El debate sobre los subsidios agrícolas de Estados Unidos concentraron las críticas oficiales a la negociación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
«La marginación de los partidos hace que las negociaciones del ALCA sean conducidas por burócratas», afirmó el exmandatario Rodrigo Carazo, en Quito, Ecuador.
Los subsidios a los productos agrícolas en Estados Unidos son un duro escollo para la integración del Area de Libre comercio de las Américas (ALCA), el ambicioso proyecto lanzado en 1994, en Miami, por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton.

El peso de esas ayudas representa una amenaza de destrucción de amplios sectores de la agricultura latinoamericana, como ya ocurre en la de México, después de ocho años de vigencia del tratado de libre comercio de América del Norte. El problema para Estados Unidos, en esta materia, es que sus subsidios están orientados a proteger a sus agricultores de la competencia con los de Europa y Japón y, por lo tanto, no van a ser negociados con los países latinoamericanos, sino en el marco de las negociaciones más amplias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como lo han señalado reiteradamente las autoridades comerciales estadounidenses. Habrá entonces que encontrar una solución a este problema en las actuales negociaciones del ALCA.
 
REVISAR MODELO
 
Sin embargo, el tema agrícola no resume, ni mucho menos, el gran desafío que representa este proceso para los países latinoamericanos. En el marco de las grandes transformaciones políticas en el hemisferio, el debate sobre el ALCA no podría dejar de adquirir una nueva dimensión, orientada hacia una revisión del modelo mismo de desarrollo que el ALCA pretende profundizar. No se trata, desde luego, de reivindicar un regreso al proteccionismo del pasado, sino de un desafío mayor: consolidar unas economías nacionales que puedan participar con éxito del proceso de globalización. Eso incluye el fortalecimiento de los mercados nacionales, descuidados por el modelo de desarrollo orientado casi que exclusivamente a la promoción de exportaciones que se ha impuesto desde hace casi un cuarto de siglo en la región.
Pero, sobre todo, se trata de revisar un esquema financiero que ha llevado a nuestros países a una situación insostenible debido a la carga de una deuda imposible de enfrentar. No se trata solo del caso argentino, que ha causado escándalo por los niveles de intransigencia y arbitrariedad con que lo ha manejado el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas exigencias interfieren cada vez más en detalles de la política económica nacional. Se trata, sobre todo, del caso brasileño, que el FMI ha enfrentado de manera algo distinta, por lo menos en la rapidez de su respuesta, al otorgar un préstamo de $30 mil millones al país, condicionados a la aplicación de políticas monetarias muy restrictivas. Pero el caso brasileño no es tan distinto del argentino en cuanto a los objetivos perseguidos por el FMI: evitar el «default», la suspensión del pago de la deuda, que afectaría a por los menos dos de los principales bancos estadounidenses.
 
Fin de la globalización
 
El otro aspecto de este modelo de apertura e integración sobre el que se ha construido el modelo, es el fortalecimiento de las empresas transnacionales, verdaderas beneficiadas de este proceso.
La apertura, lejos de conducir a una intensificación de la competencia, terminó por entregar algunos sectores claves de la economía, entre ellos el financiero y el de telecomunicaciones, a cada vez menos empresas.
Del mismo modo, en el caso de los centroamericanos, ha contribuido a desviar nuestro comercio, concentrándolo cada vez más en el mercado de EE.UU. Las importaciones y exportaciones de Centroamérica se orientan ya, en más del 50 %, hacia Estados Unidos y la firma de un tratado de libre comercio con ese país, en el marco actual, vendría a acentuar ese proceso, tal como ha ocurrido en México, con consecuencias negativas para la necesaria inserción internacional de nuestros países que la época actual exige.
O sea, lejos de globalizarse, los países centroamericanos se verían, cada vez más, dependientes de un solo mercado.
 
REUNIÓN DE QUITO
 
Es en ese marco donde se acentúa el debate sobre el ALCA, a medida en que el proceso de negociación avanza.
A principios de noviembre se celebró, en Quito, Ecuador, la VII Reunión Ministerial   del ALCA, con la participación de los representantes de los 34 países del hemisferio. Solo Cuba ha sido excluida de esa negociación. En esa cita Brasil y Estados Unidos asumieron, en forma conjunta, la presidencia del proceso, que deberá concluir en 2005, de acuerdo con el calendario vigente.
Junto al foro ministerial, órgano oficial del ALCA, se reunió el Foro Empresarial, organización creada al inicio por las organizaciones empresariales del hemisferio, que ha dado un cuidadoso seguimiento al debate. Este Foro pidió, en esta oportunidad, una mayor transparencia en las negociaciones.
Pero, fuera de éste, ningún otro sector ha acompañado con el mismo cuidado las negociaciones del ALCA, si bien se multiplican las instancias que siguen, con mayor o menor desconfianza, el proceso.
Días antes de la reunión ministerial, se celebró en Quito un Encuentro Continental Parlamentario, al que fue invitado el expresidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo.
El foro aprobó una declaración en la cual invita a los parlamentos a asumir un papel más protagónico en el debate sobre el ALCA y llama  a integrar comisiones especiales para atender ese proceso y evaluar lo ocurrido con tratados similares vigentes.
La declaración rechaza el ALCA y sugiere a nuestros gobiernos fortalecer los organismos de integración latinoamericana y del Caribe, señalando que la fórmula de «libre comercio» promovida por el ALCA «favorece una política de apertura indiscriminada que arruina la producción industrial y agropecuaria» de la región y refuerza las políticas de privatización de los servicios públicos.
El expresidente Carazo destacó el sentimiento de los parlamentarios, de haber sido dejados de lado en el proceso de negociación. «La marginación de los partidos hace que las negociaciones sean conducidas por burócratas», afirmó. Carazo destacó la visión crítica de los congresistas sobre el ALCA, y la impresión de que existe en Ecuador una gran oposición a este proceso. Los ecuatorianos ganaron la batalla contra la privatización eléctrica, pero esa resultado podría ser revertido gracias al acuerdo de libre comercio que ahora se negocia.