Dunnia Chacón: «El tratamiento dado a la Caja es de un total menosprecio a la valía de la institución. Porque ponen ahí a gente que no tiene la mínima noción de lo que es la seguridad social»
«La Caja Costarricense de Seguro Social no puede ser el botín de guerra de los políticos; ni la bolsa de trabajo de los políticos; no puede ser donde se va a pagar el embanderamiento o el proselitismo de los partidos políticos. La CCSS es la seguridad de los costarricenses. Pero si siguen en esa fiesta, la van a terminar».

Con estas palabras, la exjueza Dunia Chacón Chavarría defendió la integridad institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Integrante de la Comisión de Notables que durante cuatro meses investigó el funcionamiento de esta institución, Chacón fue entrevistada el pasado 24 de setiembre por periodistas de UNIVERSIDAD. Dicha comisión, formada además por el Dr. Álvaro Fernández, prevé presentar  su informe el 30 de setiembre al Dr. Abel Pacheco, Presidente de la República. El tercer miembro, el empresario Rafael Carrillo, presentó el mes pasado un documento por aparte.

Con verbo firme y durante 90 minutos, la abogada adelantó a este Semanario resultados y pormenores de una amplia investigación documental que contempló múltiples aristas. Entre tazas de té y café, se habló sobre modernización, pensiones, consultorías, empréstitos y tráfico de influencias. La agenda también hizo espacio para abordar los servicios médicos, la ética profesional y la función pública.

En la conversación participaron la Directora del Semanario, Laura Martínez; Ana Incer, jefa de Redacción, Eduardo Ramírez y Alejandro Lizano, quien transcribió la entrevista.



¿Qué irregularidades hubo en la Gerencia de Modernización?



– El préstamo de Finlandia se manejó dentro de la Gerencia de Modernización, que era una «cajita». Me refiero a que ellos como soberanos absolutos, tenían toda una infraestructura donde casi no había que rendir cuentas; solamente cuando el gerente iba a la junta directiva se daba la información que se necesitara.



¿Cuáles fueron las principales anomalías encontradas en la compra del equipo médico?



– Al menos en el primer préstamo español, se determinó que el material era de muy regular, por no decir de mala calidad o que muchos de los equipos quedaron fuera de servicio al poco tiempo de haber ingresado a los centros de salud. Otros no tuvieron el mantenimiento necesario.

En general, fue un dinero que se destinó a equipos que no dieron el resultado que se esperaba.



¿Por qué no hubo ningún estudio técnico que justificara la ampliación del préstamo?



– Esa es una buena pregunta. Habría que preguntárselo a la junta directiva de ese momento. Nadie se explica eso. Ambos préstamos fueron compras totalmente sin ninguna planificación. Absolutamente ninguna planificación. Tan es así, que a los médicos de los centros de salud les mandaron listas de compras que no correspondían a las necesidades. Era un préstamo amarrado, preformado ya.



¿Se contrapusieron las consultorías a la competencia técnica y administrativa de la CCSS?



– Definitivamente. El problema de esos préstamos es que son totalmente nefastos para el país. De esos préstamos, el 75% fue destinado a consultorías. O sea, que nosotros pagamos los salarios de toda una burocracia internacional que anda de allá para acá en ese tipo de préstamos.

Por ejemplo, dentro de la misma Caja, gente que trabaja ahí pidió permisos sin goces de salario y los nombraron consultores. Y esto en detrimento de los mismos jefes, porque hay gente que tiene 20 o 30 años de trabajar, y cuenta con una experiencia increíble; pero nombraron asesores a gente nueva, que llega a ganar más que el jefe, con menos experiencia y menos conocimiento. Eso es una barbaridad.



¿Qué alcance tuvieron esas consultorías y asesorías?



– Para mí fue un rotundo desperdicio de dinero. Vi, por ejemplo, un documento de una abogada que nombraron asesora, a quien por presentar un informe de página y media de algo que se lo puede decir un estudiante de segundo año de derecho, le pagaron $2 mil (¢896 mil). Hay gente que se ganó $70 mil (¢31.360.000), $10 mil (¢4. 480.000) o $3 mil (¢1.344.000). Eso dependía de lo que hacían. Pero fueron sumas bastante elevadas e innecesarias.



¿Se presentaron informes de esas consultorías?



– Yo no los vi.



¿En esas consultorías hay involucrada gente de los dos partidos mayoritarios?



– Al menos de un partido mayoritario.



¿Qué tipo de funcionarios?



– Muchos exdiputados… como cinco. Concretamente, recuerdo dos: uno médico y el otro economista. Mucha gente que está en la Asamblea Legislativa, termina el período y pasa a ser asesora. Por ejemplo, hay una asesora que se ganó mucha plata, y es la esposa de un político muy connotado, recién pasado de la Asamblea. Ahí lo va a ver en el informe.



