Los seguidores del exgeneral Ríos Montt ponen en riesgo el actual proceso electoral en Guatemala.
A tan sólo cuatro meses para las elecciones generales, el panorama político guatemalteco se encuentra enrarecido por una serie de actos de violencia, asesinatos y amenazas relacionados con la eventual postulación a la presidencia del exdictador Efraín Ríos Montt.
La semana pasada, partidarios del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG), protagonizaron una serie de manifestaciones que pusieron en alerta a las instituciones democráticas.
Un periodista, Héctor Ramírez, murió en extrañas circunstancias, y otros dos resultaron heridos en diversos altercados con seguidores de Ríos Montt, quienes asolaron todo a su paso en cuatro puntos de la capital con el rostro cubierto con pasamontañas.
Estos hechos vandálicos culminan varios meses de denuncias de la oposición y de organizaciones de derechos humanos, que acusan al gobierno y al partido de Ríos Montt de estar conspirando contra la institucionalidad.
Los dirigentes de la agrupación del actual presidente, Alfonso Portillo, desmintieron cualquier vínculo con los manifestantes y señalaron que estos pertenecían a organizaciones indígenas.
La oposición calificó estas declaraciones como mentiras de los esbirros de Ríos Montt, además, la prensa recibió información acerca de candidatos del FRG, inscritos para disputar puestos de diputados, que estuvieron al frente de las violentas protestas.
La reacción en las calles se produjo luego de un nuevo fallo de la Corte Constitucional que impide la candidatura de Ríos Montt.
La Constitución de 1985 prohíbe expresamente que aquellos que ocuparon el poder de facto, puedan aspirar a la presidencia de la República.
Ríos Montt encabezó un golpe de Estado en 1982 que le dio las riendas del país durante un período que, según todos los indicios, estuvo marcado por algunas de las peores violaciones de |os derechos humanos cometidas en la historia de Guatemala.
El exgeneral ha intentado desde 1990 ser candidato presidencia; no obstante, hasta ahora la justicia se ha interpuesto en su camino.
Actualmente, Ríos Montt ocupa la presidencia del Congreso y la sombra de su poder alcanza a todas las esferas de la administración.
Muchos de los acuerdos que permitieron acabar en 1995 con más de 40 años de guerra civil, han quedado estancados en el poder legislativo, gracias a la mayoría que posee el FRG.
La inmunidad parlamentaria de la que goza el exdictador, también le ha permitido escapar de ser procesado por hechos tan graves como el asesinato del obispo Juan Gerardi, del que muchos piensan que Ríos Montt fue el autor intelectual.
De cara a los comicios del 9 de noviembre, las encuestas indican que, aunque consiguiera inscribir su candidatura, Ríos Montt no tendría opciones de resultar elegido Presidente de la República.
Ante la perspectiva de perder su inmunidad, parece que el exdictador está dispuesto a echar un pulso con las instituciones democráticas.
Durante los disturbios de la semana pasada, el ejército estuvo a punto de salir a las calles.  Esto hubiese tenido graves consecuencias, ya que la oposición ha acusado a la institución armada de estar usurpando funciones que le competen exclusivamente a la Policía Nacional Civil.
El peso de las fuerzas armadas dentro del Ejecutivo sigue siendo decisivo.  El Estado Mayor Presidencial, una instancia de tutela militar a la democracia, aún no ha podido ser desmontada, a pesar de las promesas de Portillo y varios de sus antecesores en el cargo.
Mientras el escenario político se caldea, los grupos menos favorecidos, principalmente los indígenas, siguen sufriendo las consecuencias de un modelo social exclusivo e intolerante.