La corporación Fischel financió este folleto como parte de su apoyo al programa «Escuela segura, comunidad segura», de la Fundación Arias.
La Fundación Arias debió entregar al Ministerio Público los $8.000 donados por la Corporación Fischel para uno de sus programas, en vez de devolverlos a la empresa.

Con este argumento, la diputada Marta Zamora del Partido Acción Ciudadana, anunció que propondrá en la Asamblea Legislativa exigir que la Corporación entregue ese dinero a la Fiscalía, mientras concluyen las investigaciones sobre el posible mal uso de un crédito finlandés para la compra de equipos médicos por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, este fue parte de un cuestionamiento más amplio de Zamora sobre los vínculos entre los partidos políticos y las empresas privadas, y la toma de instituciones públicas como «botín», en un momento en que el país pone bajo examen los manejos de quienes calificó como «los políticos-empresarios».

«Son los mismos que se pasan la pelota en las juntas directivas de las empresas. Es el tema que los ticos conocemos bien, del político-empresario. Abogan por el libre comercio para favorecer a sus empresas. Esa ha sido la historia de los últimos 30 años en Costa Rica. Esto es lo que le duele a la gente. No olvidemos la historia de Millicom, que fue un escándalo», dijo.

En el caso que involucra a la Corporación Fischel, tres integrantes de su Junta Directiva renunciaron el 29 de abril pasado, esto es, ocho días después de que el diario La Nación diera a conocer que su entonces gerente financiero, Olman Valverde Rojas, alquiló una casa al entonces presidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas, en $2.500 mensuales.

Se trata del expresidente ejecutivo del Banco Central y exdirectivo del Grupo Sama, Eduardo Lizano Fait, miembro del comité de vigilancia de Corporación Fischel, del exministro de Comercio Exterior, José Rossi Umaña, director uno de la empresa, y Catalina Bruce Holst, tesorera e hija del presidente de la junta directiva, Emilio Bruce. (LN, 21/5/2004).

José Rossi también es presidente de CORMAR, cargo que retuvo a pesar de que en junio del año pasado la empresa fue adquirida por la estatal Correos de Alemania. Las bodegas de CORMAR fueron allanadas hace dos semanas por el Ministerio Público, en relación con la investigación que realiza del caso Fischel.

Un reporte de la bolsa de valores Nasdaq, de 1997 indica que ese año CORMAR entabló una alianza estratégica con Air Express International (AEI), empresa que tiene una filial en Finlandia, pues su estrategia es «invertir en sus agentes en todo el mundo. Costa Rica marca el sexto país (inversiones previas se dieron en Noruega, Dubai, Finlandia, España y Corea).» (Ídem)



DEVOLUCIÓN AL ESTADO



Respecto del dinero devuelto por la Fundación Arias a la Corporación Fischel, la diputada cuestionó el hecho desde dos ángulos.

«En primer lugar, no me parece convincente la explicación que dio el director ejecutivo de la Fundación. Levanta sospecha que haya recibido la donación si estaba sucediendo algo anormal. Lo mínimo que uno podría esperar es que no lo recibiera hasta que no se aclarara el caso», dijo.

«En segundo lugar, la Fundación Arias no debería haberle devuelto la plata a la Fischel, sino al Estado. Pero se la entregaron a quien le ha hecho daño a la Caja. Incluso, esto no fue inteligente, pero, claro, entregárselo a la Fiscalía hubiera sido reconocer el posible vínculo con el caso del financiamiento finlandés. Lo devuelven para quitarse una brasa de las manos. Nosotros estamos en el espíritu de exigir que la plata sea entregada por la Fischel al Estado», añadió.

No obstante, Luis Alberto Cordero, director ejecutivo de la Fundación Arias, insistió en que actuó de buena fe y dijo compartir «el mismo repudio e indignación de los costarricenses» con respecto al caso del crédito finlandés.

«No recurriré al manoseado «el que no la debe, no la teme», pero aquí aplica. También la Fundación Arias comparte la indignación por eso que se imputa a la Corporación Fischel. No tenemos ningún remordimiento. Yo soy abogado, pero no entiendo cuál es la preocupación. No devolvimos el dinero por creer que deba ir al Ministerio Público, sino por repudio a los actos de Fischel y de figuras políticas. Sentimos la misma indignación de los costarricenses. Estamos en la actitud más abierta. Vincular esto con operaciones del préstamo finlandés es un acto de mala fe», expresó.

Cordero también dijo que la donación fue iniciativa del Programa de Acción Social de la Clínica Bíblica.

