¿Quién dijo que todos los caminos conducen a Roma? La Comisión de Control y Ordenamiento del Gasto Público y de la Rendición de Cuentas de los Funcionarios y Empleados Públicos -nombrada y luego disuelta por el Presidente Abel Pacheco-, encontró que todos ellos conducían a Washington.
Eduardo Lizano, expresidente del Banco Central de Costa Rica.
Según explicó la Comisión en su segundo informe, fondos de esa agencia son canalizados, como donaciones, hacia dos fundaciones: la de Cooperación Estatal (FUCE) y la Costa Rica-USA (CR-USA), a las cuales el Gobierno costarricense contrata, mediante consultorías, para realizar distintos proyectos. No obstante, por tratarse de fundaciones privadas, los montos de tales contrataciones, así como los nombres de las personas favorecidas -que bien podrían ser funcionarios públicos recibiendo sobresueldos por realizar el trabajo para el cual ya reciben salarios de la administración pública-, se mantienen herméticamente en secreto. Se trata, como las califica la Comisión, de «estructuras y sistemas paralelos» a la administración pública, que en algunos casos llevan a situaciones insólitas, como que las actividades del equipo negociador costarricense de un Tratado de Libre Comercio con EE.UU, sean financiadas, en realidad, con dinero de la parte rival.

 
 
Y aunque el ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, ha rechazado que existan conflictos de intereses, lo cierto es que aún no termina de responder a preguntas claves. Trejos reconoció que su despacho ha recibido ¢470 millones provenientes de la fundación CR-USA, de los cuales «¢380,7 millones están orientados a apoyar al equipo costarricense en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) regional con Estados Unidos.» (La Nación, 27/06/03) Agregó que, de ese total, ya se usaron ¢129 millones en la organización y logística de las rondas y en la contratación de asesores en estrategia (¢69,6 millones y ¢59,4 millones, respectivamente). De modo que aún queda por explicar el destino de ¢251.7 millones.
El ministro también aceptó que la primera donación de CR-USA «fue por ¢89,3 millones. Se utilizó durante la etapa preparatoria de la negociación, (enero-abril de 2002). Con ese aporte se pagaron los salarios del equipo negociador de la época y los gastos de la representación costarricense ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Suiza.» Además, aseguró que todo se había hecho según lo que establece la Ley de Negociaciones Comerciales.
Sin embargo, el artículo 3 de esta ley dice que «los negociadores comerciales internacionales serán funcionarios de confianza, o bien, profesionales contratados al efecto, con base en convenios de cooperación suscritos por el Ministerio de Comercio Exterior con otras ENTIDADES PÚBLICAS, y nombrados por acuerdo del Poder Ejecutivo. (…) En el caso de los profesionales contratados al efecto, los convenios de cooperación indicados deberán contar con el refrendo de la Contraloría General de la República. Para efectos de lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables, EN TODOS LOS CASOS LOS NEGOCIADORES COMERCIALES REFERIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE CONSIDERARÁN, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, SERVIDORES PÚBLICOS.»
¿Cómo se justifica legalmente, entonces, que se pagaran con fondos provenientes de una fundación privada como CR-USA «los salarios del equipo negociador de la época y los gastos de la representación costarricense ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Suiza»? UNIVERSIDAD envió esta y otras preguntas al ministro Trejos, pero al cierre de esta edición, sus respuestas no llegaban.
Por su parte, la Comisión ya no puede esperar nada: primero, la entonces ministra de la Presidencia, Rina Contreras, se negó a darle información sobre la otra fundación, FUCE, aduciendo desconocer sus gestiones y argumentando no poder intervenir, por tratarse de una fundación privada. Sin embargo, la Comisión descubrió, en el Registro Público, que una certificación en ese sentido entregada por la exministra era falsa, y que, además, Contreras había sido recientemente nombrada vicepresidenta de FUCE. (Por cierto que, al momento de la investigación de la Comisión, ella también pertenecía a la Junta Directiva de CR-USA. Y según consigna su página de Internet, ahora figura como Tesorero el nuevo ministro de Hacienda, Alberto Dent). Segundo, la Comisión fue disuelta por el propio Presidente de la República, quien se desvinculó así del compromiso de sanear las finanzas y la ética públicas, que había asumido cuando la creó.
La Comisión llegó a establer el vínculo que existe entre el origen del dinero de ambas fundaciones, la AID, y distintos programas impulsados por el gobierno estadounidense en nuestro país, en función de su ideología económica.
«FUCE tiene muchos años de funcionar como resultado del Programa de Ajuste Estructural III, en el que se puso término al Fideicomiso de Inversiones Transitorias (FINTRA), en el cual se depositaron los fondos de ayuda de la Agencia de Desarrollo Internacional (AID), del Gobierno de los Estados Unidos de América, que se destinaron al financiamiento de la venta de empresas del Estado constituidas al amparo de la también fenecida Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA). FUCE es quizá la más notoria de las organizaciones privadas que participan en programas propios de la Administración, y sobre la cual existe el mayor velo de secreto, que es casi inexpugnable,» afirma la Comisión.
Y de la fundación CR-USA dice que «aporta una cantidad muy significativa de recursos a la Administración Pública (más de ¢4,863 millones), provenientes de donaciones de un Gobierno extranjero, para realizar actividades ordinarias propias del Estado. (…) No es aceptable que se opere sin controles de ninguna especie y con un velo de secreto inconveniente, porque se trata de fondos que son públicos desde el momento en que los mismos fueron recibidos por el Gobierno de la República o por alguna dependencia pública.»
Por último, pero no menos importante, la Comisión también encontró una tercera vía de contrataciones paralelas irregulares: la que consiste en nombrar «unidades ejecutoras» de millonarios préstamos externos como el 1030 del BID, por intermedio del Ministerio de Hacienda. Las consultorías incluyen pagarle más de ¢7 millones mensuales al consultor Alexander Hoffmaister Arce, contratado por el Banco Central, para «apoyar en el diseño de la política macroeconómica en general y de las políticas monetaria y cambiaria» o dar ¢11 millones 660 mil ($29 mil al tipo de cambio actual) a la Academia de Centroamérica, que preside el coordinador del equipo económico, Ronulfo Jiménez,  para la «difusión y discusión sobre el tema del déficit fiscal nacional y aspectos relacionados.»
Evadir el debate público y la asignación democrática del gasto público, por medio de la Asamblea Legislativa, como manda la Constitución, parece haber sido el principal motivo político para montar estos sistemas paralelos.
¿Y ahora? ¿Pasará algo? UNIVERSIDAD consultó al jefe del Ministerio Público si su despacho procedería a investigar las irregularidades expuestas por la Comisión, pero su respuesta fue que en muchas oportunidades llegan «sonados» casos a su despacho, que moralmente son sancionables, pero que penalmente no responden a conductas establecidas en la legislación costarricense.
«A veces administrativamente y disciplinariamente son perseguibles, pero penalmente no, y es cuando el Ministerio Público pierde credibilidad», agregó el funcionario.
Al cierre de esta edición la fracción del Partido Liberación Nacional amenazó con no votar nuevos impuestos si el Ministerio de Hacienda persiste en la contratación de consultorías externas.
La bancada liberacionista demandó la suspensión total de las contrataciones que se encuentren vigentes a esta fecha, hasta tanto no se determine su conveniencia y legalidad.