¿Es este tipo de negociaciones un mecanismo para pagar favores políticos?



– Yo diría que fue muy irresponsable, pues se hizo con mucho desprecio hacia el ciudadano costarricense. Se quiso decir: «Aquí nosotros somos los dueños». La Caja tenía dueño hasta hace 15 días. Porque usted empieza a ver a fulano de tal en esta gerencia; mengano de tal, en la junta directiva; zutano en la otra gerencia y el otro en tal puesto… y así usted empieza a armar relaciones, a cerrar el triángulo.



¿Hay tráfico de influencias?



– Total… pavorosamente. Ahí se tenía, al menos espero que eso se haya quitado, la costumbre de decir: «Es que a mí no me pueden decir nada porque yo soy amigo de fulano» o «A mí me nombró mengano». Es decir, era como una patente que los investía de inmunidad. ¿Cómo es posible que en una institución como la Caja, los nombramientos sean por amigos, aunque no llenen el perfil ni los requisitos ni se tenga el mínimo conocimiento?

Por ejemplo, se crea una gerencia para fulano de tal, porque hay que cumplir con los compromisos de campaña. Eso sucedió. Se crearon gerencias, como la de modernización y pensiones, por puro compromiso político.

Me parece que el tratamiento que se le ha dado a la Caja es de un total menosprecio a la valía de la institución. ¿Por qué? Porque ponen a mandar a gente que no tiene la mínima noción de lo que es la seguridad social. En cambio, hay gente que tiene muchos años de trabajar ahí, que conoce lo interno y no es visible porque tiene que venir alguien de afuera. La Caja está tomada, no por un partido político. Se turnan.



¿Y con los préstamos también se turnaron?



– Se turnaron. Definitivamente así fue. Uno para cada partido.



¿Se realizaron las negociaciones dentro de estructuras paralelas?



– Totalmente… Claro que sí. Por más que lo nieguen fue una estructura paralela. Modernización ya no existe; fue una estructura paralela. Como le digo, se crean gerencias y otros puestos para pagar caprichos políticos. Y el pueblo tiene que pagar todo eso.



La transformación de la fórmula 4/3 que se aplica en el nombramiento de las juntas directivas ¿tendría una injerencia en estos casos?



– Estamos proponiendo una reforma, una estructura diferente. La cuña política de la Caja es el presidente ejecutivo. En mi criterio, es inconstitucional el nombramiento del presidente ejecutivo, porque la ley es muy clara sobre la autonomía de la institución. Me parece que a la Caja no le correspondía un presidente ejecutivo.

Pero de todas maneras aún con la presencia del presidente ejecutivo, estamos proponiendo una estructura diferente. En la Caja sobra gente porque se duplican y triplican funciones.



¿Cuán extendida está la corrupción en la CCSS?



– Hay un gran problema: existe una pleitesía absoluta hacia el jerarca. El presidente ejecutivo es el dios ¿Por qué? Porque ahí se vive la cultura de la rendición, de doblar la rodilla ante el jerarca, de que como lo dice el jefe hay que hacerlo.

Además está la cultura del «doctor». Hay dos tipos de profesionales en la rama médica de la Caja. Está el médico consciente y consecuente con la medicina social. Sabe que un médico de hospital del seguro social tiene que ver como paciente a gente muy pobre, tal vez de extrema necesidad. Hay gente que es excelente dentro del cuerpo médico, totalmente comprometida con el ejercicio de la medicina y el área social.

Pero hay otros que son mercantilistas con la salud y ven al seguro social como una manera de captar pacientes para su medicina privada. Y de hecho, utilizan instalaciones e insumos para la práctica de su medicina privada. Y eso ha sido un secreto a voces, y nadie ha querido ponerle el cascabel al gato. Se ha hecho una costumbre anquilosada. Y se sienten intocables. Muchos médicos tienen la creencia de que ellos poseen una inmunidad propia que les deviene de su sapiencia en medicina. Y en los hospitales han hecho feudos, o sea, que se han adueñado de sectores de los hospitales. Han deteriorado mucho el servicio.

El médico que quiere estar en el seguro social, tiene que ser consciente de que es un funcionario público. Pero ellos no lo aceptan. Sin embargo, como funcionarios públicos deben dar cuentas. Tan es así, que se les aplica la Ley General de Administración Pública cuando procede.



¿Qué definió la comisión con respecto a las pensiones?



– Nosotros sugerimos quitar los servicios de pensiones en los hospitales, además de que ya fueron declaradas inconstitucionales por la sala respectiva porque quebranta el principio de igualdad de la salud pública.

