«Daremos nuestro mayor esfuerzo para que en el país no haya una cultura de muerte, de sicarios», dijo el Fiscal General a periodistas del Semanario: Laura Martínez, Héctor   , Fabiola Pomareda, Ana Incer y Eduardo Ramírez.
Inclinado porque los casos complicados sean elevados rápido a juicio con el debido sustento legal y sin atropellar el derecho de los imputados, el fiscal general Francisco D’Allanese, en entrevista con UNIVERSIDAD se refirió a investigaciones vinculadas a los asesinatos de comunicadores, corrupción en funcionarios públicos y privados, y la disputa agraria en Bambuzal.
El Jefe del Ministerio Público (MP) afirmó que unas pocas personas corruptas del sector público y privado han venido pudriendo el saco, y no descartó que pudieran darse nuevas  detenciones dentro de la indagación sobre la relación comercial de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Corporación Fischel.
D’Allanese atendió en su despacho por más de una hora a periodistas de este Semanario: Laura Martínez, Ana Incer, Fabiola Pomareda y Eduardo Ramírez, quien procesó la información. A continuación un resumen de la entrevista.
 

-Desde que usted asumió el cargo de fiscal general se han producido detenciones por el caso de Parmenio Medina, y de empresarios por las investigaciones de la CCSS. Eso ha mandado una señal a la ciudadanía de que la impunidad ha disminuido y que nadie está libre de ser procesado judicialmente. ¿Comparte usted esta opinión?

-Me parece que el Ministerio Público ha cambiado un poco. Tengo como meta convertirlo en un órgano de reacción inmediata, como corresponde a la naturaleza que le da el nuevo código procesal penal. Todavía no se puede actuar con la velocidad que quisiera, pues hay variables en contra, como el presupuesto limitado y la falta de recursos materiales. Ligado a la concepción de reacción inmediata de los fiscales, se debe tener claro que en una democracia no hay intocables y creo que hemos dado muestras claras de esto.

¿Cuál podría ser la muestra de que nadie está fuera del alcance de la ley?

– En una democracia nadie está por encima de la ley y la misión del MP es que esto se cumpla. Hemos seguido causas contra abogados, políticos, comerciantes, funcionarios públicos de alto rango, religiosos; actuaremos contra todo aquel sospechoso de cometer un delito.

¿La Fiscalía en algún momento ha valorado investigar al obispo Ángel Sancasimiro?

– Ya lo ha hecho dos veces. La primera se desestimó y la segunda no ha terminado. En materia penal la legislación es muy restrictiva: la conducta que se investiga tiene que corresponder a lo penal y si no coincide no hay delito, y ni siquiera podemos iniciar la investigación; por eso en el primer caso se desestimó. En el caso actual desconozco el expediente, por lo que no puedo emitir criterio.

Recientemente grupos de derechos humanos -como la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (CODEHUCA)- han denunciado que hay una escalada de represión por parte del Poder Ejecutivo, tanto en el manejo de lo que ocurrió en La Carpio, como del arresto de jóvenes de la agrupación «boboshanti». ¿Comparte usted esta opinión?

-No. A mí me parece que hubo una manifestación en La Carpio con acciones delictivas y el MP coordinó operativos para detener a esas personas nada más; no hubo redadas y las detenciones fueron posteriores al zafarrancho.
Con los boboshantis hubo que intervenir porque había de por medio drogas: el hecho de que no se reprima el consumo no quiere decir que se permita el tráfico. No tengo noticias si se acreditó en probabilidad o no, pero había temores de que existieran actividades sexuales en perjuicio de personas protegidas (menores de edad). En todo caso, se han formulado varios hábeas corpus contra fiscales y contra mí, y todos han sido declarados sin lugar por la Sala Constitucional. En este sentido, tengo la conciencia tranquila de que no hemos rebasado los límites que nos impone la ley.

¿Recibe presiones o amenazas el Fiscal, tomando en cuenta que ha realizado detenciones de personas importantes?

