Mientras avanzan las negociaciones entre las cinco fracciones que componen la Asamblea Legislativa para definir el directorio del 1 de mayo, la agenda social para la segunda legislatura empieza a tomar forma.
La búsqueda de una agenda nacional de desarrollo está en la mira de los diputados.
Para los diputados el aprendizaje de este año en el Congreso ha sido lento pero provechoso. Por primera vez en muchos años, la Asamblea Legislativa está conformada por cinco agrupaciones minoritarias donde el diálogo y las negociaciones fueron el instrumento utilizado para buscar consensos sobre las leyes que necesita el país.
Sin embargo, en este primer año de labores, los resultados no fueron del todo satisfactorios.
Desde mayo de 2002 al pasado 30 de abril, la Asamblea Legislativa solo aprobó 73 leyes, la mitad de los cuales eran iniciativas menores que pretendían la aprobación de impuestos menores o la cesión de terrenos estatales a las municipalidades.
Por eso, el plan de contingencia fiscal aprobado como ley de la República el 16 de diciembre anterior, la incorporación del referendo a la Constitución Política y la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá, fueron las tres más importantes aprobadas, a juicio de los legisladores.
 
Como era de esperar en un parlamento sin mayoría partidaria, los roces entre partidos y al interior de ellos no se hicieron esperar. El primero se produjo el mismo 1 de mayo de 2002, cuando la alianza entre el Partido Unidad Socialcristiana y el Movimiento Libertario permitió a los rojiazules ocupar la mayoría de los puestos de directorio tras un acuerdo del que apenas dos meses después la fracción de gobierno se lamentó.
En efecto, los roces entre libertarios y socialcristianos llevaron a la separación y la alianza pactada quedó atrás cuando se discutió la ley de Contingencia Fiscal, proyecto en el cual, el sector económico neoliberal de la administración Pacheco había puesto su mayor esperanza.
Tras largas discusiones y negociaciones la propuesta fue aprobada y el Movimiento Libertario salió fortalecido ante la opinión pública pero debilitado a lo interno del parlamento, catalogado de intransigente.
La separación de un diputado del Libertario y de seis congresistas  del Partido Acción Ciudadana (PAC), fueron otros escollos que tuvo que superar la actual Asamblea. La creación de fracciones unipersonales (Renovación Democrática y un Independiente) y la conformación del Bloque Patriótico, compuesto por los disidentes del PAC, aumentó el fraccionamiento en un Congreso donde la inexperiencia de la mayoría de los integrantes y la falta de orientación del Poder Ejecutivo dificultaron el avance en la aprobación de proyectos.

A MEDIA MÁQUINA

Mario Redondo, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), Humberto Arce del Bloque Patriótico (BP) , Epsy Campbell del PAC y Alvaro González del Partido Liberación Nacional (PLN) coincidieron en que el primer año de trabajo fue lento y tedioso.
Epsy Campbell, nueva jefa de fracción del PAC, reconoció que «pese a los problemas enfrentados se lograron reducir los gastos superfluos en el Parlamento y hubo mayor participación de la sociedad civil en la discusión de temas importantes como el pacto fiscal».
Resaltó que la existencia de cinco partidos políticos en el Congreso, «lejos de generar ingobernabilidad demuestra que es posible construir agendas comunes que trasciendan las banderas partidarias».
Para Arce, jefe de Fracción del Bloque Patriótico, el error fundamental es que «los partidos de oposición caímos en la trampa de creerle de buena fe al gobierno y éste no ha cumplido su parte, con lo cual la Asamblea se halla entrabada».
El nuevo jefe de fracción del PLN, Alvaro González, considera que «en el primer año pudimos hacer mejores cosas y quedamos en deuda con el país, pero para la mayoría de los diputados y diputadas es la primera vez que cumplimos una función en el Parlamento».
Según el diputado socialcristiano Mario Redondo, la inoperancia en el primer año se explica «por la oposición radical del Movimiento Libertario al tema de reformas fiscales y garantías ambientales». Por eso, «debe buscarse una transformación estructural que permita a los diputados impulsar una agenda nacional de desarrollo que permita un norte al país».

AGENDA SOCIAL PRIORITARIA

En criterio de Humberto Arce, su agrupación «alzará la bandera del control político real y superaremos el individualismo para asumir responsabilidades para bien del país». El gobierno debe dar muestras para avanzar en el campo ético, en la optimización de recursos y en garantías efectivas de que los recursos fiscales se invertirán en lo social.
El jefe de fracción liberacionista consideró que el año legislativo que se inicia «se caracterizará por una mayor oposición al gobierno, si la administración Pacheco sigue dejando de lado el aspecto social».
Desde la perspectiva de González, otras tareas que impulsará la fracción verdiblanca son la reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y el impulso integral de leyes que permitan superar la pobreza.
Por su parte, Epsy Campbell dijo que el mayor reto para el segundo año «es demostrar que los diputados y diputadas estamos dispuestos a cambiar la forma tradicional de hacer política para construir espacios de consenso e impulsar un nuevo modelo de nación».
Mario Redondo, del PUSC, aseguró que el gobierno y su fracción parlamentaria centrarán su quehacer en aspectos sociales como «el mejoramiento de la calidad de vida centrado en el aumento del gasto social, apoyo al sector productivo con la generación de empleos y mayor competitividad, el fortalecimiento al poder local e impulso a las reformas electorales y la búsqueda de equidad de oportunidades».
Sin lugar a dudas, uno de los temas centrales que se discutirán en el segundo año en la Asamblea Legislativa es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
Para Humberto Arce, el texto «solo será aprobado si es una opción de desarrollo para el país, no contará con el voto del Bloque Patriótico si el TLC intenta debilitar el agro y promueve la aperturistas per se de instituciones públicas».
Desde su perspectiva, se dará «un debate como nunca en el país, los sectores sociales deberán unirse de cara a los intereses del país. Si se aprueba el TLC debemos asumir las consecuencias de las decisiones que se tomen», puntualizó.
Igual posición planteó Alvaro González, jefe de fracción liberacionista, para quien las discusiones serán intensas por cuanto «no podemos permitir que se siga debilitando al agro».
Si por la víspera se saca el día, la segunda legislatura no estará ayuna de enfrentamientos sobre los temas nacionales.