El ICE ha sido objeto de ambiciones por parte de empresas que quieren parte del Mercado.
El rechazo del combo ICE en 2000 habría sido el origen de que varias empresas privadas, en especial Alcatel, se resarcieran a punta de licitaciones con la institución para saldar negocios prometidos que no llegaron a realizarse.

La ley de modernización del ICE en el fondo favorecía a las empresas privadas que recibirían los beneficios por la privatización de muchas de las actividades fundamentales del Instituto.

Sin embargo, la red que rodeaba al ICE se habría formado desde inicios de los años 90 y estaba preparada para acaparar los negocios de telecomunicaciones, especialmente cuando la ley de modernización se aprobara.

Así lo explicaron varios expertos consultados por UNIVERSIDAD sobre el enorme interés de compañías como Alcatel por ganar licitaciones, aun a costa de otorgar «premios» a políticos y empresarios antes, durante y después del combo.

Este Semanario consultó la opinión de la socióloga Silvia Lara, el politólogo Alberto Salom, y los sociólogos Henry Mora y Miguel Sobrado, además del sindicalista del ICE Ricardo Segura.



LA MANCHA DE ALCATEL



En los últimos meses el país se ha visto consternado por el descubrimiento de redes de corrupción alrededor de las instituciones públicas. Estos hechos han llevado a la detención de dos expresidentes de la República como medida preventiva mientras son investigados: Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez.

Sin embargo se ha cuestionado a políticos y miembros de las instituciones por su participación en empresas privadas que ganan contratos con las instituciones y de las cuales reciben los «premios», comisiones o coimas por su influencia en el proceso.

En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la prensa divulgó la participación dudosa de las compañías Alcatel y Ericsson en los procesos licitatorios de líneas telefónicas celulares y grandes sumas de dinero y viajes que presuntamente entregaron a funcionarios y políticos por favorecerlos.

José Antonio Lobo, exdirectivo del ICE y exdiputado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) confesó ante la Fiscalía haber recibido $2,4 millones provenientes de Alcatel, de los cuales 60% era para el expresidente Rodríguez.

Eliseo Vargas, implicado en el caso CCSS – Fischel – Finlandia, aparentemente recibió también $470 mil de la mencionada empresa francesa de comunicaciones.

Hernán Bravo, exdirectivo del ICE también confesó haber recibido $929.790 de Alcatel, a través de la empresa Intelmar, propiedad del asesor técnico de Alcatel, Leonel Barrios, quien ahora también es cuestionado por la Fiscalía.

De la misma manera otro exdirectivo del ICE, Joaquín Alberto Fernández, aparentemente recibió $1,2 millones de parte de Alcatel. Al exfuncionario Rodrigo Méndez Soto supuestamente le dieron $132 mil a través del bufete Servicios Notariales Q.C, provenientes de la misma compañía.

Recientemente se conoció que $372.452 de la sociedad Panameña Denisse S.A. a nombre del primo del expresidente Calderón, Alfonso Guardia Mora, fueron entregados al exmandatario Rodríguez y provenían de Alcatel.

Este dinero fue entregado en tres tractos justo en la época del estallido de las manifestaciones sociales contra el Combo del ICE: el primero en enero del 2000 ($162.283) el segundo en marzo del mismo año ($137.683) y el tercero en mayo ($72.486).

Por último la fiscalía comenzó a investigar los pagos que Alcatel le hizo al expresidente José María Figueres Olsen, a su exasesor presidencial, Roberto Hidalgo, y a la exsecretaria general del Partido Liberación Nacional, Carmen Valverde, por un total de $2,7 millones; ello debido a un asesoramiento para promover las tecnologías modernas de las telecomunicaciones.

Este trabajo se realizó entre el 2000 y el 2003 y le costó a Figueres su puesto en el Foro Económico Mundial, de donde tuvo que renunciar el 29 de octubre.

Pero Alcatel no tiene un historial del todo limpio, pues ya ha recibido denuncias por sobornos para entrar al mercado africano y un caso en Colombia donde se involucraron otras empresas europeas como Ericsson y Siemens.

En esta oportunidad, las compañías realizaron un pacto con el gobierno de Colombia a tal punto que llevaron a la quiebra a la empresa estatal de comunicaciones de ese país, Telecom.



LUEGO DEL COMBO



Según los expertos consultados por UNIVERSIDAD, muchas empresas se habían organizado con el apoyo de políticos y empresarios ahora cuestionados para sacar provecho de las licitaciones del ICE. Con el Combo se les abría una oportunidad que no llegó, aunque se resarcieron de otras maneras.

Sin embargo, los analistas aseguran que no es fácil comprobar que esta situación se haya acelerado después del combo, pues las redes formadas alrededor de la institución se tejieron desde hace más de 15 años.

La socióloga Silvia Lara considera que «no es descabellado pensar que se trata de premios de consolación, tanto para empresas como para políticos a quienes el negocio de las telecomunicaciones no les salió como pensaban, pues el movimiento del combo se los impidió».

En criterio  de Henry Mora es claro que un sector muy importante vio frustradas las oportunidades de inversión con el combo, en las que iban a participar como accionistas empresarios y políticos.

Ricardo Segura, miembro de la comisión política del Frente Interno de Trabajadores del ICE, destacó que la situación se presenta desde 1988 y se trata de fuertes intereses por privatizar la institución; empezaron con proyectos como el de Millicom durante el gobierno de Oscar Arias y que no prosperaron por las protestas contra el combo.

Segura explicó que «detrás de eso hay un gran negocio», compromisos adquiridos con grandes empresas para participar, pero que luego de que el combo rompiera con sus pretensiones quedó la necesidad de recuperar millones de dólares.

Silvia Lara comentó que este fenómeno se produce porque al tratar de reducir el sector público algunas funciones pasan a manos del privado para hacerlas más eficientes, lo que en la realidad no se ha logrado; eso habría tentado a que algunos hicieran sus negocios ilícitos.

El especialista Miguel Sobrado diferenció a las empresas privadas que surgieron alrededor del ICE. Unas compiten «sanamente» por dar servicios de calidad a la institución; otras son dominadas por políticos – empresarios que se quieren aprovechar de la situación para sus propios intereses.

El politólogo Alberto Salom estudió el contexto del ICE desde la perspectiva de la creación de una «red de super élites», en la cual las empresas de capital europeo dan premios a la élite política costarricense para que ejerzan su influencia en las instituciones costarricenses para ganar licitaciones de mercados multimillonarios. Con esos premios la clase política adquiere categoría de «super élite» por la enorme cantidad de dinero recibido.

Para Salom, estas compañías gigantes tienen contactos muy seleccionados y entremezclados en las juntas directivas de las instituciones, desde donde presionan por sus intereses.

Silvia Lara comparte esta posición, por cuanto todas las decisiones pasan por las juntas directivas que son manejadas por los partidos políticos de turno.

Los premios para los involucrados en esta telaraña se disfrazan por medio de asesorías y consultorías millonariamente pagadas, concluyeron los analistas.