La modernización del puerto de Caldera tendrá que esperar ante las objeciones de la Contraloría General.
Tres de las cuatro concesiones otorgadas para el funcionamiento de puerto Caldera no fueron refrendadas por la Contraloría General de la República, luego de presentar múltiples fallas legales y fuertes diferencias entre el cartel de licitación pública y el contrato final.

Pero detrás de esas adjudicaciones, otorgadas en noviembre del 2001, hay intereses ocultos de «padrinos conocidos» por hacer sus negocios privados con los servicios públicos del puerto, acciones denunciadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y por los diputados Marta Zamora y Rodrigo Carazo del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Así lo explicó el diputado Carazo «lo que sucede es que hubo un grupo de personas que decidió concesionar Caldera a como diera lugar». Eso provocó que se abandonara la administración del puerto por parte del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). Actualmente Caldera es «tierra de nadie», afirmó el legislador.

Luego, el INCOP contrató a dos consorcios (Portuario de Caldera I y II) formados por cuatro empresas: las colombianas Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. y Estación de Servicio Brisas del Pacífico S.A. y las costarricenses Logística de Granos S.A. y Comercializadora R y S S.A.

Los contratos adjudicados a estas empresas para el manejo de servicios públicos de la terminal de Puerto Caldera, y para la terminal granelera de puerto Caldera no fueron refrendados por la Contraloría por múltiples razones que explicó el Contralor General Alex Solís Fallas el pasado 20 de octubre.

Además, la Contraloría negó el refrendo a la compañía Empresas Sudamericanas Agencias Aéreas y Marítimas Costa Rica S.A., de origen chileno, para la administración de los servicios públicos de remolcadores.



INTERESES ESCONDIDOS



En una carta enviada por la ANEP al contralor Solís se explica que una de las empresas mencionadas, Logística de Granos S.A., es propiedad de la empresa Rica Foods, dueña de Pipasa y As de Oros, quien a su vez es propiedad del Grupo Consolidado Sama en donde participan el expresidente Oscar Arias Sánchez y el expresidente del Banco Central Eduardo Lizano Faith.

La misiva llama la atención acerca de que los contratos fueron firmados en la administración del ahora cuestionado expresidente Miguel Angel Rodríguez.

La ANEP calificó el negocio como «leonino a los interes de los costarricenses».

Los diputados del PAC denunciaron, entre otras cosas, que el INCOP tiene un superávit creciente en los últimos años que al 2002 superaba los ¢3 mil millones.

La diputada Zamora dijo a UNIVERSIDAD que el dinero del superávit se pudo haber invertido en la modernización del puerto en lugar de tener que «concesionar» a otras empresas un servicio público, dejándole al INCOP los gastos más grandes como el dragado.

Rodrigo Carazo, en conversación con UNIVERSIDAD, advirtió que se debe hacer conciencia de la inversión enorme y altamente estratégica que el puerto significa, pues afecta directamente a la soberanía nacional. Explicó que ésta debe recuperarse con las «sanas medidas requeridas».



FISCALIZACIÓN MILLONARIA



Según consta en denuncias presentadas por el PAC, el INCOP adjudicó a la Empresa Ingenieros Consultores S.A. IMNSA, a través de la licitación pública número 10-2003 un servicio de fiscalización de los contratos de concesión de Puerto Caldera, por un total de ¢800 millones. Esta empresa pertenece al primo segundo del precandidato socialcristiano, Rodolfo Méndez Mata.

Esta adjudicación se aprobó el 16 de diciembre del 2003 sin tener la aprobación de la Contraloría General de la República.



DEFECTOS EN LOS CONTRATOS



El contralor Alex Solís explicó a la prensa nacional que no se refrendaron los contratos pues se encontraron muchas anomalías en cada uno de ellos, 126 exactamente. «Se están señalando defectos muy graves y complicados de resolver», agregó.

Susan Quirós Díaz, encargada de la Unidad Jurídica de la ANEP, explicó a UNIVERSIDAD que esas anomalías se presentan porque los carteles con que se realizaron las licitaciones son diferentes a los contratos finales.

Esto produjo serias contradicciones que la Contraloría tomó en cuenta para su fallo.

Por ejemplo, con respecto a la terminal de puerto Caldera en el contrato se incluye dentro de las áreas en que se desarrollará la concesión al edificio administrativo, sin embargo en el cartel se había dispuesto que este edificio no estaba incluido. Por lo tanto, según indicó el ente contralor, el concesionario puede arrendar el espacio físico de ese edificio.

En esta misma terminal se detectó también una inconsistencia en la figura jurídica utilizada pues el contrato se vale de los artículos 74 y 75 de la ley de Contratación Administrativa. Pero como explicó a UNIVERSIDAD Quirós, esta ley lo que permite es «concesionar» obras nuevas y remodelaciones pero no las obras existentes.

La Contraloría tiene fuertes dudas con respecto a la forma en que fueron definidas las tarifas pues se basaban en la las estructuras de costos del INCOP y no las que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos determine, esto sucede igual con el resto de las tarifas de las otras terminales.

Otra de las anomalías es que se establece que el INCOP pagará al concesionario las obras de dragado de mantenimiento por un monto de $171.500 anuales (¢77 millones aproximadamente) sin razonar el porqué del precio y el plazo en que se debe dragar.

Con respecto a la terminal granelera el contrato permite un cambio de sitio diferente al que se planteó en el cartel.

La Contraloría planteó sus dudas con respecto a la figura jurídica usada en esta terminal, denominada «permiso de uso», la cual se caracteriza por temporalidad de uso del bien e imposibilidad de generar derechos al titular del préstamo. Pero en el contrato se rebasan los alcances de ésta figura en el ordenamiento jurídico.

Con respecto a los servicios de remolcadores, Solís indicó que hay problemas con la definición de los aspectos tarifarios y cláusulas sobre la extinción y el rescate de la concesión.



PROBLEMAS SOCIALES



De haber sido refrendados los contratos las empresas hubieran despedido a 1500 empleados, según estima ANEP, esto puede crear gran cantidad de problemas sociales en una zona donde la mayoría de las familias dependen de las actividades portuarias.

Sin embargo, explicó Quirós de la ANEP, a los trabajadores se les había prometido un «desarraigo» si los contratos se refrendaban pues nunca se les ha reconocido ni el salario mínimo legal ni las prestaciones.

Ante esto muchos trabajadores en lugar de laborar por sueldos menores a los debidos, esperaban que los contratos pasaran y tener una indemnización que según la ANEP, es incierta.

Con la negativa del ente contralor de refrendar los contratos, los trabajadores no tienen otra opción que esperar y seguir trabajando, aunque las empresas adjudicadas avisaron que tomarán medidas para rescatar los contratos.