Organización internacional Social Watch considera que Costa Rica está vendiendo la herencia económica, política y cultural.
Reducir los niveles de pobreza en Centroamérica es una de las metas de la organización Social Watch.
Establecer un contacto directo y efectivo con una red social constituida por «ciudadanos de a pie», así como organizaciones de defensa civil para cumplir los «Objetivos del Milenio» en países del Tercer Mundo, es el propósito de la organización Social Watch.
Hacer conciencia entre la ciudadanía para trabajar directamente en la lucha por rescatar el modelo de desarrollo con sentido social es lo que propone esta Organización No Gubernamental (ONG) a partir de una campaña que lanzará próximamente en Costa Rica.
En otras naciones centroamericanas el plan comenzó a aplicarse con buen éxito, como en El Salvador, dijo la experta uruguaya Patricia Garcé, quien es la encargada de enlazar la campaña junto con la Red de Control Ciudadano -constituida por diversos organismos de representación civil en cada nación-.
Ella estuvo de visita en el país la semana pasada para hablar sobre este tema y tuvo la oportunidad de reunirse con la diputada Margarita Penón, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Max Esquivel (Defensor Adjunto de los Habitantes) y Tricia Hernández (Coordinadora del Área Técnica del Sector Social).
Por ejemplo, en El Salvador dicha red integra a 16 entidades que fueron contactadas por Social Watch y que proyectan los «Objetivos del Milenio», tema central de la campaña.

¿EN QUÉ CONSISTEN?

Entre dichas metas se encuentra actualizarse en temas de salud como el avance del sida y otras enfermedades crónicas.
También la terminación de la escuela primaria, el buen manejo de los recursos ambientales para no agotarlos indebidamente y concretar planes de gobierno donde se incluya el concepto de equidad de «género» aplicado a los programas educativos.
Otros son la transformación del Estado costarricense, los procesos de apertura comercial, la eficiencia, la calidad y cobertura de las políticas públicas, el desarrollo local y los procesos de descentralización.
Cada país deberá presentar sus prioridades por cumplir hasta 2015 y para ello contará con el apoyo de este organismo que tiene el apoyo decidido de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

MUCHO COMPROMISO

En un momento crucial como vive la sociedad centroamericana debido al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos es fundamental, a criterio de Garcé, crear una voluntad política. «No hace falta más retórica, sino acción», subrayó la especialista quien trabaja para proyectar los «Objetivos del Milenio» en naciones como su natal Uruguay.
Ella señaló la evidencia de que «los subsidios agrícolas llevaron a la quiebra» a importantes sectores de la sociedad como los campesinos.
«La experiencia de México es muy evidente en el gran daño que se le causó a los agricultores, quienes forman parte del 20% de la población. Prácticamente quedaron en la ruina luego de un proceso de apertura comercial que duró una década».
De estas experiencias, en criterio de Garcé, se refuerza la importancia de una buena administración para llevar a cabo las citadas metas.
«Es muy importante promover la movilización de las personas a los parlamentos, para que incidan en los aspectos de gasto social y los temas de administración, transparencia y manejo de dicho gasto».
Según la experta se trata de sumar los sectores sociales al debate. «La cultura costarricense ha sido de delegación. Se debe reanimar a la gente a ser proactiva y no reactiva», puntualizó.
Garcé se mostró esperanzada en que la ciudadanía reaccione porque «no le gusta que le toquen el Estado de bienestar». «Queda la pelea nacional. El asunto es no echarse a morir».

POCO A POCO …

Carlos Pentzke, del Centro de Estudios y Publicaciones de Alforja -institución que sirve de ligamen con Social Watch- manifestó que la ruptura de algunos monopolios como la telefonía, Internet Avanzada y de los seguros es riesgosa para Costa Rica y en un futuro deteriorará los estándares de vida.
En un estudio titulado «Vendiendo la herencia de los abuelos» afirma que «los intentos de privatizar una institución pública o un sector completo han encontrado una gran resistencia en la población».
Como antecedente de este estudio, publicado junto con la experta Ana Felicia Torres se cita que «frente a todas estas carencias se encuentra un Estado desarmado y sin recursos requiriendo urgentemente de una reforma tributaria, basada en un nuevo pacto fiscal».
«Es así como se ha ido abriendo paso un proceso paulatino pero sostenido de privatización que se inició en la década de los 80 con la venta de algunas empresas estatales dedicadas a la producción de azúcar, cemento y fertilizantes. Rápidamente en el marco de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) se iniciaron otras formas de privatización que afectaron sobre todo sectores como el de salud».

LO BÁSICO, AHORA EXCLUYENTE

Es así como los servicios de educación y salud se convierten en mecanismos de exclusión social que quedan como única opción para los sectores sociales de menores recursos económicos.
«La educación, mecanismo y espacio de movilidad social por excelencia, ha visto emerger de manera explosiva una oferta económica y técnica privada en todos los niveles. La oferta educativa crece con fuerza frente a una educación pública que no logra recibir el 6% del PIB acordado constitucionalmente», refiere la investigación.
«El TLC agudizaría la situación socioeconómica en un futuro de una manera más profunda que como hicieron los PAE», aseveró Pentzke.
En entrevista con UNIVERSIDAD, el experto asegura que «un elemento significativo por señalar es la pérdida de credibilidad de la población en instituciones fundamentales de la democracia como los partidos políticos. Las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales celebradas en 2002 mostraron una clara crítica y sanción del electorado hacia el sistema bipartidista».
También asegura que, al igual que sucede en otros países en el Mundo, existe ya un vigoroso negocio de agua para beber. «Poco a poco la población se va familiarizando con la idea de que la provisión de agua es un asunto privado. El monopolio del Estado se rompe simbólicamente».
Añade que «con una legislación antigua y una institucionalidad desarticulada y dispersa se encuentran en la corriente legislativa una serie de proyectos de ley que, de alguna forma, acogen la privatización al permitir a empresas privadas el acceso a las concesiones de agua».
Uno de los ejemplos de esta situación es la comunidad de Lorena de Santa Cruz (Guanacaste) que es «objeto de una solicitud por parte de la empresa privada para explotar uno de los mantos acuíferos más ricos del cantón. En este lugar se encuentra uno de los principales humedales del sitio».
En la síntesis histórica hechas por los citados estudiosos se menciona que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha anunciado una crisis de suministro de agua potable en 2015.
«La campaña propone metas globales: que los municipios deben cumplir sus propios compromisos y generen presión sobre el parlamento. (…) Incluso, proponemos que los indicadores sociales de cada país estén disponibles mensualmente en cada nación».
La meta es que Social Watch junto con el Centro de Publicaciones Alforja, la ONU, las alianzas con las organizaciones civiles y las personas que se les quieran unir, ayuden a 21 de cada 100 familias pobres de cada país; y estructurar así un cambio social para las clases sociales menos favorecidas.