Informe revela que Embajadora Especial para Negociaciones del TLC, al parecer recibe pagos aparte de su salario como funcionaria
Altos y cuantiosos salarios que deberán investigarse por haber sido dado como contratos por servicios profesionales sin cumplir con los elementos básicos de lo que el Código de Trabajo establece como contratos individuales es una de las conclusiones a las que llega la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en un estudio al que tuvo acceso UNIVERSIDAD.
Dentro de esos sueldos se estipula el de $8.700 mensuales correspondiente a Anabelle González, Embajadora Especial para las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos en lo que respecta al 2003.
Esta evaluación se hizo considerando los contratos por servicios profesionales para ese año financiados bajo el Convenio COMEX-Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). (Cuadro adjunto: «Pagos en cuestionamiento»).
Sobre este tema se quiso entrevistar al Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos a quien se le envió un cuestionario con preguntas detalladas desde la semana anterior pero aún al cierre de la presente edición no las contestó.

DE TODO UN POCO …

El mencionado informe revela que se han dado adquisiciones de bienes y servicios pero «no se ha requerido la aplicación del artículo 74 de la Ley de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en referencia a las cargas sociales».
Dicho estudio forma parte del memorando «A/I-144-2003» que el 10 de noviembre anterior le envió Alexander Arias, auditor interno de COMEX a Eddie Villalobos, gerente administrativo-financiero de esa dependencia.
También se detectó que los expedientes que corresponden a altos funcionarios como la Directora General de Comercio, Amparo Pacheco «no contienen la respectiva acción de personal de PROCOMER debidamente autorizada por lo que se incumple el procedimiento del convenio de ayuda técnica y financiera», según detalla otro memorando fechado 21 de noviembre de 2003 bajo la designación GAF-215-2003.
Adicionalmente, el primer informe citado señala que los salarios acordados para 10 plazas adicionales de negociadores y asistentes comerciales que han estado directamente involucrados en el TLC «no cuentan con un respaldo técnico y/o una explicación que los justifique». (Recuadro anexo: «Jugosas dotaciones»).
Otro de los aspectos cuestionados se refiere a la compra de tiquetes aéreos que de enero a agosto del año pasado llegaron a casi los ¢66 millones lo cual representa, según la auditoría, un 76% de lo que el Convenio COMEX-PROCOMER ha adquirido por este concepto.
Sobre el particular, el documento hace referencia a que «nunca se ha realizado una licitación privada ni pública a pesar de los montos tan importantes que se tienen por año y donde en promedio se ha sabido de antemano el gasto por concepto de este tipo de compra».
Los jefes de bancada del parlamento, Luis Ramírez (Partido Liberación Nacional) y Epsy Campbell (Partido Acción Ciudadana) consideraron urgente que se revisen las situaciones mencionadas en las investigaciones. Un especial interés mostró el diputado de esta agrupación política, Rodrigo Alberto Carazo quien solicitará los documentos.
Dijo que le interesará hacer una denuncia del caso en la Asamblea Legislativa para que se investigue el asunto con todo el peso de la ley.
Los anteriores legisladores consideraron de vital importancia que intervenga la Contraloría y Procuraduría generales de la República.
Federico Vargas, líder de la fracción socialcristiana aseguró que no conoce los documentos pero que los estudiará. Dijo que si se detectan anomalías que van en contra de lo dispuesto por la legislación nacional deberán ser investigadas por los organismos estatales competentes.

REVELADORAS GANANCIAS

De acuerdo con el informe del 10 de noviembre de 2003 los contratos por servicios profesionales hechos del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año incluyen a Anabel González con un pago mensual de $8.700 para una ganancia anual de $104.400.
También se incluye en el listado a Roberto Echandi, asesor comercial quien tuvo una amplia participación en las rondas de negociaciones del TLC. Su salario por dicho servicios ascendió a los $8.200 para una obtención anual de $98.400.
Se asegura que ellos, contratados bajo esa figura, «no cumplen con los elementos básicos ya que tienen sus propias oficinas cedidas por el Ministerio de Comercio Exterior en el mismo edificio de PROCOMER. Asimismo, reciben un salario en forma mensual y están bajo la subordinación del Ministro lo que hace que figuren aparentemente como funcionarios de COMEX».
El estudio explica que de acuerdo con la revisión efectuada sobre los contratos por servicios profesionales se determinó que dichas contrataciones fueron justificadas de acuerdo con el Procedimiento del Convenio de Ayuda Técnica y Financiera según los artículos 19, 22 y 23.
El auditor interno recomendó a la gerencia administrativa coordinar con el Departamento de Asesoría Legal y de Recursos Humanos para que realicen un estudio de estos contratos.
Para el análisis del trabajo se tomó en cuenta los expedientes del personal que se encuentra pagado bajo el convenio COMEX-PROCOMER, los cheques que se pagaron por concepto de adelanto de viáticos, la aplicación del Reglamento de Gastos de Viaje de la Contraloría General de la República, de Contratación Administrativa y referendo de asesorías.
También se analizó el presupuesto autorizado para el primer semestre de 2003 y el cumplimiento de las cláusulas del supracitado convenio.