Dentro de las averiguaciones hechas, se vio que lo de estas pensiones es fatal. Las denuncias de corrupción en esa gerencia fueron terribles ¿Y por qué la gerencia de pensiones? Para darle una gerencia a alguien. Porque esta no existía, sino que estaba adscrita a la gerencia financiera. Pero la sacaron, la ganaron, compraron edificios carísimos y la armaron totalmente con presupuesto y recursos propios. Era una «cajita».



¿Qué otras denuncias recibió la comisión durante estos cuatro meses?



– Las vetas de corrupción se centran en los biombos, las listas de espera, el ausentismo y el abandono de trabajo, las compras, las contrataciones; los viajes al exterior, porque es una barbaridad cómo viajan jefes y directivos; la inconsciencia en el uso de recursos. Hay gente muy linda, muy comprometida con la Caja, pero hay otro grupo al que solo los intereses propios lo mueve. Esos son los pequeños detalles que estamos denunciando. Lo macro ya salió en las investigaciones del Ministerio Público, solo hay algunos que faltan por señalar.

Esto es lo que hacen: internan al paciente en pensión para saltarse la lista de espera, le hacen una operación «urgente», le arreglan una cadera o lo que necesite, le cobran $5 mil o $6 mil y al día siguiente pasa hospitalizado como un paciente común y silvestre. Todo corre por cuenta del seguro so pretexto de que ese asegurado tiene derecho y el dinero se va libre para el bolsillo, en tanto que se saltan las listas de espera.

Otro asunto es el de los «carruseles». Es poner a un paciente a venir cada cierto tiempo para incrementar la agenda del médico. Éste dura dos minutos con cada paciente y en media hora vio a diez. Cumple con la agenda y el resto del tiempo se va a su consultorio.

En todos los puntos que tocamos, damos recomendaciones.



¿Qué dificultades tuvo la comisión durante el proceso de investigación?



– Un asunto pavoroso es la generación de papeles. Eso hizo difícil la investigación porque había que leer y leer para ver qué era lo verdaderamente importante. No sé si es por soslayar una información concreta o por pereza de definir puntos; no lo podría decir. Pero la investigación se vio complicada por ese papeleo terrible.

La gente estaba muy medrosa, no quería hablar; suelta cosas pero muchas veces no concreta. Y fue una investigación complicada: jamás nos imaginamos lo que íbamos a encontrar. Nosotros no teníamos recursos económicos y hubo limitaciones legales: no se podía decomisar cosas, allanar oficinas ni incautar documentos. Pero sí hubo mucha cooperación. En eso sí tengo que ser muy respetuosa, lo que se pidió, llegó a la comisión.

Yo he tenido horas de desvelo durante muchos meses y he tenido muchas limitaciones. Pero he trabajado con mucho gusto y con verdadera responsabilidad, como si me estuvieran pagando. Este asunto es muy complejo y difícil. Será necesario que se tomen las medidas necesarias para cambiar el destino de la Caja.

Será el señor presidente, junto a sus ministros y los nuevos personeros de la Caja, quienes diga si quieren remediar los males que aquejan a la institución, que son bastantes.



¿Han recibido algún tipo de presiones o amenazas?



– La única presión que yo he recibido es de los medios de información. Todos los días me preguntan que cuándo entrego el informe.



¿Cómo se puede depurar la calidad humana, ética y profesional de los funcionarios públicos en general y los de salud en particular?



– En primer lugar, los puestos tienen que ganarse por concurso, por méritos o por carrera. No es posible seguir nombrando gente a dedo, porque entonces cada cuatro años hay movilidad. Se pierden recursos, experiencia… y eso no puede ser. La Caja no puede ser el botín de guerra de los políticos; ni la bolsa de trabajo de los políticos; no puede ser el sitio donde se va a pagar el embanderamiento o el proselitismo de los partidos políticos. La Caja es la seguridad de la población. Pero si siguen en esa fiesta, la van a terminar.

Es la institución más complicada que hay. Pero además de que por su propia naturaleza es complicada, la han entrabado más por esa burocracia, ese organigrama inmenso y que va creciendo con cada campaña o cada cambio de gobierno.



¿Implicarán estos escándalos un cambio en la percepción que la ciudadanía tiene sobre la política?



– Yo creo que con esto, después del Banco Anglo, la gente va a pensar un poco más.



¿Hay credibilidad en las instituciones y los funcionarios públicos?



– En este momento la credibilidad está en cero. Si las elecciones fueran hoy o mañana, creo que nadie votaría. A un año plazo, quizá a mucha gente se le habrá olvidado.