas.
La negativa del gobierno del presidente George W. Bush a ratificar el tratado para la creación de una Corte Penal Internacional (CPI), ha creado una crisis diplomática sin precedentes entre Estados Unidos y sus tradicionales aliados de la Unión Europea (UE).
Washington se ha alineado con algunos de los países que señala como miembros del «eje del mal», Irak, Libia, Irán o Corea del Norte, en el rechazo a un tribunal internacional que se encargaría de juzgar los crímenes de guerra, contra la humanidad, el genocidio y las violaciones a los derechos humanos.
Para boicotear esta nueva herramienta del derecho internacional, la administración republicana ha anunciado que se propone vetar, en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las misiones de paz de los cascos azules, como por ejemplo la de Bosnia Herzegovina.
Esto ha causado descontento en los gobiernos europeos y de otras regiones que, mayoritariamente, ya han ratificado la CPI o se disponen a hacerlo.
La actitud de Estados Unidos, según fuentes diplomáticas de países de la UE citadas por el diario madrileño «El País», evidencia su papel de única superpotencia, que se niega a sujetarse a los instrumentos internacionales.
El anunciado veto estadounidense pone en riesgo la misión de paz en Bosnia y deja en entredicho futuras actividades de los cascos azules en zonas de conflicto.
 
La exigencia de Washington es que a sus soldados, que han participado en este tipo de misiones, se les otorgue inmunidad, para que no puedan ser procesados por el nuevo tribunal penal internacional.

ARROGANCIA Y PREPOTENCIA

En una exhibición de arrogancia y prepotencia, el gobierno de Estados Unidos parece dispuesto a hacer lo que sea posible para que la nueva Corte Penal Internacional nazca muerta.
Sin embargo, la ratificación por más de 70 países le ha dado luz verde al nuevo tribunal, el cual entró en vigencia el pasado primero de julio y se espera que funcione, de forma permanente, a partir del verano boreal del próximo año.
La totalidad de los países de Europa, la gran mayoría de los de América Latina y muchos de África y Asia han firmado el convenio, lo han ratificado o se disponen a hacerlo.
Solamente Estados Unidos, China, la India y la mayoría de los países árabes, así como Israel, se han manifestado en contra del nuevo organismo jurídico.  La ausencia de estos países, de gran peso específico en la geopolítica, deja a la Corte en una situación precaria.
No obstante, el gobierno de Bush parece ser el más férreo detractor del tratado de Roma, firmado en julio de 1998 y que sentó las bases para la creación de la CPI.
Los republicanos, incluso, han llevado al Congreso una serie de propuestas de Ley que dejarían a Estados Unidos eternamente al margen de la jurisdicción de la Corte.
La actitud de Bush contrasta con la del anterior mandatario, Bill Clinton, quien, a pesar de cuestionar algunos puntos del tratado, se decidió a firmarlo en uno de los últimos y más representativos actos de su estancia en la Casa Blanca.
Pero, ¿por qué Bush retiró esa firma y a qué le teme Estados Unidos?  En múltiples oportunidades, se ha especulado sobre la actuación de los militares estadounidenses en los distintos escenarios en donde han intervenido en los últimos años.
Veladas por la prensa internacional, estas denuncias parecieran confirmarse ante la necesidad del gobierno de Bush de «curarse en salud» para el futuro.
La Casa Blanca no quiere que ningún organismo internacional, por legítimo y aceptado universalmente que sea, tenga la potestad de llevar ante la justicia a los miembros de sus fuerzas armadas y servicios de inteligencia.
Hay otro factor, que según los analistas, es necesario considerar a la hora de juzgar la postura de EE.UU. y es que éste es un año electoral y los republicanos parecen estar comprometidos en satisfacer a sus electores más radicales.
El problema es que esta negativa ha causado recelos y descontento entre los países europeos que ven en la CPI una garantía para el futuro de los derechos humanos en el planeta.
Nunca como hasta ahora, las posiciones a uno y otro lado del Atlántico habían sido tan disímiles.  No sólo la CPI separa a la UE de Estados Unidos, algo similar sucede con el protocolo de Kyoto sobre el calentamiento global, la iniciativa de crear un escudo anti misiles para proteger territorio estadounidense de un eventual ataque nuclear y la subida, por parte del gobierno de Bush, a los aranceles en la importación de productos tan esenciales como al acero.
El discurso democrático, conciliador y a favor del libre comercio que ha esgrimido la Casa Blanca en los últimos años, contrasta con sus políticas reales, las cuales parecen favorecer el proteccionismo, la impunidad y la violación a los derechos humanos más fundamentales.
Bush se ha tomado muy en serio eso de que su país es la única superpotencia del globo y su gestión empieza a asumir un cariz imperial.

NO MÁS PINOCHET

Es paradójico que Estados Unidos haya sido uno de los países que aportaron más a la hora de crear tribunales penales ad hoc para juzgar a los criminales de guerra de la Alemania nazi, la antigua Yugoslavia o Ruanda.
Ahora, que sus militares podrían ser los encausados, su actitud es otra, como también lo fue durante el período en el que el dictador chileno Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres, gracias a una orden de captura emitida por un juez español.
Los intereses económicos, estratégicos y políticos de la Casa Blanca priman sobre su compromiso con la justicia internacional.
Dejando de lado el boicot estadounidense, la creación de la CPI es todo un hito que, en el futuro, impedirá que asesinos de la talla de Pinochet o Videla permanezcan impunes.
El tribunal no pueda actuar de forma retroactiva, así que los déspotas del pasado aún podrán librarse de la justicia; no obstante, los especialistas esperan que se convierta en un elemento disuasorio para que otros no comentan la misma barbarie.
El ente jurídico no cuestiona la jurisdicción o la soberanía de los estados y le deja a éstos la posibilidad de juzgar a los criminales; sin embargo, cuando los gobiernos permiten la impunidad, entonces el tribunal puede emitir órdenes internacionales de captura y, posteriormente, puede procesar a los acusados según las normas del derecho internacional vigente.
Muchas organizaciones no gubernamentales, de las cuales también hay algunas estadounidenses, han pugnado desde hace años por la creación de esta instancia.
Por lo tanto, su nacimiento, el primero de julio, es todo un triunfo para aquellos que creen en un mundo mejor y más justo, de donde el genocidio, la tortura, el abuso de poder y la guerra puedan ser desterrados de una vez y para siempre.