El contrato con la empresa Alterra Partners implica inversiones por $180.2 millones durante 20 años (foto de archivo).
Para acabar con el retraso de año y medio en las obras pactadas en el Contrato de Gestión Interesada (CGI) con la empresa Alterra Partners, la Contraloría General de la República (CGR) instó recientemente al Gobierno a «adoptar las medidas necesarias para solventar los problemas actuales de ejecución».

En una carta que el jerarca del órgano controlar -Alex Solís- envió el pasado 19 de octubre al mandatario Abel Pacheco, le expresó su preocupación porque el gestor interesado Alterra Partners, «incumplió el plazo para concluir las obras de las Fases I y II definidas en el Plan Maestro, las cuales se debieron terminar en mayo del 2004».

El avance de las obras proyectadas es de apenas un 50% y entre los trabajos inconclusos o que no se han iniciado están las remodelaciones de las salas de abordaje, expansión de las rampas, construcción del edificio de la nueva terminal y la calle sur de rodaje paralela.

De igual manera, la Contraloría General lamenta que después de cuatro años de ejecución del contrato mencionado, «se carece de un órgano especializado en la interpretación y control del Contrato, de una debida asesoría al CETAC (Consejo Técnico de Aviación Civil) y de un socio estratégico de esta Contraloría General en la fiscalización de esa importante actividad. Siendo así lo anterior, este órgano contralor considera que el OFGI (Órgano Fiscalizador del Gestor Interesado) no cumple los objetivos para el cual fue creado».

La CGR se queja además de la desatención por parte del CETAC a las disposiciones emitidas por ella entre abril del 2002 y diciembre del 2003, pues de un total de 63 aspectos relacionados con el contrato con Alterra, hasta la fecha «no se ha obtenido respuesta satisfactoria a un total de 27» (43%).

Mientras tanto, la compañía administradora del aeropuerto Juan Santamaría atribuye el atraso en las obras a «una resolución de la Contraloría que le da una interpretación diferente -a la que está establecida en el contrato- al modo de cobrar las tarifas», según adujo a este Semanario la directora ejecutiva de Alterra Partners, Mónica Nágel.

Cabe recordar que desde sus inicios, la ejecución del contrato de gestión interesada entre el Estado y la citada empresa ha causado gran polémica, especialmente por el cumplimiento de los trabajos y por la relación contractual financiera.

Este proyecto fue criticado con dureza por una comisión especial de la Asamblea Legislativa que lo indagó en la administración pasada, cuyo informe fue entregado (25-4-02) unos días antes de que asumiera el poder el presidente Pacheco.

Dicho documento (expediente 14.521) consta de 223 páginas y por las situaciones cuestionables detectadas en la relación de los entes de Gobierno con la empresa, los legisladores de la comisión pidieron sanciones morales y políticas para el entonces mandatario Miguel Ángel Rodríguez; para el contralor general Luis Fernando Vargas; para miembros del CETAC; para el viceministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y presidente del CETAC, Eliécer Feinzaig; y para el titular del MOPT, Carlos Castro.

Para el exdiputado y miembro de la comisión que investigó el contrato  -Guillermo Constenla-, las irregularidades antiguas y presentes convierten este caso en el más grave de la contratación administrativa del país.



REPRIMENDA



Respecto de la misiva que remitió el contralor Solís al presidente Pacheco, en esta se enumeran los incumplimientos por parte de las instancias gubernamentales encargadas de velar por el correcto manejo del contrato firmado con Alterra Partners.

Un repaso por la historia de esta contratación, permite saber que fue formalizado el 18 de octubre del 2000 y refrendado el 4 de diciembre del mismo año por la CGR. Sin embargo, su ejecución comenzó a partir de  mayo del 2001.

Su duración es por 20 años y el gestor interesado (Alterra) deberá invertir $180.2 millones (más de ¢81.000 millones) en mejoras del aeropuerto en este lapso.

Según las cláusulas 13.1 y 13.2 del contrato, tanto el CETAC como la Dirección General de Aviación Civil deben velar permanentemente, para que la prestación de los servicios se lleve a cabo de manera que satisfaga de la mejor forma los intereses de los usuarios y del país.

De igual manera, el acuerdo estableció la designación de un órgano de fiscalización (OFGI), que debe estar conformado por especialistas en las diferentes áreas y que debe encargarse de tomar oportunamente las medidas necesarias, para que la empresa se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el contrato, y demás obligaciones implícitas.

Justo el OFGI es una de las instancias más cuestionadas por la Contraloría en la carta a Pacheco, en razón de que «presenta una serie de problemas de organización y funcionamiento señalados por este órgano contralor, que le impide cumplir oportuna y eficientemente las funciones de fiscalización que tiene a su cargo».

