No es una historia original en América Latina, pero en nuestro país no se veía desde los tiempos de CODESA. Al son de un ideal neoliberal -cada vez más obsoleto por inservible-, los políticos-empresarios se las arreglan para usufructuar de los bienes públicos -en este caso incluso «comprando las conciencias laborales», y así facilitar la concentración de las ganancias en unos cuantos, a costa del encarecimiento del pan de la población.
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y privados (ANEP), de esta manera puede resumirse la entrega, por concesión, de la terminal portuaria de Caldera, en Puntarenas, a un consorcio privado integrado por las empresas colombianas Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (con el 51% de las acciones) y Estación Brisas del Pacífico S. A. (9%), y las costarricenses Comercializadora R y S S. A. (21%) y Logística de Granos S. A. (19%).
Ya en agosto pasado UNIVERSIDAD advirtió que la transacción podría significar un oneroso negocio para el Estado y la consolidación de un oligopolio (control de una actividad en manos de pocas empresas privadas).
Ahora, la ANEP advierte que los $20 millones que las concesionarias pondrán para liquidar al personal del puerto, finalmente serán reembolsados por la población, puesto que los usuarios del servicio tendrán que pagar tarifas más altas, que a su vez transferirán a los precios de la harina, es decir el pan y otros alimentos que se elaboran con ella.
La ANEP basa su denuncia en una carta enviada el 1 de agosto de 2003 por el presidente de la Cámara de Industrias y de la Cámara Costarricense de Importadores de Graneles (CACIGRA), Rafael Carrillo, al diputado Carlos Benavides, en la cual describe el proceso de concesión de la siguiente manera: «Puerto Caldera está verdaderamente colapsado. Por esa razón y porque si no se elimina primero el sindicato portuario no hay solución posible a esa situación, hemos estado de acuerdo con el pago que el concesionario debe hacer de $23 millones para resolver el problema laboral. Ese monto, desde luego, tendrá que ser retribuido a los concesionarios vía tarifa en el corto plazo, como parte de la inversión.» (En realidad, los concesionarios aportarán $20 millones y el resto saldrá de recursos públicos).
La carta de Carrillo tuvo como propósito persuadir a Benavides para que retirara una propuesta de cargar un impuesto de un dólar por tonelada a las tarifas que cobre el puerto -como parte de la reforma fiscal-, y que se sumaría al incremento que se producirá para compensar a las concesionarias. Carrillo lo hizo desde su condición de usuario del servicio, puesto que el presidente de la Cámara de Industrias también es gerente financiero de Molinos de Costa Rica S. A., empresa que se reparte el mercado nacional de procesamiento de trigo con la compañía Fábrica de Harinas de Centro América (FHACASA).
Según el ecologista Fabián Pacheco -hijo del Presidente de la República, «…las importaciones de trigo en Costa Rica fueron realizadas por el gobierno hasta el año 1995. Posteriormente, se realizaron por el sector privado. Dentro de este sector, resaltan dos empresas que en orden de importancia son: Molinos de Costa Rica (responsable de un 60 % de las importaciones nacionales) y Fábrica de Harinas de Centro América (FHACASA, empresa responsable del 40 % de las importaciones). («Costa Rica: trigo GM, una amenaza para todos y un buen negocio para Monsanto», 02/10/2003).
Carrillo es cónyuge de la diputada del PLN, Joyce Zürcher, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, quien ha sido cuestionada por la ANEP por posible conflicto de intereses porque su familia es propietaria del Grupo Financiero Promérica (en la comisión que ella preside se discute el proyecto de reformas financieras). La diputada aceptó la existencia de vínculos familiares con ese grupo, pero negó tener intereses económicos personales. Molinos de Costa Rica S. A. y Banca Promérica figuran en la lista de clientes del Bufete Zürcher, Montoya & Zürcher, en su página de Internet.
Puede apreciarse que en su carta Carrillo no objeta la concesión por 25 años de Puerto Caldera a manos privadas, puesto que considera «colapsado» su servicio, y afirma que «no hay solución posible» si no se «elimina» – es decir, se compra- primero al sindicato.
No obstante, otra es la opinión del diputado Rodrigo Alberto Carazo, quien en agosto pasado dijo a UNIVERSIDAD que el INCOP fue obligado a mantener altos superávit -de entre ¢1.845 millones y ¢5.785 millones en los últimos tres años -.
«Con tal de hacer la privatización, perjudicaron intencionalmente a la institución y al servicio que presta. ¿Cuánto es imputable al abandono, a no hacer las inversiones necesarias?», preguntó. «Fue muy lamentable cómo, para lograr esto, compraron a los trabajadores ofreciéndoles indemnizaciones totalmente desproporcionadas, que se pagarán con recursos públicos», agregó.
Por su parte la ANEP, en un reciente comunicado, criticó que en el presupuesto extraordinario tramitado por la Asamblea Legislativa, en diciembre pasado, se aprobara la «escandalosa cifra de ¢3.500 millones, aproximadamente, para financiar la compra de conciencias laborales en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), con la finalidad de que sus trabajadores fuesen «indemnizados», para que no lucharan contra la privatización, vía concesión, de los muelles puntarenenses.» (ANEP, 9/1/04)
Según esta parte del negocio, «cada trabajador del INCOP, dependiendo del tiempo que lleve en la institución, tendrá derecho a una indemnización que oscila entre los $2.000 (¢638.000) y los $50.000 (¢15.950.000). El costo total de dicha operación alcanza los $20 millones, unos ¢6.380 millones.» (La Nación, 19/1/2001).
El proceso de negociación laboral fue ideado por Enrique Montealegre Martín -apodado «Calígula» por sus conocidos- a quien el Banco Mundial pagó una consultoría de $20 mil. Una vez abierto el proceso de concesión, Montealegre fue designado presidente ejecutivo del INCOP, cargo que actualmente ocupa. Además del Banco Mundial, otros financistas de concesiones son las fundaciones Costa Rica-Estados Unidos (CR-USA) y de Cooperación Estatal (FUCE), que reciben fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), del gobierno de Estados Unidos.