– Mentiría si digo que he recibido alguna presión política. Lo más cercano a esto fue la sugerencia que hizo un diputado para que se acusara a alguna persona, durante la comparecencia a una comisión legislativa. Ahí les hice saber que no los iba a complacer y que el MP no iba a atender la conveniencia política de los partidos, y tampoco iba a ceder ante lo que quisieran los magistrados, el presidente, los diputados, ni nadie. De los magistrados tampoco he recibido ningún tipo de presión; ellos saben muy bien cómo soy yo y pueden estar seguros de que cuando lo hagan, eso se va a saber. Igual ocurre con los imputados.
Ha trascendido que un cuerpo especial de la policía me brinda cierta protección, pero esto responde a que después de las primeras detenciones que hizo la Fiscalía al asumir yo el cargo, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) -Jorge Rojas- recomendó dicha medida.

En el caso de la CCSS, ¿ustedes se van a limitar a investigar a la corporación Fischel o van a incluir a otros grandes proveedores?

-La Caja…es una caja de sorpresas, una caja de Pandora (risas); cada vez que se abre algo saltan montones de cosas y los casos son demasiado grandes. Forman un combo muy grande y la directriz es que se vayan agotando los casos y que los otros hagan fila. En algunos ya están por acusarse; se han atrasado porque una de las fiscales que ya tenía casi listos los expedientes fue operada. La idea es no crear toneladas de papel, como en los asuntos del Fondo Nacional de Emergencias, el Banco Anglo, sino que conforme esté listo se eleve de una vez a juicio, para así ver la eficacia del trabajo y que la población no tenga que estar esperando; cuando el tiempo pasa y no se ve que la justicia sea eficaz, el sistema pierde legitimidad, aun cuando el trabajo se haga bien. Además, los propios imputados tienen derecho a que se les procese y no esperar indefinidamente, con esa angustia que representa estar sometidos a este proceso. Para el MP y los jueces, no es lo mismo tener pequeños capítulos que se pueden agotar en fases cortas, que juicios enormes que duran muchos meses, y que producen un desgaste tremendo, aparte de que aumentan el margen de error a la hora de dictar sentencia y por consiguiente la elevación a casación se facilita para la defensa.

En este mismo caso ¿ustedes prevén hacer más detenciones?

-No que yo sepa. No he estado muy pendiente en los últimos días de la fiscalía de delitos económicos, debido a exigencias de índole administrativo.

Según dijo un representante de Transparencia Internacional, tan corrupto es el empresario que corrompe como el funcionario que se deja corromper. En este sentido, ¿habría nuevas detenciones de empresarios en el país?

– De momento no sabría decirlo (se ríe). A veces ustedes hacen preguntas y uno no sabe, pero en otras ocasiones uno sí sabe y no puede decirlo, porque pone  sobreaviso a la gente, entonces no puedo cantar cuando vamos a hacer una jugada.
Hay funcionarios públicos corruptos y hay empresarios corruptos. No todos. Creo que la mayoría de la población es gente honrada, pero unos pocos que juegan a evadir impuestos, a sobornar funcionarios públicos para obtener concesiones o licitaciones, han venido pudriendo el saco; y entre estos últimos, del sector privado y del público, han descalabrado al Estado. Esto es algo innegable, y a eso es a lo que nos vamos a enfrentar. No creo que el MP le haga un favor al país, escogiendo los pequeños actos de corrupción. Sería como pensar en el narcotráfico y limitarnos a las pequeñas ventas de «piedra» o de gramos de «coca». Lo que interesa es desarticular la banda y llevar a prisión a los «capos». Eso se está haciendo en robacarros, corrupción, esperamos hacerlo en delitos sexuales. Por eso, la política de persecución tiene un giro, pues queremos trabajar en proyectos más ambiciosos. A veces carecemos del dinero para realizar la investigación.

¿Qué diría usted ante la apreciación de algunas personas, de que las investigaciones en la CCSS de alguna manera contribuyen a alimentar una imagen negativa de la institución: malos manejos, burocracia, corrupción, lo cual eventualmente ayudaría a justificar la propuesta de privatizarla o «corporativizarla»?