DETALLADA REVISIÓN

Como parte de los aspectos analizados por la auditoría se concluyó, dentro de una muestra tomada, que en la compra de bienes y servicios «se han venido realizando contrataciones de bienes pero no se ha requerido la aplicación del artículo 74 de la Ley de la CCSS en referencia a las cargas sociales».
Este asunto es de especial interés para el diputado Rodrigo Alberto Carazo quien se muestra suspicaz, igualmente sobre los contratos de servicios profesionales que para él evaden el pago de las cuotas obrero-patronales establecidas por la Caja.
Sobre el pago del impuesto de la renta de esos contratos es otro tema que particularmente le gustaría indagar más a fondo, dijo a UNIVERSIDAD.
«Ganan puros honorarios, eso significa que no son funcionarios, no se les rebajan las cuotas de la CCSS, entonces no se entiende cómo pueden negociar en nombre de Costa Rica».
Para el parlamentario, se trata del típico Estado paralelo, «se sientan en el escritorio del Estado pero no son funcionarios estatales, son contratados de forma reiterativa lo que contraría la normativa de dicha institución de beneficencia social».
Añadió que respecto al impuesto de la renta «si acaso se les rebaja el 2%. A veces se les hace el pago mediante una sociedad anónima, como es el caso de algunos que trabajan en condiciones parecidas en el Ministerio de Hacienda pagados por la fundación extranjera FUCE».
Dijo que también sucede lo mismo con algunos funcionarios interinos de la cancillería que son pagados, «la mitad, por el Estado y la otra mitad con fondos del gobierno chino que originalmente los enviaba como parte de la cooperación internacional pero se utilizan para dicho «Estado Paralelo». PROCOMER también ha usado dinero de la fundación Costa Rica-Estados Unidos (CRUSA) para pagar a algunos de sus empleados incluída la misma Anabel González».
Este es «un conflicto de intereses» que el legislador asegura se debe tipificar en la ley como tal o, incluso, como «tráfico de influencias».
«Como parte del proyecto de Pacto Fiscal incluimos que no se dieran este tipo de contrataciones por parte del Estado, ni a personas físicas ni jurídicas. Pero en la Comisión de Asuntos Económicos donde se está viendo la propuesta lo han rechazado innumerables ocasiones los diputados de gobierno. Sin embargo, seguiremos insistiendo y en el plenario denunciaremos el asunto», destacó.

PONER LA CASA EN ORDEN

Como parte de este entramado de hechos que fueron sometidos a investigación se determinó que los expedientes de los funcionarios Amparo Pacheco, Irene Arguedas y Fernando Ocampo -todos con papeles protagónicos en las negociaciones del TLC- «no contienen la respectiva acción de personal de PROCOMER debidamente autorizada por lo que se incumple el artículo 16 del Procedimiento del Convenio en Ayuda Técnica y Financiera así como el Manual de Procedimientos» de dicho acuerdo.
Por tanto, el auditor recomienda corregir todas las acciones de este personal.
Pero el asunto no llega hasta allí. El 16 de junio de 2003 la junta directiva de PROCOMER aprobó crear 10 plazas adicionales de negociadores y asistentes comerciales pero la auditoría hace la observación de que los salarios acordados para ellos no cuentan con un respaldo técnico o explicación que los justifique.
Estas personas son Irene Arguedas -Directora de Negociaciones-con un salario mensual de ¢1,260.000; las negociadoras comerciales Mariel Picado (¢1.160.000), Viviana Santamaría (¢900.000), Erika Víquez y Alejandra Cob (con sendos salarios de ¢860.000 cada una), Margarita Umaña, representante comercial de la Unión Europea ($5.850) y Esteban Álvarez, asistente de negociador comercial (¢270.000).
Además, se cuenta a José Quirce, enviado especial a Estados Unidos por las negociaciones con $7.600.

