Educación y salud son las áreas en las que el Estado costarricense tiene que destinar mayores recursos, para atender la demanda por servicios que genera la población extranjera afincada en el país.
La atención de extranjeros en el sistema de salud ocasiona gastos extras al país (foto con fines ilustrativos).
Los sectores de educación y salud son los que atienden más demandas por servicios de la población inmigrante y su impacto sobre las finanzas nacionales es difícil de calcular, aunque a partir de datos disponibles se pueden cuantificar en más de ¢30.000 millones por año.
El costo de brindar a la población extranjera un trato igual que a la costarricense -conforme a la legislación nacional e internacional-, representó en el ámbito educativo una inversión cercana a los casi ¢10.000 millones en el 2003, según cifras del viceministro de Educación Pública (MEP), Wilfrido Blanco.
En el área de la salud, el monto es más difícil de precisar, ya que no existen estudios actualizados al respecto.
Sin embargo, una estimación elaborada en el 2002 por Jacqueline Castillo Rivas -de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)-, indicaba que dichos gastos en el 2001 superaron los ¢13.300 millones.
Cualquier institución del Estado está obligada a prestar servicios sin hacer distinción entre nacionales o extranjeros y el artículo 33 de la Constitución Política lo garantiza al estipular: «Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana».
La situación legal del aproximadamente 10% de la población extranjera del país es variada, y mientras una parte se encuentra de manera irregular, otra está a derecho e incluso cotiza para los regímenes de seguridad social y paga impuestos como cualquier costarricense.
 
 
Ante la ausencia de estadísticas precisas y actualizadas sobre cuáles extranjeros reciben algún tipo de beneficio sin cotizar por ellos, es difícil cuantificar el impacto que estas personas tienen para el presupuesto o desarrollo nacional.
En este sentido, el mencionado estudio de la CCSS aclara que «el 76% de las personas extranjeras que viven en el país tienen una condición de aseguramiento que les hace acreedoras del derecho de la atención en salud, tal como lo establece el Reglamento del Seguro de Salud».
Algo similar podría proyectarse para el área de la educación, en donde el costo anual promedio por cada estudiante en edad escolar -independientemente de su nacionalidad- fue de ¢200.000, para el año 2003.

IMPACTO EDUCATIVO

En el ámbito educativo, el viceministro Wilfrido Blanco detalló que la población de estudiantes extranjeros es de aproximadamente 42.000. De ellos, unos 36.000 son nicaragüenses.
Sin entrar a calificar si son buenos o malos los conceptos culturales o sociales que estos niños traen, aseguró que simplemente son diferentes a los que se manejan en el país, y por lo general los escolares vienen retrasados en cuanto a edad y nivel que cursan.
Lo anterior implica una dificultad técnica a la que hay que buscarle solución, pues dicho desfase «rompe los procesos que ya nosotros llevábamos y nos exige hacer cambios».
La respuesta del MEP a esta situación es un programa que se llama «Aula abierta», que atiende a jóvenes entre los 13 y 15 años con rezago educativo; incluye también a costarricenses. Solo un 20% de la matrícula corresponde a extranjeros.
«Aula abierta» atiende los problemas por «sobre edad» y capacita a educadores para atender debidamente a este tipo de escolares, quienes son incluidos en grupos especiales, con materiales específicos, horarios especiales e incluso no se les exige uniforme, explicó el Viceministro.
En el desarrollo de este plan -agregó- el MEP ha contado con el apoyo financiero de $5 millones de la Organización Internacional para las Migraciones, para un proyecto de tres etapas durante cinco años y que prácticamente ya venció.
Respecto al aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, Blanco comentó que en la educación primaria «es bastante bueno» y cuando se han ajustado bien a este programa, aumentan las probabilidades de éxito en la etapa secundaria.
Los $21 millones dedicados a la atención de estudiantes extranjeros es al menos dos veces la cantidad que el MEP destina para infraestructura educativa.
Según el viceministro Blanco, la mayor parte de el estudiantado inmigrante es atendido en área metropolitana de San José, seguido de Upala, La Cruz y San Carlos.

IMPACTO EN SALUD

Acerca del impacto de los extranjeros sobre el sector salud, el estudio de la CCSS del 2002 indicó que la inmigración genera un crecimiento de la demanda de servicios, principalmente de salud y educación, «los cuales no siempre se encuentran aparejados con un incremento en su financiamiento».
De acuerdo con el análisis realizado por la Caja en varias fuentes de información, la utilización de sus servicios por parte de extranjeros representó en el 2001 un 6.27% del total de las hospitalizaciones y un 4% de las consultas externas y de la atención de urgencias.
«Los pacientes extranjeros, especialmente los de origen nicaragüense, utilizan los servicios de los EBAIS o Áreas de Salud en una relación de casi un 30% más que los costarricenses», mientras que el resto emplean principalmente los servicios de consulta externa privados y los de las clínicas de la Caja cuando buscan servicios médicos especializados, detalla el informe.
En las conclusiones del citado estudio se asevera que «como es de esperar, la mayor utilización de los servicios de salud por parte de extranjeros, se destina a los nacidos en la región centroamericana, especialmente los nicaragüenses, quienes tienen una mayor propensión a venir a Costa Rica para encontrar mayores oportunidades de trabajo. Se presenta una mayor atención de pacientes extranjeros atendidos en las zonas fronterizas y en las regiones donde se usa más la mano de obra extranjera».
Se advierte, además, que el costo de atención a extranjeros tenderá al aumento de un 3% anual, «si se consideran las tasas de crecimiento natural de los países vecinos».