INTEGRACIÓN VERTICAL

Como ya informó UNIVERSIDAD, la parte costarricense del Consorcio Portuario Caldera, adjudicatario del puerto, está constituida por dos empresas que a su vez forman parte de grupos que se dedican al comercio en gran escala de granos y otros alimentos.
Comercializadora R y S S. A. pertenece a la familia Ramírez Steller, dueña del grupo Saret. Logística de Granos S. A., representada por Antonio Echeverría Musmani, expresidente de CACIGRA -que está domiciliada en Molinos de Costa Rica S.A.-, es una subsidiaria de Rica Foods, el grupo empresarial de Calixto Chávez, exasesor presidencial y Ministro de Industria, Energía y Minas. (Ver recuadro).
Según reportó el South Florida Business Journal, Chávez planea adquirir, por $2.58 millones, una participación de 51% de Logística de Granos S. A., de Port Ventures S. A. (el «Vendedor»), una compañía propiedad de José Pablo Chaves, su hijo.
«Logística es una compañía costarricense que tiene una participación minoritaria de 19% en dos empresas privadas locales que, como parte del proceso de modernización portuaria en Costa Rica, obtuvieron una concesión para la construcción, operación, mantenimiento, explotación y subsecuente transferencia al Gobierno, de una nueva terminal mayorista en Puerto Caldera, y las operaciones, mantenimiento y explotación de las instalaciones actuales en Puerto Caldera.

Los $20 millones que las concesionarias pondrán para liquidar al personal del puerto, serán financiados por la población a costa de alzas en servicios.