Como consecuencia -agrega- luego de cuatro años de ejecución de este contrato, se carece de un órgano especializado en la interpretación y control del Contrato, que dé asesoría al CETAC, y que sirva de socio estratégico para  la CGR en su fiscalización.

Debido a las deficiencias operativas del OFGI, se ha visto afectado -por ejemplo- la fijación de tarifas para el periodo 2003-2004 y el cobro indebido (más altas) entre el 2002 y el 2003, en detrimento de los usuarios y en favor de Alterra y del mismo Estado.

Para corregir estos males, la Contraloría pidió al Presidente coordinar las acciones que correspondan con el jerarca del MOPT, «con el fin de que finalmente se cumplan las disposiciones giradas por este órgano contralor al CETAC y al OFGI».

La excitativa incluye la solicitud para «que se asegure que ese órgano de fiscalización asuma debidamente las responsabilidades de fiscalización y competencias de asesoría en el Contrato y en el Reglamento de creación del Órgano Fiscalizador».

En su llamada de atención, la CGR se quejó al mandatario porque «resulta evidente que tanto el CETAC como el OFGI han actuado de forma irresponsable y en abierto incumplimiento a las órdenes giradas por esta Contraloría General, mediante el uso de subterfugios legales, recursos infundados o interpretaciones rebuscadas, dirigidas a incumplir con la mayor parte de las disposiciones emitidas por este órgano contralor».

Un parecido malestar expuso la referida comisión especial legislativa en su informe y por eso recomendó sanciones morales y políticas contra los entonces miembros del CETAC (Eliécer Feinzaig, Ricardo Madrigal Salazar, Mario Rodríguez Vargas, Carlos Fernández Alvarado y Eduardo Ulloa Clare), al estimar que incumplieron con sus obligaciones fiscalizadores y que con sus decisiones más bien favorecieron a Alterra.

Este Semanario quiso conocer el criterio del actual presidente del CETAC -Roberto Arguedas- sobre las consideraciones del órgano contralor. En su oficina dijeron el lunes 25 que estaba fuera en una reunión y que apenas regresara devolvería la llamada; sin embargo no lo hizo, por lo que en la próxima edición se intentará incluir sus explicaciones.



ATRASOS PERJUDICIALES



Acerca del atraso de las obras pactadas en el contrato, estas se encuentran suspendidas desde julio del año pasado y por ello Alterra incumplió el plazo para terminar las fases I y II, las cuales debieron estar listas en mayo de este año y cuyo avance hasta la fecha representa la mitad de lo fijado por el cronograma de trabajos.

«La no construcción oportuna de las obras que son fundamentales para atender la demanda creciente del aeropuerto, está produciendo problemas operacionales en la terminal aérea y podría, en un futuro cercano, convertirse en una situación crítica, especialmente durante la temporada alta, cuando la afluencia turística aumenta considerablemente», advierte la CGR.

Este órgano añadió que «dadas las facultades del Poder Ejecutivo en el nombramiento de la mayoría de los integrantes del CETAC, y considerando que el presidente de ese Consejo es un representante designado por el propio Ministro de Obras  Públicas y Transportes, es criterio de esta Contraloría General que para llegar a una solución definitiva a las irregularidades detectadas en los informes de fiscalización que se han emitido sobre el contrato de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se requiere una intervención directa del Poder Ejecutivo en ese Consejo, en especial si se considera que el principal tema que se ha dejado de atender es el tarifario, en el cual participa ese Poder con la publicación de las tarifas por cobrar a los usuarios».

«Debido a la gravedad de los incumplimientos», la Contraloría precisó que está por finalizar un análisis de la globalidad de las disposiciones emitidas y de la situación actual del contrato, para posteriormente definir acciones tendientes a hacer que se cumplan las órdenes giradas y sentar las responsabilidades que procedan por los incumplimientos.

Pese a los cuestionamientos, la entidad contralora admitió que está convencida de que «con motivo de las restricciones de financiamiento externo que vive el país y la escasez de recursos internos para el financiamiento de grandes obras de desarrollo, se requiere el uso de figuras de contratación administrativa como la concesión de obras públicas y servicios públicos o la gestión interesada».

También reconoció que la aplicación de estas figuras ha implicado un proceso de aprendizaje con errores por parte de los sectores involucrados. Por eso insistió en que «el éxito de este tipo de proyectos depende en gran medida de la existencia de unidades de fiscalización eficientes en el cumplimiento de sus labores y de una Administración Activa que no rehúya el cumplimiento de las obligaciones que asume, ni sea complaciente con los contratistas ante sus eventuales incumplimientos y, que además tenga la habilidad y fortaleza para actuar oportunamente en las distintas situaciones contractuales que ameriten su intervención».



