La construcción de la nueva  cárcel de Pococí de Limón pone en la encrucijada al presidente Abel Pacheco.
El negocio con la libertad personal bien vale un pulso con el gobierno.
Si el Presidente de la República Abel Pacheco acepta tal y como está el proyecto del nuevo presidio en Pococí, su campaña de austeridad fallará; a la vez, si rechaza el negocio privado de ese centro, se indispondrá a sus más cercanos colaboradores. Por el momento la buena imagen hacia los inversionistas vale ¢ 26.640 millones, pero el gobierno pide una rebaja.
El titular de Justicia, José Miguel Villalobos, dejó puesto los cascabeles al gato con el  futuro centro de reclusión en Pococí, al indicar que tan costosa obra era innecesaria en un país donde el 84% de la población carcelaria cuenta con sentencia, el 16% es indiciado, todo sin hacinamiento (ver entrevista publicada en la edición anterior).
¿Entonces, por qué surge en Costa Rica el negocio de la privatización de los presidios? El ministro Villalobos no lo sabe. Tampoco su colega del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Javier Chaves, quien tiene relación directa con el Consejo Nacional de Concesiones y ha defendido la construcción de una moderna cárcel en Pococí.
Públicamente alegó que dejar de construir esta obra daría una «pésima» imagen de Costa Rica para los inversionistas del exterior.
 
El funcionario se refirió así a los diversos cuestionamientos hechos por los altos costos que tendrá el presidio de carácter privado y que según sus defensores albergará 1.200 espacios,  de ellos 400 de máxima seguridad.
En la entrevista con UNIVERSIDAD, el Ministro Villalobos abogó por un  abaratamiento del inmueble y explicó que los promotores solicitan que primero el Estado firme el contrato y luego negocien la reducción de los costos.
Añadió que no se justificaba el levantamiento de esa cárcel en la zona atlántica y que tuvo un mal diseño ideológico, porque apelar a la ley de concesiones en este caso resultaba un sinsentido.
«Para su justificación, se utilizaron en forma inadecuada las estadísticas. Se pensaba en 1.200 espacios y de ellos 400 serían de máxima seguridad. Ni en Irlanda Norte en la época más dura del IRA hubo jamás 400 celdas de máxima seguridad», expresó.
Dijo desconocer si el manejo de estas estadísticas tuvieron como fin embaucar a alguien o hacer el negocio. Lo cierto del  caso es que el país no requiere esa cantidad de celdas de máxima seguridad y a lo sumo se requieren 100, según Villalobos.
El proyecto de Pococí costará a todos *los costarricenses ¢ 26.640 millones (al tipo de cambio de ¢370 por dólar)  -$ 72 millones- y el costo por cada preso es de ¢10.730 en lugar los ¢4.440 que vale ahora.
Incluyendo la administración, el costo real por año del nuevo presidio será  de ¢ 8.100 millones . Villalobos recordó que en Chile, donde estuvo en apogeo la política de privatización, construyeron tres cárceles para cinco mil personas en $ 140 millones en 10 años.
Según el Ministro, el Consejo Nacional de Concesiones tuvo en  cuenta una  supuesta alza en los índices delincuenciales en los  próximos años para adjudicar la obra. «La licitación está en firme y desconocerla sería exponernos a una demanda por indeminización», replicó Villalobos al consultarle si habían investigado en el Consejo de Concesiones el tráfico de influencias, o dobles planillas, etc.

LA APARIENCIA  CUENTA

Chaves dejó entrever que retroceder en la adjudicación no solo sería costoso para el país, sino una pésima señal para los socios comerciales del país. Por eso coincidió  con Villalobos en hacer una renegociación que disminuya los elevados costos de la cárcel.
En la imagen que tengan los «amigos» de Costa Rica no importa cuánto cueste a los costarricenses. Esto se acaba de invocar en el caso de los cogeneradores privados de electricidad.
En este asunto una empresa estadounidense puso a correr a los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tras congelarle un aval a la institución estatal  y negarse a recibir garantía de una firma interesada en ofertar 600.000 líneas para teléfonos celulares.
El ICE se había declarado incompetente para iniciar  los juicios de lesividad a empresas cogeneradoras privadas de electricidad por sus excesivos cobros en los servicios.
En este sentido cabe recordar que en ocasión de la lucha contra la privatización del ICE en abril y marzo de 2000, salieron a relucir los nombres de importantes representantes de la clase política y empresarial mezclados en el negocio de los cogeneradores privados de electricidad. Aún no han acusado a nadie por especular.
En el caso de la construcción de la cárcel de Pococí, Villalobos y Chaves expresaron criterios similares al exteriorizado por  el presidente Abel Pacheco durante una entrevista concedida a este Semanario (ver edición 1498). Durante el encuentro Pacheco resaltó su política de austeridad, su lucha a favor de la moralidad  y aceptó que, en efecto,  el futuro presidio en la zona atlántica resultaba demasiado oneroso.
Pacheco habló de buscar posiciones que abarataran la obra, cuyos alcances estudiaba la Contraloría General de la República;  a la vez su exagerado costo despertaba protestas populares, resquemores y contradicciones.
Para el Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),Edgar Morales, el costo de la cárcel  en tiempos de austeridad gubernamental no tiene parangón en la historia de este país.
«Sería  un acto irresponsable si se firma el proyecto de la cárcel tal como está. No se justifica que mientras a los costarricenses se les obliga a socarse la faja, unos pocos  hayan ideado un negocio multimillonario y un presidio cinco estrellas que pagaremos todos», enfatizó.
Se refirió a los $ 72 millones  que costará ese centro y a los  ¢ 2.220 millones ($ 6 millones)  que costaría si el Estado lo construyera.
Morales anunció que la ANEP llamará a sus agremiados a protestar contra tan  jugoso negocio privado y recordó que de aprobarse habrá un 50% de población penitenciaria en hotel de cinco estrellas en Pococí, en tanto el restante 50% quedaría al margen de él.
Asimismo dijo que la Defensoría de los Habitantes estudia la posibilidad de recurrir a la Sala Constitucional ante tan abusivo negocio que perjudica a toda la población.
«Por mes nos costará a todos más de ¢ 8.000 millones, una cifra parecida a la que quieren recortarle en su presupuesto al Poder Judicial», planteó Morales.
Consultado sobre el Consejo Nacional de Concesiones, abogó porque el presidente Pacheco entre a fondo en esa instancia debido a que en él han sucedido cosas que los costarricenses están  ansiosos de conocer en toda su dimensión.
El Presidente debe explicar, por ejemplo, por qué en ese Consejo hay una planilla paralela en la que existen funcionarios que devengan ingresos en dólares. Hay una persona que devenga un salario de $ 8.000; y otra que estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, hoy tiene en ese Consejo un ingreso por $ 2000 mensuales desde agosto pasado, afirmó Morales.
Por el momento, sin que se conozca aún si la Contraloría General «salvará» al Presidente Pacheco con uno de sus dictámenes históricos, el cuidado por  la imagen va ganando. Vale, por ahora, $ 72 millones.