Este es el puerto más grande en la costa pacífica de Costa Rica. Esta adquisición expandirá la integración vertical de la compañía, al incorporar el desembarque de granos importados para su procesamiento», dijo el diario.
«Las 4.000 acciones de Logística de Granos están repartidas de la siguiente manera: 2.000 de Hernán Azofeifa Delgado y 2.000 de Rodolfo Arce Hernández. La empresa espera pactar la operación alrededor de abril de 2003, cuando espera obtener el completo aval del Gobierno», agregó.

SIN SORPRESAS

Consultada por UNIVERSIDAD Rocío Aguilar, secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) afirmó que el traslado del pago a los trabajadores del INCOP por sus despidos, a las tarifas del puerto, no es algo nuevo.
«Está así desde el inicio, así salió la licitación, estuvo siempre en el cartel. No es ahora que se incorporó. Así estaba previsto en el modelo de la licitación», dijo.
Aguilar agregó que los contratos de la concesión todavía no han sido refrendados. «Se están terminando de afinar para ser firmados en un plazo corto. Luego del refrendo de la Contraloría, arrancaría la concesión.»
Explicó que el afinamiento de los contratos consiste en «incorporar el aprendizaje de las concesiones anteriores. Se busca que haya más claridad en las reglas de juego hacia delante, mayor fiscalización por el Estado, definir las unidades ejecutoras, las reglas para ajustar las tarifas, la simultaneidad: cómo será la liquidación de las personas y el traslado de las actividades.»
Al saber que el traslado del costo de las indemnizaciones laborales a las tarifas era parte del modelo de la concesión desde el principio, Albino Vargas, secretario general de ANEP, dijo que esto solo demostraba que no se busca el beneficio de la población, sino de ciertos grupos.
«La privatización del INCOP es al revés de lo que pregona el dogma neoliberal, pues no baja la deuda pública -aquí hemos pagado ¢3.000 millones- y los consumidores pagarán más por el pan, especialmente los más pobres. Es un buen negocio para algunas empresas privadas», dij0.


(Recuadro 1)

Rica Foods

Su junta directiva está compuesta por Calixto Chaves, exasesor presidencial y Ministro de Industria, Energía y Minas, miembro de la junta directiva de Oleaginosas Centroamericanas y Derivados, S. A. y de la Industria Oleaginosa Americana; Jorge M. Quesada, ex-miembro de la junta directiva del Banco de Fomento Agrícola y la Financiera Belén S. A.; Federico Vargas, quien fuera embajador en Estados Unidos, ministro de Hacienda, diputado y presidente de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional; Mónica Chaves, vicepresidenta de Pipasa y As de Oros.
Las operaciones de la empresa son principalmente conducidas a través de las subsidiarias que posee en un 100%: Pipasa y As de Oros, y sus respectivas subsidiarias.
El 12 de noviembre de 1999, Rica Foods, de Coral Gables adquirió el 11% de Comercial Angui S. A. Aunque los términos del trato no fueron revelados, esto fue consecuencia de una «reorganización corporativa». Comercial Angui, una corporación costarricense, es en un 100% propiedad de Antonio Echeverría, un ciudadano cuyo principal negocio es el alimento para animales y productos relacionados.
Recientemente, las acciones de Rica Foods Inc. elevaron su cotización en la bolsa de Nueva York. Según Luis Diego Soto, directivo de la Cámara de Costarricense de la Industria Alimentaria, esto ocurre porque los inversionistas valoran que Costa Rica logró un cierre favorable para el pollo en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU.
(Fuente: South Florida Business Journal, Internet, y La Nación, 29/1/04).

De cara al TLC
«Se espera que las crecientes industrias de pollo y lácteos continúen incrementando las importaciones de maíz y soya de Estados Unidos, mientras se espera que la población, la privatización y el ingreso incrementen el consumo de trigo y arroz y, por tanto, las perspectivas de las exportaciones estadounidenses.»
(Fuente: Informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos, 24/7/98.)