Ministro de Ambiente se opone a privatización de áreas protegidas.
El sindicato propone establecer una tarifa hídrica para los entes que usan agua de áreas protegidas.
Con la idea de liberar a los guardaparques de labores como limpiar baños y cuidar carros; y en busca de más recursos para mejorar la administración de las áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente (MINAE) impulsa un reglamento para concesionar este tipo de servicios.
A la iniciativa se le critica el hecho de excluir a las comunidades aledañas y de ser un paso solapado para privatizar; de ahí que otros sectores proponen medidas alternas para financiar el control y protección del patrimonio natural del país.
Si bien algunos consideran el «Reglamento para la regulación de servicios no esenciales y obras contratadas por el SINAC», como una amenaza, el futuro de éstas ya está en jaque desde hace tiempo, con los severos recortes presupuestarios. «A las áreas protegidas se les ha deteriorado con falta de recursos. Así los turistas califican de ineficientes a los funcionarios y ¿qué hace la administración?: privatiza», razona Roberto Molina Ugalde, secretario general del Sindicato de Trabajadores del MINAE (SITRAMINAE).
De acuerdo con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el ingreso de divisas por turismo es el 9% del Producto Interno Bruto (PIB); pero de toda esta riqueza, que oscila entre los $700 y $1.000 millones por año, es mínimo el porcentaje para financiar las acciones operativas del MINAE a través del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC).
 
El Ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, declaró: «Mi tarea día a día se centra en intentar que no me hagan más recortes. Tenemos que focalizarnos en acciones a corto plazo para solucionar este problema».
Agregó que advirtió al Ministro de Turismo que si no le dan más recursos, no le quedará más que cerrar los parques nacionales al turismo, y concentrar al personal en otras acciones.
«Hay guardaparques que no caminan ni 100 metros en el sendero, porque se pasan todo el día en la oficina en la atención de visitantes, o labores domésticas, cuando lo esencial es estar metido en el campo».
De esta forma el Ministro justifica la propuesta. La idea, explicó, es liberar al personal para que se dedique a acciones más estratégicas y permitir que la comunidad se encargue de estos servicios, como sucede con los arrieros en el Parque Nacional Chirripó, o con los guías turísticos en Tortuguero.
Según el texto propuesto del Reglamento, todas las actividades que regule éste estarán sujetas a los principios del servicio público, de manera que aseguren su eficiencia, calidad, precio razonable, siempre que no contravengan la protección de los recursos naturales. Se pueden contratar servicios como restaurantes, estacionamientos, lavanderías, permisos de uso para  instalar equipo por parte de empresas de telecomunicaciones, construcción de obras de infraestructura para investigación y hospedaje.

QUIEREN PARTICIPAR

La posición de las comunidades aledañas a las áreas protegidas es importante, por lo que se consultó a Sonia Torres, de la Secretaría de la Asociación Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya (CEUS).
Ella señaló que el reglamento no menciona mecanismos para promover la participación de dichas comunidades.
«Se presenta cuando existe una fuerte presión del sector turístico por aumentar el número de áreas protegidas, dando un carácter estrictamente mercantil a recursos de vital importancia. Además, el MINAE carece de instrumentos y mecanismos para un adecuado monitoreo de las concesiones, y esto es sumamente grave», argumentó.
Desde 1994 la Fundación para el Desarrollo y Conservación de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR) se ocupa de varios servicios en el Parque Nacional Poás, por medio de un convenio con el MINAE.
De acuerdo con Carlos Herrera, de FUNDECOR, este año esperan tener (40 millones de ingresos por venta de servicios, y más de (150 millones por ingresos de turistas; pagan un canon al SINAC por estas ganancias. Ahora el Centro Científico Tropical (CCT) administra la tienda de «souvenirs» y la venta de comidas y bebidas; mientras que la Cruz Roja de San Pedro de Poás tiene la vigilancia de autos y el mantenimiento de baños. Según Herrera los mismos auditores de FUNDECOR hacen auditorías sobre el manejo de estos recursos.
CEUS pidió que no se firme el decreto que emitiría el reglamento, con el fin de iniciar un diálogo con todos los actores involucrados en el futuro de estas áreas, y evaluar las experiencias de concesiones, para identificar los beneficiados y el impacto sobre el recurso biológico.

MAS RECURSOS

El beneficio económico y los aspectos financieros, en general, son la principal preocupación del SITRAMINAE. Molina denunció que entidades estatales como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Acueductos y Alcantarillados (Aya) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), lucran con las áreas protegidas a través del agua, del bosque, sin aportar nada al MINAE.
Para él, lo que se necesita en las áreas protegidas no son concesiones y así detallaron sus propuestas en una carta enviada al presidente Abel Pacheco, el 3 de julio.
En ella solicitan que se pida al ICT destinar (400 millones anuales del superávit de su presupuesto, a fortalecer la gestión del turismo en áreas protegidas. En segundo lugar, que la CNFL transfiera al SINAC -encargado de proteger y conservar los bosques- $45 anuales por hectárea protegida. También piden la intervención del presidente para poner en operación el Fideicomiso de Áreas Silvestres Protegidas, contemplado en la Ley de Biodiversidad.
«Si se crea este fideicomiso mueren muchas organizaciones no gubernamentales, como la Fundación de Parques Nacionales, que maneja el fideicomiso del Área de Conservación Guanacaste y además cobra por administrar esa plata», advirtió Molina.
El SITRAMINAE también pidió que no se concesione ningún servicio esencial hasta no ordenar administrativa y financieramente al SINAC.
De cualquier manera, para este grupo, el reglamento es un paso solapado para privatizar; pero el Ministro lo niega.
«Al establecer el reglamento que no se pueden dar concesiones a empresas comerciales, se cierra la posibilidad de privatización. Somos enemigos declarados de la privatización en áreas protegidas y nunca se va a discutir la concesión de administrar estas áreas, ni la del servicio de policía», aseguró.