«PRÉSTAMO» CONTROVERSIAL



Pero, los problemas de este contrato no se arreglan solo con las propuestas de la Contraloría, ya que una de sus partes más controversiales está sin resolver: las tarifas, y será un  tribunal arbitral el que aparentemente dilucidará la fórmula financiera que se aplique para definirlas.

Otro factor de discordia es el rubro denominado gastos de desarrollo y financiamiento, en el cual la empresa Alterra pasó de los $3.4 millones pactados en el contrato, a reclamar incrementos que alcanzarían los $18.6 millones; es decir, $15.2 millones más (más de ¢6.800 millones).

En este sentido, la Contraloría General ha reiterado en sus pronunciamientos que aceptar modificar lo especificado en su oferta «sería hacer caso omiso a lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento General de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 25038-H, respecto de que los precios que contenga la oferta son precios firmes».

Por su parte, la directora ejecutiva de Alterra -Mónica Nágel- alegó que el cambio por parte de la CGR en cuanto a la forma de calcular las tarifas, trajo como consecuencia que los organismos que financian a esta empresa suspendieran los desembolsos, tras alegar inseguridad jurídica, y ello les obligó a paralizar las obras al no contar con los fondos necesarios.

El informe de la comisión legislativa detalló al respecto que «el gestor alegó que las condiciones del proyecto a la fecha  de agosto de  2001, obligarían a los socios a hacer aportes de capital adicionales que no están dispuestos a realizar. Esto, aún cuando es su obligación contractual hacer tales aportes de recursos propios».

Fue aquí donde intervino el gobierno anterior, al aprobar por medio del CETAC – en contra del criterio técnico del Órgano Fiscalizador, OFGI- un supuesto préstamo por $12.4 millones con recursos estatales propios, que debían ser invertidos en  proyectos, como la mejora de otros aeropuertos.

«El 20 de agosto (2001), el Presidente de la República (Miguel Ángel Rodríguez) conversa con el Presidente de Bechtel, y se acuerda  entre ellos diferir el pago $12.4 millones. El Presidente del CETAC (Eliécer Feinzaig) asesoró al Presidente de la República en esta reunión telefónica.  Inmediatamente después de esta reunión, a las 3:39 p.m., el asesor legal de Alterra Partners, Uri Rudelman, manda un mensaje de correo electrónico al Presidente del CETAC, con copia a la Inspectora General del OFGI (Jill Jamieson), en el cual se indicó lo siguiente: Según lo conversado entre el señor Presidente de la República y el Presidente de Bechtel Enterprises les remito el acuerdo con los ajustes acordados, los cuales han sido marcados en amarillo. Dicho acuerdo señaló ingresos diferidos por $12.4 millones y coincide casi textualmente con el texto posteriormente adoptado por el CETAC en su acuerdo del 28 de agosto  de 2001», reveló la comisión parlamentaria.

Este monto le será reembolsado al CETAC a partir del cuarto año de operación y durante un período de cinco años aplicando una tasa de interés de 9.89 %.  Es decir , el CETAC le otorgaría un préstamo al Gestor que regiría por ocho años desde el momento en que se inicia la retención por el Gestor  de los ingresos del CETAC, o sea, desde el 28 de agosto de  2001.

«Es esta una actitud reprobable del CETAC, que pareciera más interesado en ver cómo le mejora las condiciones financieras del negocio al Gestor, en vez de velar por el interés público, por el interés de los usuarios del aeropuerto, que en última instancia son los que pagarán tales excesos a favor del Gestor», advirtió el informe legislativo.

Por estas acciones, dicha comisión pidió la sanción moral y política contra Miguel Ángel Rodríguez, «por interferir en forma directa en la ejecución del Contrato de Gestión Interesada, menoscabando la autoridad del CETAC y la función de fiscalización del contrato, responsabilidad  del Órgano Fiscalizador, estableciendo relaciones directas de comunicación y de reuniones ejecutivas con el Gestor Alterra Partners y su accionista principal Sr. Bechtel,  y cediendo a las presiones del Gestor».

Similar sanción pidió para Eliécer Feinzaig en su condición de presidente del CETAC, «por haber suscrito con la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial, ente acreedor del Gestor, un documento denominado ‘Memorandum de Entendimiento’, comprometiendo al CETAC, sin haber contado con la autorización previa de dicho órgano colegiado para tal acto, tal como es lo atenido a derecho».

En el caso del excontralor, Luis Fernando Vargas  Benavides,  se le llama la atención -junto con Álvaro Vargas Solís, gerente de Área de Servicio de Obra Pública y Transporte  de la Contraloría- «por su actitud laxa en el estudio, poco   profundo en el análisis, y complaciente con los actos de la Administración fiscalizada, en este caso el CETAC, en todo lo relacionado con la ejecución del Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Santamaría».