– La decisión de privatizar la Caja, es una decisión política. No tiene que ver con el trabajo del Ministerio Público. Lo que hace no tiene ninguna intención política, excepto que se apliquen las leyes. Bajo la excusa de que de esto se pueden aprovechar para privatizar la Caja, el MP no puede quedarse observando -como un espectador- las noticias de corrupción que nos están llegando. Por eso es que mi deseo es que haya Caja por siempre, y que las señoras puedan tener sus hijos en camas decentes y no debajo de los puentes o en los ranchos, y que haya sistemas de pensiones para todos esos viejitos que piden limosna como nunca se había visto en este país, lo cual la Caja había evitado hasta hace poco, y que de alguna manera tiene su fuente en el deterioro que ha sufrido esa institución.

En una entrevista que le hicimos en enero pasado usted nos había dicho en relación con el asesinato de Parmenio Medina, que en marzo ya podría ir a juicio. Obviamente esto no ha ocurrido y más bien se pidió una ampliación del plazo. ¿Por que se da esto?

-Hay variables externas en este trabajo. El trabajo de los abogados y de los fiscales (los fiscales somos abogados) implica poner los mejores medios, y los resultados dependen en muchos casos de variables externas. En este caso, el juez penal no ha podido terminar de transcribir las intervenciones telefónicas. La Corte asignó tres jueces de refuerzo y no han llegado a trabajar en las fechas que se dispuso; no sé a qué razón se debe y eso es un problema de la Corte Suprema. Aparte de esto hay una constante actividad de la defensa: con diez defensores, quienes están constantemente formulando incidentes y articulaciones que implican atención de audiencias. Básicamente puedo decir que el caso está terminado y lo que esperamos son las transcripciones, las cuales deben ser hechas por jueces, debido a lo delicado que son los contenidos de la conversaciones. Las personas deben ser protegidas, para no lesionar el derecho a su intimidad cuando lo dicho no ataña a la investigación.

A partir de los dicho por imputados en el caso Parmenio, en la entrevista de enero se había comentado sobre la eventualidad de que hubiera posibles figuras políticas implicadas. En el punto en que está la investigación y con la información recogida, ¿podría haber intereses políticos tras su muerte?

-Aparte de rumores que se han hecho circular, no hay nada al respecto. Se ha tratado de desviar la investigación hacia ciertas personas o elementos -como los balazos en un árbol-; no tenemos elementos para afirmar que haya otras personas detrás de esto. Si las hubiera y encontráramos elementos, indiscutiblemente lo investigaremos.

¿Cómo ha evolucionado el caso: como usted lo esperaba o ha habido sorpresas?

-Para mí lo más sorpresivo ha sido la constante actividad de la defensa, que ha motivado una intensa actividad del MP y un desgaste con tanta incidencia, de las cuales solo en una no se nos dio la razón, que fue cuando se puso en libertad a uno de los imputados, y que otra vez está preso.

Durante la etapa de investigación del caso de Parmenio han existido muchos rumores,  personas que se desdicen, contradicciones, y en general situaciones confusas. ¿Podrían las personas perder confianza en el MP por esta situación?

-Hay una cosa que es importante. La legitimidad de la institución ante un  pueblo es muy importante, pero el MP no puede actuar en función de lo que piensen los espectadores, sino de lo que pueda llevar a los tribunales, porque si jugamos para la gradería -como se dice en el fútbol- entonces tenemos un juego preciosista, no anotamos, y al final no ganamos el partido. Tenemos una misión y es llevar el proceso adelante, hasta la sentencia, y que el juez resuelva. La administración de justicia no es un tema de encuestas, ni de ver qué quiere la mayoría. A pesar de que se hayan desdicho testigos, el MP cuenta con un soporte probatorio que ha permitido que los jueces mantengan las medidas cautelares, y lo importante es que salga airoso en las argumentaciones ante los tribunales. En el juicio la Fiscalía no va a plantear una probabilidad, sino a probar con certeza, y esto hace una diferencia; aquí interviene también la mentalidad de los jueces que vayan a juzgar y valorar las pruebas.

Usted dijo en nuestra entrevista anterior, que era un juez garantista, pero algunos imputados se han quejado de presuntas presiones y de que la Fiscalía no sigue el debido proceso. ¿Cuánto hay de cierto en estas afirmaciones?

