Las reacciones ante el II Informe de la Comisión de Control y Ordenamiento del Gasto Público llegaron de diversos sectores, entre ellos el expresidente de la República Rodrigo Carazo Odio, quien narró cómo el exministro de Comercio Exterior, Tomás Dueñas, le negó datos que ahora revela el informe.
La semana pasada Carazo pidió explicaciones sobre los pagos de una consultoría por ¢86 millones, hechos a Alexander Hoffmaister por parte del Banco Central para apoyar el diseño de la política macroeconómica y monetaria y cambiara.
En una entrevista concedida a UNIVERSIDAD, el exmandatario dijo que podría ser un caso de corrupción si asesores que ejercen labores de funcionarios públicos (as) reciben sueldos en dólares pagados con fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos por estar al servicio del Estado costarricense y ser pagados por una fundación privada.
» Estamos ante algo inaceptable: personas con incapacidad de decisión pagadas por empresas privadas o por entidades ligadas a Gobiernos de otros países, hay corrupción de quien lo recibe y quien lo tolera», comentó.
Sobre el compromiso de que estos funcionarios (as) estarían más comprometidos en aprobar convenios como el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-EE.UU. u otro tipo de acuerdos, expresó que «si son empleados a sueldo de gobiernos ajenos al país, no deben tener ni participación en el análisis de los problemas,  ni muchísimo menos posibilidades de decidir en nombre de Costa Rica, porque ello también es corrupción».
Para el expresidente, quien también preside el Consejo de Defensa de la Institucionalidad, quienes hayan trabajado en entidades que reciben dinero de la otra parte y posteriormente ocupen puestos en el Gobierno, no pueden comprometer al país.
«El COMEX ha recibido plata de agencias y sus personeros están inhibidos de comprometernos y negociar», sentenció.
El informe de la Comisión recomienda al presidente de la República, Abel Pacheco, que elimine las remuneraciones a funcionarios mediante asesorías o consultorías, con fondos de FUCE por acuerdos de cooperación, así como iniciar los procedimientos necesarios contra las personas que se negaron a proporcionar información pública que conocían o que no fueran veraces al suministrarla.
En ese sentido, Carazo expresó que «los costarricenses merecemos que el Presidente asuma la posición que corresponde al funcionario de más alta jerarquía, en cuya conducta personal siempre hemos creído. En consecuencia, él tiene en sus manos rechazar todo esto que ha ocurrido y que trasciende los ámbitos de la moral y la ética.»

SIN APOYO

Según detalló Carazo, en 2000 pidió al exministro de Comercio Exterior de la administración Rodríguez Echeverría, Tomás Dueñas, le suministrara el desglose presupuestario del programa «Apoyo a la liberación comercial y el desarrollo de la capacidad de Costa Rica para competir en mercados abiertos», que por un año tuvo un presupuesto de ¢276.500.000 y que provenía de la Fundación CR-USA.
Carazo mostró documentos (Oficio DM-885-00) en los que revela que Dueñas se negó a darle información y le sugirió que se la  solicitara directamente a CR-USA. Sin embargo, como consta en la carta Ref.281-2000, escrita por el director de dicha Fundación, Hermann Faith, el funcionario dijo que tenía prohibido proporcionar información, excepto que fuera por mandato judicial.
Ante ello el exmandatario interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que ganó, según la sentencia No. 2001-000156 (Expediente 00-9043-0007-00). De esta forma el exministro entregó la información, pero sin incluir  los nombres de los profesionales contratados.

¿OTROS PRESTAMOS?

En una carta del 30 de junio pasado dirigida al presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez, Carazo volvió a pedir información sobre el contrato hecho a Alexander Hoffmaister, a quien se le pagó con fondos del Préstamo BID 1030 OC/CR. El recibió $210.000 durante un año a partir de 1999, cuando el presidente de dicha entidad bancaria era Eduardo Lizano.
A la vez Carazo solicitó copia de la opinión jurídica del Departamento Legal o de la Auditoría del Banco Central donde se señale que ese contrato no contraviene la autonomía que establece la Ley Orgánica del ente bancario.
Así mismo pidió copia de los informes presentados por Hoffmaister; y explicaciones al presidente de la institución sobre si la política que  diseñó -o ayudó a diseñar el consultor-, fue adoptada por acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central.
Su interés es verificar datos sobre si el señor ha sido contratado como funcionario o nombrado en algún cargo en el banco antes, durante o después de la consultoría.
«Y eso que la Comisión sólo investigó un préstamo, el 1030 del BID, porque no la dejaron seguir, ¿y habrá otros?», se preguntó Rodrigo Carazo Odio.

DOS FUNDACIONES MILLONARIAS
La Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la Cooperación (CR-USA) heredó los fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), cuando ésta cerró su misión en el país en 1995.
En ese año la fundaron los estadounidenses Norman Brown, John McMerty, Franklin Chang-Díaz, Thomas Lovejoy y Francis McNeil, junto con los costarricenses Ana María Sittenfeld, Carmen Valverde, (nueva Secretaria General del Partido Liberación Nacional) Luis Diego Escalante, Carlos Espinach y Alfonso Gutiérrez.
La Junta directiva está conformada por Luis Diego Escalante (presidente) James Fendell (secretario), Alberto Dent (tesorero), Jorge Eduardo Sánchez (director), Francis McNeil (director), Alfonso Gutiérrez (fiscal) y Hermann Faith (director ejecutivo).El objetivo es promover, fomentar y desarrollar la colaboración entre ambos gobiernos, por intercambios directos con organizaciones o apoyando proyectos en áreas como transformación institucional, globalización, medio ambiente, ciencia y tecnología y educación.
La Fundación de Cooperación Estatal (FUCE), por otra parte, se creó en 1991 para administrar programas y proyectos de la desaparecida Fiduciaria de Inversiones Transitorias S.A. (FINTRA), creada en 1985.
Con fondos de FUCE se financiaron la movilidad laboral, la modernización aduanera, los programas de reforma del Estado, reformas financieras, tributarias y la reestructuración del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica.
A principios de 2000 se dio una disputa entre ambas fundaciones, que se financiaron al liquidarse el fideicomiso  mediante el que se privatizaron las empresas de la Corporación Costarricense de Desarrollo S.A (CODESA). La pugna era cuál de las dos debía administrar los $7 millones de un remanente producto de la venta  de acciones de Cementos del Pacífico (CEMPASA).
La diferencia entre una fundación y otra es que la junta directiva de CR-USA (formada también por estadounidenses) examina los proyectos del Gobierno y decide si les parece o no, mientras que en FUCE el Gobierno decide cuáles proyectos deben ser financiados, por lo que aparentemente los recursos son más accesibles para la administración.

Fuente: www.cr-usa.org y El Financiero, 4 diciembre, 2000.