«Veníamos trabajando en el proyecto «Escuela Segura, Comunidad Segura». La gestión no la hicimos nosotros. Quien la propuso fue el Dr. Roberto Rodríguez, del Programa de Acción Social de la Clínica Bíblica, alumno del Dr. Scott Polland, quien realizó una capacitación a 200 funcionarios del Ministerio de Salud, los días 14 y 15 de mayo. Él buscó el financiamiento para traer a Polland, con auspicio de la embajada americana, la Fundación Arias y Farmacias Fischel. Fue una gestión verbal del Programa de Acción Social de la Clínica Bíblica. Fischel respondió y donó el dinero. De los $8.000 se gastaron $6.500 en traducciones y honorarios», explicó.

Dijo que al haber retornado el dinero, «la Fundación Arias absorbió ese costo, pues ya los gastó.»

Cordero entregó a UNIVERSIDAD copias de un folleto producido con el apoyo de las entidades citadas, de las facturas en que se gastaron $6.409,92, y del comprobante por el depósito de $8.000 hecho por la Fundación a la cuenta de la Corporación Fischel S. A., en el BAC San José, el 15 de setiembre de 2004, devolviendo el dinero.

UNIVERSIDAD preguntó a Cordero por qué la Fundación aceptó la donación después de las revelaciones de La Nación.

Cordero respondió que «la donación se recibe dos a tres días después de la primera publicación de La Nación. El asunto empieza a crecer. A finales de junio se ha ejecutado casi todo. Uno se queda pensando, nos vamos dando cuenta de lo profundo que es esto. Cuando la Fundación Arias leyó el informe a la Junta Directiva, esta le ordena devolver el dinero y continuar con el proyecto. Nos fuimos dando cuenta que fue equivocado, que hubiera sido preferible no hacerlo, pero no estamos preocupados, ni tenemos dudas ni remordimientos. Más allá de lo que los señores diputados crean, están mezclando una cosa con otra.»

Pero UNIVERSIDAD verificó posteriormente que la publicación de La Nación fue el 21 de abril, mientras que la donación fue recibida el 27 de abril, esto es, seis días después de conocida la posible relación entre la Corporación Fischel y Vargas.

Cordero también aseguró que esta «fue la primera y única vez en toda la historia de la Fundación» en que se entabló una relación con la Corporación Fischel.

«El dinero lo usamos en algo bueno, pero aun así viene de una Corporación que está cuestionada. Estamos indignados y sentimos repudio, como todos los costarricenses», insistió.

En cuanto al Hospital Clínica Bíblica, está incluido entre las empresas que investiga la comisión especial legislativa que estudia el caso Fischel. Uno de los directivos del Hospital, Bernal Aragón, del Partido Unidad Social Cristiana, fue directivo de la CCSS bajo la administración Rodríguez, pero renunció a ese cargo precisamente por tener vínculos con ese hospital privado.

Según Transparencia Internacional, en junio pasado el diputado Rodrigo Alberto Carazo, integrante de la comisión, «explicó que las respuestas de los personeros de la Bíblica permitieron evidenciar que Fischel participa en una licitación de la Caja, mediante la cual ofreció tratar los desechos de los hospitales. Ese equipo se compró mediante un sistema de arrendamiento que le permite a su proveedor alquilar a otros centros el tiempo ocioso, que es del 75 %, y es ese tiempo el que se le está ofreciendo a la Caja. Carazo calificó esa relación como un tentáculo más de las relaciones entre Fischel y la Caja.» (http://www.transparenciacr.org/ver.php?id=295)



VENTA DE ALCOHOL, TRANSPARENCIA



Por otro lado, el semanario El Financiero dio a conocer el pasado 13 de setiembre, que el Estado «compró ¢7.000 millones de alcohol de manera directa a los ingenios guanacastecos Taboga y Central Azucarera del Tempisque (CATSA), durante los nueve años de vigencia de esa relación comercial».

Se trata de los únicos dos ingenios del país que tienen capacidad de destilar. El ingenio Taboga es propiedad de la familia del expresidente Óscar Arias Sánchez.

La venta de alcohol privada al Estado se vio fortalecida y perpetuada recientemente, con la firma del Decreto No. 13470-T, de la administración Pacheco, por la cual se obliga a añadir alcohol como aditivo de la gasolina súper, para elevar su octanaje.

Este decreto fue criticado en su momento por el precandidato del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti, quien consideró «inconveniente que un decreto nos obligue a todos los costarricense a consumir gasolina mezclada con alcohol que solo la pueden destilar dos compañías. Y además que una de esas compañías sea de la familia Arias Sánchez. Me parece que no es conveniente esa mezcla de política y negocios.» (Al Día, 27/9/2003).

