En una actividad celebrada el pasado 29 de enero, el Gobierno explicó con euforia los logros alcanzados en el TLC con Estados Unidos.
«El TLC, desde nuestra perspectiva, representa el asalto final que promueve la propuesta neoliberal de desarrollo, para desarticular, completamente, los elementos de solidaridad que han animado lo que, comúnmente, hemos conocido como el Estado social de derecho».
«La respuesta al salvaje ataque neoliberal -vía TLC- está en las calles. Los que apreciamos el valor real del sistema democrático, sabemos que la democracia es algo más que la circunstancia del ejercicio electoral cuatrienal».
Con las anteriores palabras sindicatos del sector público expresaron su malestar contra el acuerdo preliminar alcanzado entre el gobierno costarricense y el de Estados Unidos, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el Frente de Trabajadores (FIT) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de la Unión de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP), la aprobación del TLC «nos conducirá a una confrontación social insospechada».
Incluso, algunos dirigentes estiman que la confrontación será mayor a la que se vivió en 2000, cuando el mandatario Miguel Ángel Rodríguez intentó que la Asamblea Legislativa aprobara el proyecto de ley llamado «combo eléctrico», el cual incluía una supuesta modernización del ICE.
La lucha de los sindicatos costarricenses será coordinada con sus homólogos centroamericanos, pues juntos acordaron crear un frente regional contra el TLC, y para ello se reunieron la semana pasada en Costa Rica, en donde anunciaron la creación de la Plataforma Sindical Común Centroamericana.
Quizás la principal preocupación de quienes se oponen a este eventual tratado, es que cambiaría el modelo de desarrollo socioeconómico solidario y que le ha permitido al país un progreso sin tantas desigualdades como en el resto de Latinoamérica, para pasar a otro regido por criterios y principios mercantiles.
Mientras tanto, el ministro de Comercio Exterior (COMEX) -Alberto Trejos- anunció con regocijo que «después de un año de ardua labor e intensas negociaciones hemos alcanzado un acuerdo que claramente creará las condiciones para mejorar y aumentar nuestras exportaciones al principal mercado del mundo, y promoverá la atracción de inversiones, el crecimiento económico, y nuevas oportunidades de empleo en Costa Rica».
Por su parte, la jefa del equipo negociador del TLC -Anabel González-, aseguró que la firma de este acuerdo garantizará la permanencia de los 500.000 puestos de trabajo que genera en Costa Rica el intercambio comercial con Estados Unidos.

NO A CAMBIAR MODELO

Respecto a los cambios radicales que cuestionan los sindicatos, a la diputada socialcristiana y presidenta la comisión especial que estudia el proyecto de fortalecimiento del ICE -Gloria Valerín- no le quedan dudas de que «hay  un claro viraje en el modelo de desarrollo institucional y social que hemos escogido los costarricenses», y le parece «gravísimo» que se rompa el monopolio de seguros.
Por otro lado, al consultársele el obispo católico Ángel Sancasimiro -durante la presentación del acuerdo previo del TLC por parte del COMEX en el hotel Radisson (29-01-04)- si este tratado cambiará el referido modelo de desarrollo, aceptó que sí ocurrirá.
En su criterio se produciría dicho cambio, y «este es precisamente uno de los desafíos que tenemos en Costa Rica: ver si somos capaces ante esta realidad que se nos presenta, de reunirnos todos los sectores,  para buscar que en este nuevo modelo la equidad y la igualdad de oportunidades sea para todos».
Dijo que vendrá un periodo de reflexión y estudio, para que quienes se oponen al convenio expresen sus razones, y después con los distintos puntos de vista se definirá si le conviene al país.
«En principio, por lo que he escuchado hoy, creo que es un instrumento que si lo aprovechamos debidamente, Costa Rica podría salir muy beneficiada», comentó Sancasimiro.
En relación con los plazos de apertura fijados en el TLC para las telecomunicaciones, la legisladora Valerín los ve muy cortos y solo con una opinión contraria de los técnicos pensaría que no son perjudiciales para el ICE y el país.
Ella cree que si la apertura fuera de poca magnitud y se diera la modernización, quizás esa institución podría competir sin desventajas. Sin embargo -agregó-, «no veo de parte del Gobierno mucha voluntad para fortalecer el ICE», ni de otros sectores políticos.

GUERRA AL TLC

La oposición sindical al TLC no obedece solo al rompimiento de los monopolios en seguros y telecomunicaciones, y así lo aclaró el presidente de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), Fabio Chaves.
«Nuestra lucha es porque en Estados Unidos se negoció el modelo de Estado costarricense; este se verá afectado por la entrega que se hizo en esta negociación, para favorecer a los exportadores, los grandes empresarios, y a las grandes transnacionales», criticó.
Allá -agregó Chaves- se entregó la parte más importante del modelo desarrollo costarricense, y esto -por ejemplo- afectará a la Caja Costarricense del Seguro Social -con la limitación a los genéricos-, a los pequeños y medianos productores -con el uso de agroquímicos-. La seguridad social es el pilar fundamental del país, insistió.
El dirigente lamentó que en las negociaciones el Gobierno ofreciera de última hora el rompimiento del monopolio de seguros, lo cual no formaba parte de las discusiones. Igualmente, recordó que el mandatario Abel Pacheco durante su campaña electoral prometió que no habría apertura ni privatización de las telecomunicaciones y después como presidente lo reiteró; pero, tras la venida del negociador estadounidense Robert Zoellick, se le olvidaron sus promesas.
Para Chaves, aun cuando se realice el fortalecimiento del ICE, este no podrá competir con las grandes transnacionales, en razón de las limitaciones administrativas y legales que tiene como empresa ajustada al ordenamiento público.
Sumado a lo anterior, los sindicatos alegan que las empresas que competirán con el ICE se quedarán con los servicios más rentables (telefonía celular, redes corporativas de datos, e Internet), los cuales en conjunto generan un 70% de los ingresos actuales que recibe la institución.
La pérdida de estas ventajas, hará que en lugar de tener tarifas al costo, el ICE deba cobrarlas con parámetros comerciales y entonces se eliminará el modelo de cobro solidario, mediante el cual se subsidian los servicios menos rentables, como teléfonos públicos y domiciliares, telefonía rural, explicó Chaves.
El texto del TLC deberá ser discutido en los próximos meses por la Asamblea Legislativa, la cual no puede hacerle ninguna modificación: lo aprueba o lo rechaza, y sin duda allí estarán presentes los sindicatos y otros sectores sociales.
Los opositores, como ASDEICE, han dicho que «usando la democracia de la calle defenderemos el valioso patrimonio nacional que nos fue legado», y desde ahora advierten que la lucha serás más fuerte que la experimentada durante la oposición al llamado «combo del ICE».