Este es el momento para que por fin la Asamblea Legislativa apruebe sanciones para quienes lucran desmedidamente  y exploten de forma ilegal los recursos marinos y pesqueros del país.

Seis años son ya demasiado y son los que lleva el Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura dando vueltas en la Asamblea Legislativa, sin que se le dé carácter de urgencia. Pero finalmente, esta semana llegó al plenario y se espera que en los próximos días se le incorporen las últimas correcciones y sea aprobado.

La importancia del proyecto radica en que desde febrero de 1995 no existen sanciones para quienes cometan infracción a la Ley de Pesca y Caza Marítima vigente (1948).Las débiles y obsoletas sanciones que ésta establecía fueron anuladas por una resolución de la Sala Constitucional, a favor de una denuncia impuesta por un pescador. Gracias a esto, desde ese momento no se sanciona el uso de herramientas de pesca ilegal, ni existen multas ni penas de prisión para quienes extraigan las aletas a tiburones con fines de exportación.

El proyecto señala, por ejemplo, tipos específicos de sanciones para la pesca ilegal, y la caza o pesca de tortugas, delfines o ballenas. Impone de uno a tres años de prisión a «quien persiga, capture, hiera,  mate, trasiegue o comercialice quelonios, mamíferos marinos o especies acuáticas declaradas en peligro de extinción. También establece mayores multas y años de prisión en caso de la corta de aletas.

«Se impondrá pena de seis meses a dos años de prisión a quien permita, ordene o autorice la descarga de aletas de tiburón sin el respectivo cuerpo o vástago, en los sitios donde se recargue dicho recurso, con la finalidad de vender o comercializar dichas aletas», dice el texto.



ASPECTOS DE CUIDADO



La organización no gubernamental Marviva realiza una campaña para presionar por la aprobación de esta ley y ha trabajado en mejorar el texto, en conjunto con los diputados.

María Virginia Cajiao, gerente de asuntos legales de Marviva, opinó que aparentemente ahora existe toda la anuencia para aprobar la ley, que requiere las dos terceras partes de votos de la Asamblea.

«La única sanción que existe es que si se encuentra un barco de pesca en una zona prohibida, se le quita la licencia».

Cajiao formó parte de una Comisión Mixta Interinstitucional Marino-Costera, que presentó observaciones al proyecto de ley y según aseguraron los diputados de la comisión encargada, se incorporarán en forma de mociones cuando el proyecto se vea en el plenario.

La Comisión advirtió por ejemplo, que «el permiso para la pesca didáctica podrá comprender la comercialización de las capturas que se obtengan»; pero esto definitivamente abre un portillo al permitir la comercialización del producto pesquero cuando sea para fines científicos.

Luego, el texto prohíbe la pesca de especies y áreas vedadas «excepto los volúmenes que el Incopesca autorice mediante permisos específicos y temporales para fines científicos»; esto también sería una alcahuetería para que se comercialicen especies en veda.

También se pidió aclarar que el Incopesca podría autorizar el desembarque de productos pesqueros «sólo en muelles autorizados».



PIDIERON MORATORIA



Como muchas descargas se realizan en muelles privados, organizaciones como PRETOMA han denunciado irregularidades en estos desembarques, de los cuales son responsables tanto Incopesca como las autoridades de Aduanas.

«Hemos pedido una moratoria para el desembarque de aletas de tiburón, hasta tanto el Incopesca no tenga el personal suficiente», explicó Cajiao.

Ahora está vigente el Reglamento para la protección, aprovechamiento y comercialización del tiburón y sus aletas, el cual autoriza a profesionales del Colegio de Biólogos para labores de fiscalización. Si bien este reglamento (octubre de 2003) prohíbe tirar los cuerpos de los tiburones al mar, una vez que se les han cortado las aletas, y exige una «correcta proporción» entre los cuerpos y aletas de tiburón que se descargan, derogó el decreto (2001) que anteriormente prohibía el aleteo (descarga de aletas despegadas del cuerpo).

Randall Arauz, presidente del Proyecto de Restauración de la Tortuga Marina (PRETOMA), otra organización no gubernamental que trabaja en la protección de los recursos marinos, declaró que lucharon para que se incluyera en el proyecto de ley el artículo que exige que el tiburón que se descargue venga con las aletas adheridas, y que se estipulan sanciones en caso de incumplimiento.

Otra observación es que en toda la ley no se menciona el Código de Conducta de Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el cual empezó a regir en el país en 1999.

Se le consultó a Cajiao qué protección o ayuda se le brinda a los pescadores locales pequeños ante la competencia foránea, como parte del proyecto. Ella mencionó que, de forma paralela a este proyecto se aprobó la construcción de una lonja pesquera o mercado, para que los pescadores comercialicen su producto y reducir el poder de los intermediarios; también se tramita el proyecto de un fideicomiso para el sector pesquero.

DESDE HACE SEIS AÑOS
-Desde 1998 se empieza a trabajar con el expediente Nº 13.248, que vendría a reformar la Ley de Pesca y Caza Marítima vigente (1948).

-En febrero de 2000 el Gobierno convoca el proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura, como parte del combo agrícola, pero no pasa nada.

-En noviembre de 2002 se dictamina el expediente 15.065, que es el texto actual que se discute.

-El año pasado le dan dispensa de trámite y entra al plenario. Forman la Comisión Mixta Interinstitucional Marino-Costera, que presenta observaciones a la Comisión legislativa ad hoc que dictaminó el proyecto. Debían volver a analizar casi 200 mociones.

-En octubre la comisión presentó texto sustitutivo.

-En noviembre la Asociación Marviva presenta observaciones sobre inconsistencias.

-En enero de este año el presidente Abel Pacheco convoca el proyecto, pero tres días después lo retiró.

-El 1° de mayo el proyecto se retoma en la agenda de sesiones ordinarias y llega al plenario.

-La semana pasada suspende el trámite por siete días para incorporar las últimas observaciones

-El 24 de abril volvió a llegar al plenario.

Fuente: Marviva y revisión de prensa.