Álvarez Desanti y el Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) también cuestionaron la firma, en mayo del año pasado, de un contrato por el cual el Ingenio Taboga venderá electricidad por un monto de $2,1 millones al ICE, a partir del 2005, y durante cinco años.

Ante las críticas, Rodrigo Arias, hermano del expresidente y representante de la empresa, manifestó entonces su anuencia a modificar el contrato de modo que «el ICE les compre energía sólo cuando la entidad lo necesite.» (Ídem).

Por otra parte, una investigación de UNIVERSIDAD (ver edición 1560) dio a conocer, el 12 de febrero pasado, que el conglomerado Rica Foods Inc., compuesto por las corporaciones Pipasa y As de Oros, fue adquirido por Avícola Campesinos, empresa de Tenedora G. S., empresa del Grupo Sama, a su vez integrada por varias empresas, una de las cuales, Adral, S.A. -que adquirió el 8.1% de las acciones de Rica Foods Inc.-, aparecía como perteneciente a Mariángel Solera, la secretaria del expresidente Arias Sánchez.

Aunque en su momento UNIVERSIDAD consultó con Solera y con el asesor legal de Rica Foods, Muricio Marenco, si el exmandatario tenía algún vínculo con ambas empresas, Solera dijo no estar autorizada para responder, mientras que el segundo lo negó. (Ídem)

No obstante, siete días después de la publicación de UNIVERSIDAD, el 19 de febrero, Rica Foods envió a la bolsa American Stock Exchange (AMEX) de Nueva York y a la Securities and Exchange Commission (SEC, superintendencia de valores) una aclaración según la cual, el expresidente Arias figura como accionista de Adral S. A. (El Financiero, 23/2/2004).

UNIVERSIDAD preguntó a Arias si este cambio en la información o «aclaración» proporcionada al mercado de valores de Estados Unidos se hubiese hecho si este Semanario no hubiese publicado la relación entre Solera y Adral S. A.

El exmandatario dijo haber dado un «poder» a Solera debido a que constantemente está fuera del país, aseguró que no existió relación entre ambos hechos, y que la aclaración la hubieran realizado de cualquier manera. (Ver entrevista «Las acciones siempre estuvieron a mi nombre»).

Un conjunto de siete cuerpos legales, emitidos entre 1933 y 2002, regulan el mercado de valores estadounidense con el propósito de que quienes invierten «reciban información financiera y otra información significativa relativa a los valores que se ofrecen en venta pública y prohíben el engaño, las representaciones falsas y otro tipo de fraudes en la venta de valores.»  (http://www.sec.gov/about/laws.shtml)

Por ejemplo, el Acta de Transacción de Valores (Securities Exchange Act) «requiere revelar información importante a cualquiera que busque adquirir el 5 % de los valores de una compañía por compra directa u oferta del tenedor. Tal oferta con frecuencia es hecha en un esfuerzo por tomar el control de la compañía. Como con las reglas sobre el uso de poderes, esto permite a los accionistas tomar decisiones informadas sobre estos eventos corporativos críticos.» (Ídem)



LAS REGLAS TICAS



En cuanto a las reglas ticas vigentes, el intendente de Valores, Eddy Rodíguez Céspedes, dijo a UNIVERSIDAD que «para el caso de los emisores acciones, aquellos inversionistas que tengan un  10% o más de las acciones de la empresa (artículo 34 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores) deben hacer esto del conocimiento público. La misma obligación aplica para aquellos jerarcas que posean acciones (artículo 35 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores). Adicionalmente, tanto los emisores de deuda como los accionarios deben revelar en el prospecto las transacciones con partes relacionadas, como serían las empresas de las que son dueños los mismos socios de la empresa emisora, que tengan efecto material.»

Y ¿cuál es la pena o castigo, si no ocurre así?

Rodríguez respondió que «en el caso de los emisores, la obligación de actuar conforme a la regulación recae directamente sobre ellos.» (¡¡!!)

Agregó que «la SUGEVAL no puede evitar que un emisor incumpla con la normativa, pero según sea la situación puede abrir un procedimiento administrativo o presentar una denuncia ante el Ministerio Público. El prospecto de emisión contiene información de la empresa emisora y de las emisiones autorizadas. La entidad emisora debe incluir en el prospecto una declaración jurada en la que indica que la información del prospecto ha sido elaborada con la debida diligencia a partir de la mejor información disponible por el emisor al momento de elaborar el prospecto y es exacta, veraz, verificable y suficiente, con la sana intención de que el lector pueda ejercer sus juicios de valoración en forma razonable mediante información útil para la toma de decisiones de inversión. Además, no debe existir ninguna omisión de información relevante o que haga engañoso su contenido para la valoración del inversionista.»