-El MP no puede hacer algo que tenga que ver con las garantías constitucionales si no es bajo el control de un juez. Si pretende un allanamiento, debe ser autorizado por un juez, al igual que medidas cautelares debidamente fundamentadas, o intervenir teléfonos. El juez es quien decide. De manera que el control de garantías siempre está pesando sobre nuestra actividad y no es la Fiscalía la que decide arbitrariamente qué hacer.

Respecto a los asesinatos de Parmenio Medina e Ivania Mora, cuando usted recién asumió la Fiscalía dijo que parecía más difícil de resolver el de esta última; sin embargo, pareciera que la situación se invirtió. ¿Qué factores influyeron en este cambio?

-Hay factores importantes. Institucionalmente tenemos muchas lecciones aprendidas en un caso: qué se hizo, qué se dejó de hacer. En el caso de Medina, había un grado de dificultad importante y se tardaron muchos meses en una investigación muy ardua a cargo de la Lic. Leda Méndez -entiendo que supervisada por don Carlos Arias (anterior fiscal)-. Cuando entro yo al MP el caso está maduro para presentar a los tribunales. Eso revela que sí hubo una importante actividad de la policía; cada uno tiene su forma de hacer el trabajo.
En el caso de Ivania Mora, la actividad fue menos visible, pero más depurada, con una mayor actividad de inteligencia, vigilancia, seguimiento, rastreos y buena coordinación. Aquí quiero destacar el trabajo profesional de los policías de homicidios del OIJ, quienes incluso aportaron recursos propios. En este caso -bajo la responsabilidad de las fiscales Zulay Rojas y Ligia Cerdas- yo puse un interés especial, en coordinación con Jorge Rojas, director del OIJ. Quiero destacar que el compromiso del MP, del OIJ y del Ministerio de Seguridad Pública, es que -en la medida de lo posible- vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para que en el país no haya una cultura de muerte, de sicarios.

El uso de «testigos de la corona» ¿no le resta credibilidad a un caso y se convierte en un riesgo para las investigaciones, como ocurrió con el colombiano John Gilberto Gutiérrez?

-En lo de John Gilberto como testigo de la corona, esta fue una negociación hecha antes de mi gestión. Se hizo el 11 de noviembre y yo entré al MP el 1 de diciembre. En un principio eso funcionó, pero después él comenzó a pedir cosas que la legislación no permite, y en función de eso cambió su versión; por eso se le desechó como testigo. Le reste credibilidad o no es un tema político, ya que así lo establece la ley, y ellos siempre son sospechosos. Con lo ocurrido con este testigo ahora tenemos una posición más conservadora y será usado como último recurso.

¿Hubo en el caso de Farid Ayales un trato preferencial para no enviarlo de nuevo a prisión?

-Este caso lo resolvería el juez a cargo, quien debe definir si le daba cabida a dictámenes médicos que presentó su defensa. En todo caso, la Fiscalía peleará para que se le cancele la libertad condicionada.

Respecto al conflicto por la finca Bambuzal, el juzgado agrario de Guápiles dio una resolución en menos de 24 horas en  favor de la empresa Standard. Ha  habido resoluciones contradictorias, como cuando anulan la medida cautelar de diciembre del 2002. Ni el juicio penal ni el agrario avanzan. ¿Por qué no se ha convocado a un perito que determine si Bambuzal está dentro de la gran finca que la Standard reivindica como parte de su propiedad?

-La  resolución no es penal, sino agraria. No he tenido acceso a ese expediente. He visto dos resoluciones al inicio del asunto, cuando el Arzobispo me llamó a un reunión con abogados de las personas que reclaman la finca, Otto Castro y Héctor Monestel. Allí ellos dijeron que había una resolución que los favorecía. Fui personalmente a Sarapiquí, para verificar si existía esta resolución, pero esta fue anulada; Monestel apeló y se confirmó la anulación. Es decir, me ocultaron la información. Después le informé al Arzobispo que lo actuado por el MP era lo correcto y eso es lo único que sé del asunto.
En cuanto al peritaje, no sé cuál es el criterio del fiscal. Hay una discusión sobre ese terreno en un juicio agrario y hasta ahora le han dado la razón a la Standard. El problema es que en materia de usurpación penal no se discute la propiedad de la tierra, sino la tenencia; es decir, quién es el poseedor de ella.