El TPA y los Trade Act son legislaciones que motivarán parte del debate previsto este año para el trámite del Tratado de Libre Comercio en la Asamblea Legislativa.
Varias leyes de Estados Unidos permiten a esta nación disponer de armas comerciales y jurídicas para defender sus intereses económicos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Costa Rica, mientras el país se verá imposibilitado de hacerlo en iguales términos.

Así lo afirmaron algunos legisladores que han estudiado el tema, quienes consideran que este será otro motivo más de discusión en el parlamento cuando llegue el proyecto legislativo que dará trámite al convenio comercial.

Luis Ramírez, presidente de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) retoma una tesis crítica sobre el tratado y aseguró que no se puede aprobar tal y como está planteado.

Aunque poco antes de asumir su liderazgo en dicha fracción se mostró cauteloso sobre cómo se abordarían las discusiones sobre el Tratado, ahora planteó que debe haber una discusión pública sobre estas asimetrías jurídicas que serían ruinosas tanto localmente como para el istmo.

Cuestionó el Omnibus Trade Agreement que le dio facultades al Representante Comercial de EE.UU., Robert Zoellick para negociar y maniobrar en todos los sentidos necesarios siempre y cuando lograra las mayores ventajas financieras y económicas para su país.



TODO BIEN AMARRADO



Ramírez, quien efectúa estudios de doctorado en derecho internacional en comercio, aseguró que la ley citada va conexa con otras que también comprometen peligrosamente a Costa Rica como es el Trade Act de 2002.

Esta es una especie de ley marco bajo la cual se rigen los acuerdos comerciales bilaterales entre Estados Unidos y otras regiones después de firmarse tratados con Chile, México y Jordania, este último considerado como el modelo por seguir tomando en cuenta las grandes ventajas obtenidas.

«Son legislaciones que van concatenadas a una forma de sometimiento», dijo Ramírez.

«El Trade Act es una de las muchas leyes estadounidenses que le permiten pasar por encima a los mismos tratados comerciales, lo cual se denomina «trade remmedies», que son una manera de enfrentar los aspectos que ellos consideren inconvenientes y no fueron contemplados en las negociaciones».

Incluso, dijo que otro Trade Act de 1974 es muy protector del comercio norteamericano y en su sección 302 establece normas que incumplen convenios comerciales definidos con otras naciones.

El parlamentario citó también los impedimentos que presenta la legislación sobre seguros según las enmiendas Collins y Manton.

La primera especifica que las empresas extranjeras instaladas en EE.UU. en negocios de los seguros deben tener por obligación un 51% de acciones de estadounidenses.

La segunda estima que no puede haber capital foráneo para participar en las ventas del sector público.

«Entonces, ¿cuál libertad de comercio se va a dar, especialmente en el área de seguros y telecomunicaciones si solo se podrá funcionar en un solo sentido?», se cuestionó Ramírez.

De ahí que para él son fundamentales las conversaciones con la legisladora Laura Chinchilla de quien se ha dicho tiene una relación muy estrecha con el precandidato liberacionista y exmandatario Óscar Arias, quien apoya con vehemencia el TLC.

Ramírez considera que la posición arista se ha flexibilizado y espera lograr una apertura conveniente para que Liberación Nacional no apruebe sin cláusulas interpretativas un tratado que marcará el futuro del país.

Aunque el Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos dijo en febrero anterior que no es posible introducir ese tipo de cláusulas denominadas también «reservas», Ramírez asegura que eso es inexacto. Pronostica que este será otro de los aspectos «calientes» durante el debate legislativo.

Sobre este punto se quiso conversar con Chinchilla, pero no fue posible localizarla al cierre de la presente edición.

En un comunicado de prensa enviado el año pasado, la diputada hizo algunas observaciones sobre la forma como se estaban negociando los artículos de temas agrícolas y también hizo hincapié en el capítulo de Propiedad Intelectual.



MÁS OBSERVACIONES



El diputado Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana (PAC) también hizo señalamientos sobre las regulaciones que «de arranque» dispone el Trade Promotional Authority (la Autoridad Promocional de Tratados -TPA–) de los Estados Unidos.

«La diferencia entre la legislación de Costa Rica y de ese país es que el grupo negociador de ellos para poder cumplir sus funciones necesitó una autorización del congreso de EE.UU. con definiciones muy claras de lo que debía hacer. Mientras tanto, en nuestro país los negociadores van por la libre, sin ninguna limitación y pueden comprometer cualquier parte de nuestras leyes», advirtió Carazo.

También dijo que el presidente, George W. Bush se dirigió hace tres meses al congreso de su nación sobre 22 estudios que hizo este parlamento respecto del contenido del acuerdo negociado y se abordaron temas cruciales como los referentes a trabajo, comercio y finanzas.

«Mientras tanto, en Costa Rica nos hemos informado con cartas ocultas, documentos no oficiales y sin una clara definición del Poder Ejecutivo sobre temas delicados de este convenio».

Carazo se quejó de que tanto el ministro Trejos como la Embajadora Especial para las Negociaciones del TLC con Estados Unidos, Anabel González dejaran de asistir a la Asamblea Legislativa desde el año pasado cuando daban explicaciones sobre el avance de las rondas de negociación.

«Ahora parece que la estrategia se concentra en otro tipo de públicos importantes, pero nos han dejado sin mayor explicación. Se dedican a visitar colegios y comunidades, en lugar de llegar al parlamento que es donde se van a decidir las cosas».

«En Estados Unidos, por el contrario, la autorización de un TLC va acompañada de toda una legislación llamada CAFTA Implementation Act en donde viene especificado cómo debe ejecutarse en el congreso de ese país los acuerdos a los que se ha llegado. Esto es una notable desventaja para nosotros», destacó Carazo.

Tanto Luis Ramírez como Carazo coincidieron en que existen grandes posibilidades de que el TLC no sea aprobado en 2004 tomando en cuenta las múltiples discusiones que suscitará en el plenario legislativo y en distintos sectores gremiales y sociales del país.

En esta apreciación coincidió Richard Crowther, investigador y docente de la Maestría en Evaluación de Proyectos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Para este especialista, quien se ha dedicado a estudiar los cambios económicos y sociales ocurridos en Latinoamérica por los programas de ajuste estructural así como los convenios comerciales firmados con naciones poderosas, «el TLC evidencia serias asimetrías jurídicas que nos van a amarrar de primera entrada».

Recalcó que en principio este tratado no debería firmarse como está negociado, pero que si se imposibilita esta opción, el país deberá ser muy beligerante para que se permita tener condiciones de mayor igualdad en todos los aspectos, incluidos los jurídicos.