En los dos artículos previos, hemos insistido en que ha habido en Costa Rica una especie de «madre de todas las omisiones» con respecto al porqué de la ineficacia de nuestro sistema político e institucional para lograr el ideario de país-bienestar consagrado en la Constitución de 1949. Y, cómo ello posibilitó el estado de cosas clientelar, oscuro, de botín político, que desde 1970 se instauró con la Ley 4-3 de juntas directivas, y en 1974 con la ley de presidencias ejecutivas y la creación de «comités políticos» del PLN en ministerios y autónomas, y por los partidos de oposición posteriormente, factor que se reprodujo como hiedra en las mismas academias estatales.

Tales factores negativos, estimularon actitudes y prácticas corruptas y evitaron la plena aplicabilidad de otras leyes más positivas como la ley de Planificación Nacional de 1964 pero fortalecida en 1974, la Ley de Planificación Urbana de 1968 y, sobre todo, la Ley General de la Administración Pública de 1978 en su régimen de dirección política del Gobierno sobre entes autónomos. La reticencia de todos, inclusive de la Contraloría misma y de la Defensoría para exigir cuentas sobre tales leyes excelentes, malogró la gran transparencia, eficacia estatal y participación ciudadana en San José y en cada región, que ellas en conjunto llegaron a proporcionar.

El sistema político institucional vigente desde 1949 está agotado desde hace mucho y lo demostramos más allá de toda duda razonable en nuestro reciente trabajo de julio próximo pasado para el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas sobre Evolución, actualidad y prospecciones del sistema político institucional costarricense.  Los factores estructurales de representación y participación política en el contexto del vigente sistema centralista y presidencial costarricense, son anacrónicos pues se reducen a un Presidente y a 57 Diputados malamente escogidos, y a paupérrimas vías de participación real y efectiva. La «democracia participativa» que muchos proclaman no puede verse divorciada, como muchos académicos lo plantean, de los aspectos de representatividad de un sistema político, pues no son éstas «alternativas» sino dimensiones de un mismo sistema.

Sin embargo, nuestro actual sistema político podría funcionar mucho mejor si sólo se entendiera bien y se aplicara el régimen de dirección, planificación participativa y presupuestación que en nuestra rigurosa interpretación, determina aspectos clave de los procesos en manos del Estado. La inestabilidad o discontinuidad de tal sistema que ciertamente puede presentarse ante un cambio de gobierno, puede confrontarse mejor si la «sociedad civil» toma conciencia sobre cómo exigir el cumplimiento riguroso de tal sistema jurídicamente respaldado, o si la Contraloría de la República exige del Gobierno ese mismo cumplimiento pues el no hacerlo es lo que ha llevado, insistimos, a tan poca transparencia, a tan poca eficacia, a tanto dispendio del voluminoso gasto público que, aunque deficitario, está para realmente desarrollar al país más allá de la mediocridad e inestabilidad mostrada hasta el momento. Si queremos, sin embargo, afectar los factores de representación y participación política en dimensiones imposibles de lograr en el actual sistema político central y presidencial, hay que reconstruir, entonces sí, el modelo político e institucional vigente, y con ello el país.

No se debe improvisar más la temática como tantos lo hacen. Esto, le ocasionará más daño al país que la oleada de corrupción que nos ha explotado en la cara precisamente por no haber sido serios y profundos en el análisis y aplicación de ese marco legal superior disponible desde 1968, y sus mecanismos por sectores y regiones, de gran participación social y de verdadera transparencia y eficacia gubernativas. Denunciamos a quienes hoy se rasgan las vestiduras proclamando la «santidad» de ese Régimen de Derecho que ellos mismos han consistentemente desatendido o incumplido en los aspectos cruciales que hemos señalado por años. El país no está para más improvisaciones. Hay que reconocer cuáles son y de dónde vienen, en la historia, nuestras peores debilidades sociopolíticas. Nuestro trabajo referido para el IICE, proporciona un análisis riguroso y original. Esperamos sirva bien a este propósito.



*Doctor en administración pública y  políticas públicas