EN EL CASO FISCHEL



En cuanto a la Corporación Fischel, que cotiza en la Bolsa Nacional de Valores y que aparentemente ocultó sus relaciones con empresas en Panamá, así como pagos efectuados con el dinero finlandés, el Intendente explicó que «por una parte, no se reveló en el prospecto la existencia de subsidiarias, lo cual es  requerido por la normativa vigente. A raíz de ello la SUGEVAL pidió al emisor que informara al mercado de esa situación a través de un Comunicado de Hecho Relevante. Además, la Superintendencia presentó una denuncia al Ministerio Público por posible oferta pública fraudulenta.»

«Más recientemente y en relación con las empresas relacionadas que no forman parte del grupo financiero, se solicitó a Corporación Fischel SA que aclarara la situación de dichas empresas y que indicara cuáles tienen la representación de las empresas finlandesas. También se le solicitó revelar las operaciones con las empresas relacionadas.

Por otra parte, Fischel se encuentra en incumplimiento en la presentación de estados financieros auditados. Precisamente por ello se le abrió un procedimiento administrativo. Este comportamiento está igualmente incorporado en la denuncia planteada ante el Ministerio Público», agregó.

¿Qué pasa si una empresa encubre a sus propietarios con testaferros o si tienen «empresas de papel» fuera del país?

«Las empresas emisoras tienen la obligación de informar sobre las participaciones significativas. Aun, cuando se utilizaran sociedades o terceras personas, si un inversionista llegara a contar de manera directa o indirecta con un 10% de las acciones, se debe hacer la revelación del caso», respondió el Intendente.

«En relación con las «empresas de papel» que una empresa podría tener fuera del país, la obligación de revelación subsiste si esas «empresas de papel» son subsidiarias de la empresa emisora (ésta última tiene que tener una participación accionaria de más del 50%). Si no es una subsidiaria pero está relacionada con el grupo financiero, lo que existe es una obligación de revelar las operaciones con estas empresas relacionadas», concluyó.

Óscar Arias Sánchez:

«Acciones siempre estuvieron a mi nombre»

MARÍA FLÓREZ-ESTRADA
La siguiente entrevista telefónica tuvo lugar el 24 de setiembre de 2004.



Don Óscar, el 12 de febrero UNIVERSIDAD dio a conocer que su asistente, Mariángel Solera, aparecía como accionista de Rica Foods, empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. El 19 de febrero, ésta envió una aclaración a la American Stock Exchange, informando que Ud. es accionista de Rica Foods. ¿Esta aclaración fue una consecuencia de lo que publicamos?



-No. Sencillamente pienso que Mariángel tiene un poder en varias compañías mías porque yo viajo mucho. Tiene un poder especial. No sé cómo SAMA o a quien Uds. le consultaron, hizo la aclaración. Las acciones siempre han estado a mi nombre.



¿Quiere decir que si UNIVERSIDAD no hubiera publicado la información, Uds. hubieran hecho la aclaración de todas formas?



-Sí, así es. No tiene nada que ver con que Uds. lo hayan hecho. En la Bolsa de Nueva York y en Estados Unidos deben conocerse los nombres. Si yo decido volver a la política, no tengo nada que ocultar. Los costarricenses deben saber cuáles son mis propiedades.



¿Tiene Ud. propiedades que están a nombre de otras personas?



-No, yo no tengo nada a nombre de otras personas. Tengo el poder generalísimo sobre mis empresas. He dado un poder a Mariángel porque es mi secretaria por más de 20 años, desde la precampaña anterior. Y viajo mucho. Por ejemplo, ahora voy por casi 22 días para el Asia. Si se requiere una firma mía, ella tiene el poder.



Cuando Ud. dice «si yo decido volver a la política…», ¿quiere decir que todavía no ha tomado la decisión?



-Bueno, no. Lo que pasa es que la gente me pregunta si yo ya estoy en campaña, y no lo estoy. Es cierto que tomé la decisión de aspirar de nuevo a la presidencia. Eso sí lo he dicho. En el momento en que la ley lo demande deberé hacer una declaración de bienes y diré a los costarricenses cuáles son mis propiedades. No tengo nada absolutamente que esconder.