El INAMU ha sido blanco de ataques y críticas como consecuencia del calendario que conmemoraba en una de sus páginas el día de la despenalización del aborto.

Las organizaciones de mujeres pedir‡n al Presidente de la Repœblica la destituci—n de la Ministra de la Condici—n de la Mujer, Georgina Vargas Pag‡n, debido a su papel en relaci—n con el calendario del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
Esto se acord— el pasado 11 de marzo en una reuni—n de agrupaciones de mujeres, entre las que destacan Asociaci—n Nacional de Mujeres en Salud, Centro de Investigaci—n en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica (UCR) y CEP- ALFORJA, Consejo de 12 Puntos.
El citado calendario, el cual celebra los derechos de las mujeres y las luchas femeninas, ha generado fuertes cr’ticas de parte de algunos sectores del Gobierno y de la Iglesia Cat—lica, pues conmemora el 28 de septiembre como D’a internacional de la despenalizaci—n del aborto.
El movimiento de mujeres tambiŽn rechaz— la decisi—n de Vargas Pag‡n de suspender a dos funcionarias del INAMU como consecuencia de la controversia del calendario, lo cual tild— como una persecuci—n ideol—gica al interior de la instituci—n.
Por tanto, demandaron al mandatario Abel Pacheco la restituci—n inmediata de las funcionarias suspendidas y el nombramiento de una persona que cuente con la confianza y la credibilidad del movimiento de mujeres como Presidenta Ejecutiva del INAMU.
A ser consultada por UNIVERSIDAD, la Ministra Vargas expres— desconocer los fundamentos por los cuales el movimiento de mujeres pide su destituci—n. «Dicen que yo no defiendo los derechos de las mujeres, pues deben aclarar cu‡les son esos derechos», expres—.
 
 

CACERêA DE CONOCIMIENTO

El movimiento de mujeres considera que a partir de la controversia del calendario se desat— m‡s que una cacer’a de brujas una cacer’a de conocimiento.
«Cualquier pensamiento que no vaya acorde a la l’nea del gobierno es atacado, criticado y reprimido. Es leg’timo tener una posici—n acerca del aborto y sancionar a alguien por esto atenta contra la libertad de pensamiento», expres—.
Las dirigentes agregaron que «no ten’an miedo de hablar», lo cual contradice las declaraciones que Vargas Pag‡n brind— a este semanario la edici—n anterior, en donde expres— que estas no se quer’an pronunciar.
La Ministra aclar— que en el momento que hizo tales declaraciones desconoc’a de algœn pronunciamiento por parte de los movimientos femeninos
La Junta Directiva del Foro de las Mujeres tambiŽn prepar— un documento dirigido al INAMU en donde solicita una investigaci—n de la responsabilidad de la Ministra con la aprobaci—n al almanaque, una audiencia con la Junta Directiva de dicho instituto y la reinstalaci—n de las dos personas suspendidas.
«La Ministra se lav— las manos y le «zaf— las tablas» a las dos compa–eras», expres— Ana Felicia Torres, representante de la organizaci—n CEP-ALFORJA, Consejo de 12 Puntos.
La carta citada se fundamenta en la ingobernabilidad del INAMU por la falta de confianza con el equipo tŽcnico; la irregularidad de las destituciones se–aladas y la violaci—n al debido proceso, entre otras.
Ante ello la jerarca argument— que el proceso que se le aplic— a las dos funcionarias, suspensi—n con goce de salario mientras se realiza la investigaci—n, fue totalmente legal.

PENALIZACIîN DEL ABORTO

Las Unidades Especializadas en Estudios de las Mujeres y GŽnero de la UCR, Universidad Nacional y el Instituto Tecnol—gico, tambiŽn enviaron un escrito a la Ministra en donde externaban su preocupaci—nacerca del trato que ella, el gobierno de la Repœblica y los medios de comunicaci—n le han dado al las denuncias en contra del citado calendario.
En el documento tambiŽn se critican las declaraciones brindadas por Vargas Pag‡n al diario La Naci—n el pasado 8 de marzo, donde argument— que «El aborto no es un derecho, es un delito» y que «…no existe un d’a internacional del aborto». Lo anterior, segœn las unidades se–aladas, descontextualiza el mensaje para darle otro sentido y no dice toda la verdad sobre el aborto en Costa Rica.
«El calendario no dice que el derecho al aborto es parte de los derechos de las mujeres, sino que es parte de los derechos de las mujeres porque la penalizaci—n de este atenta contra el derecho a la vida, a vivir sin violencia, a la salud y a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducci—n», manifiesta la carta.
Esta tambiŽn expresa que la penalizaci—n de ciertas formas de aborto pone en grave riesgo la vida de las madres que quieren interrumpir sus embarazos, pues si no cuentan con los recursos econ—micos necesarios, se ven en la necesidad de someterse a abortos inseguros.
Sin embargo, la Ministra reiter— a este semanario que no existe el d’a de la despenalizaci—n del aborto en Costa Rica y que dicho acto es un delito.

RESPONSABILIDAD

Para las Unidades citadas, permitir que se desacredite al INAMU y a su personal tŽcnico provoca el debilitamiento de la instituci—n y constituye un retroceso en las luchas de las mujeres por la equidad de gŽnero.
Por tanto, piden a la jerarca reconsiderar su posici—n al negar su responsabilidad respecto de la publicaci—n del calendario (ver edici—n anterior), pues este no solo fue aprobado por ella, sino que se distribuy— masivamente desde diciembre del a–o pasado, lo que le dio numerosas oportunidades para leerlo.
«Si yo tuviera que leer todo lo que sale del departamento de comunicaci—n, entonces para quŽ existir’a ese departamento», manifest— Vargas Pag‡n con respecto a lo anterior. Agreg— que si se hubiera percatado antes de que el calendario conmemoraba el d’a de la despenalizaci—n del aborto, lo hubiera sacado de circulaci—n en el acto.

Campa–a de desprestigio
Nunca ha existido una campa–a a favor del aborto, lo que si existe es una campa–a de deslegitimaci—n contra el INAMU impulsada por grupos conservadores, lo cuales tienen como norte retrasar y obstaculizar la lucha por la equidad de gŽnero.
As’ se manifest— la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del INAMU, la cual considera que se ha dado una campa–a de desprestigio realizada a travŽs de los medios de comunicaci—n en contra del personal de dicha instancia.
TambiŽn critic— que frente a los cuestionamientos y ataques en contra del INAMU se haya optado por una defensa de personas y su imagen, en lugar de defender a la instituci—n como tal.
«Repudiamos la estrategia de bœsqueda de chivos expiatorios y culpables para salvar responsabilidades y limpiar im‡genes privilegiando el c‡lculo pol’tico por encima de instituci—n», denunci— la Asamblea a travŽs de un comunicado.
Por ende, solicitaron la reincorporaci—n de las personas sancionadas y un INAMU libre de pr‡cticas inquisidoras y arbitrarias.