BIEN ATRASADOS

La auditoría general también esculcó sobre los gastos realizados por Comercio Exterior para la contratación de bienes y servicios y aunque en general encontró resultados satisfactorios halló en el periodo examinado -del 1 de enero a junio de 2003-varias empresas que aparecen con cuotas atrasadas de la CCSS o que no aparecen del todo registradas como patronos.
Lo anterior contraviene, como se ha mencionado, el artículo 74 de la Caja.
Se encontró que la compañía contratada Office Systems Corporation S.A. por ¢425.000 tiene 17 cuotas atrasadas; I.P.L. Sistemas S.A. con un contrato por ¢537.372 posee 13 cuotas en esa condición, mientras que no aparecen inscritos como patronos Interfilm S.A. (¢455.312) y Moviservice S.A. (¢710.000).
Respecto de la compra de tiquetes hecha bajo este convenio se determinó que entre enero de 1999 a agosto de 2003 se gastaron poco más de ¢200 millones.
Solo para el lapso analizado de 2003 se erogaron casi ¢66 millones, que contrastan con los ¢58,7 millones del año completo de 2002.
Estas adquisiciones no se hacen bajo «cotización alguna, en su lugar, a criterio de la Oficialía Mayor, distribuyen la compra de tiquetes aéreos con varias agencias de viajes, de manera que haya equidad en las mismas».
«Es importante hacer varias aclaraciones, en el caso del Convenio Comex-Procomer no se viene cumpliendo el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios de la Promotora. (…) En su lugar, se ha venido realizando un procedimiento paralelo que si bien es cierto tiene algunos controles, en términos generales obvia los establecidos en la normativa oficial de la Promotora».
Incluso, «nunca se ha realizado una licitación privada ni pública a pesar de los montos tan importantes que se tienen por año y donde en promedio se ha sabido de antemano el gasto por concepto de este tipo de compra».
Además, se contabilizan gastos importantes del 1 de enero del año pasado al 30 de junio del mismo.
Por ejemplo, en gastos presupuestados según la contabilidad se dispusieron ¢24 millones para información y publicidad, ¢17 millones para impresiones, ¢53 millones para gastos de viajes al exterior, ¢110 millones por honorarios y consultorías, ¢22 millones por artículos y gastos de recepción y cerca de ¢159 millones en salarios, entre otros rubros.
Cabe destacar que en gastos operativos del Convenio COMEX-PROCOMER -sueldos, honorarios, consultorías, artículos y gastos de recepción, así como equipos de cómputo- se gastaron $226.000 (¢97.858.000)más entre el 2003 y lo que se lleva del 2004, lo cual significa un incremento del 23%.
Como parte de este mismo convenio pero enfocado al TLC con Estados Unidos los gastos se incrementaron.
PROCOMER gastó $414.422 más para el periodo citado de 2003 (lo cual representa un incremento del 45%), una suma de la que se descontó $203.726 que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el año pasado.
No aparece dentro de la contabilidad oficial otra donación que según el diputado Rodrigo Alberto Carazo se hizo en febrero anterior por $250.000 a cada país centroamericano para financiar la campaña sobre el TLC lo cual consideró un uso indebido de fondos públicos que también debe ser sujeto de investigación.

PAGOS EN CUESTIONAMIENTO
La Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) recomendó a la Gerencia Financiera de esta entidad hacer una investigación sobre los siguientes contratos por servicios profesionales en los que participan funcionarios de planta.
Se hace la excepción de que «al asesor legal se le ha venido contratando continuamente pero se viene cumpliendo con la figura establecida para contratación por servicio profesional».

Nombre

Monto mensual

Monto anual

Puesto que ocupa

Allan Thompson Chacón

¢700.000,oo

¢8.400.000,oo

Asesor legal

Víctor Hugo Paniagua

¢375.000,oo

¢4.500.000,oo

Asesor legal

Anabel González

$8.700,oo

$104.400,oo

Embajadora
Comercial

Roberto Echandi

$8.200,oo

$98.400,oo

Asesor comercial

JUGOSAS DOTACIONES
Los siguientes negociadores comerciales reciben un sueldo superior al establecido por la tabla de calificaciones del Ministerio de Hacienda por la que son tipificados como profesionales de ese tipo en categoría 3. Su salario de contratación por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) revela las diferencias sin una justificación técnica de fondo según la Auditoría de COMEX.

Funcionaria

Salario de contratación en PROCOMER

Salario de negociador 3 según el Presupuesto Nacional

Diferencia

Mariel Picado

¢1.160.000

¢701.390

¢458.610

Alejandra Cob

¢860.000

¢701.390

¢158.610

Erika Víquez

¢860.000

¢701.390

¢158.610

Viviana Santamaría

¢900.000

¢701.390

¢198.610

PUNTOS CANDENTES
Estos son algunos de los aspectos más cuestionados por la evaluación que se efectuó sobre el Convenio COMEX-PROCOMER:



* Se observó que a algunos expedientes de personal les hacía falta varios requisitos como currículos, firma del funcionario y de algunos responsables administrativos.

* No se viene aplicando correctamente la normativa de la Promotora en referencia a los recursos humanos en términos de justificar un salario, funciones y responsabilidades.

* En algunos casos no se ha aplicado correctamente el Manual de Procedimiento del Convenio firmado entre las partes.

* Se hizo una prueba de control de los activos fijos, que fueron adquiridos bajo el Convenio y se logró determinar que algunos de ellos no se encuentran registrados por COMEX. Entre estos se encuentran teléfonos celulares y mueblería de oficina.

* Se analizó la adquisición por contratos de asesorías y si se necesitaba el refrendo por parte de la Contraloría. Sin embargo, no han existido nuevos debido a que la administración decidió incluir a ciertos funcionarios como parte de la planilla de la Promotora dentro del Convenio COMEX-PROCOMER.

* En la adquisición de tiquetes aéreos no se ha seguido el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios ya que no se han venido efectuando cotizaciones.

* Se determinó que se ha efectuado satisfactoriamente la conciliación del presupuesto entre las partes.



FUENTE: Memorando de COMEX A/I-144-2003 del 10 de noviembre, 2003.