Especialistas proponen reformas para recuperar la credibilidad en la democracia representativa.
Con un proyecto de Ley procuran regular también el financiamiento de la pre-campan˜a
En tiempos de escándalo, que llevan a una creciente falta de confianza de la población en los políticos y en los partidos políticos, ¿cuáles son los problemas y cuáles las reformas necesarias para su financiamiento público y privado?

Con esta preguntas, dirigidas al abogado y politólogo Kevin Casas, y al sociólogo y politólogo, Gerardo Hernández, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), de la UCR, inauguró el pasado 21 de junio , el ciclo «Jornadas de Análisis y Reflexión sobre los Desafíos Políticos de la Costa Rica actual» que agosto y setiembre ofrecerá sesiones semanales en el Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales.

Al explicar la razón por la cual el IIS organizó estas Jornadas, su directora Ciska Raventós, recordó que «nos acercamos a las elecciones del 2006 en medio de importantes cambios políticos», que incluyen «malestar y debilitamiento de las lealtades hacia los partidos del bipartidismo, desde mediados de la década pasada, como se refleja en los índices crecientes de abstencionismo».

Además, esbozó las principales características que anteceden a la coyuntura electoral, y los posibles aportes de la Academia. (Ver nota: «Para discutir»)



FINANCIAMIENTO DEBE SER PERMANENTE



Según Casas, regular el financiamiento público y privado de los partidos políticos es importante, por las siguientes razones: hace más equitativa la competencia electoral, facilita oportunidades para el intercambio entre los políticos y los votantes, y «porque en casi todas las democracias, se ha convertido en fuente de especulación y escándalo que afectan su legitimidad.»

En Costa Rica, agregó «los escándalos de la pasada campaña pusieron en evidencia la debilidad de los controles sobre las fuentes privadas de financiamiento», debilidad que se manifiesta en el hecho de que si bien los partidos están obligados a presentar reportes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), este no los audita, supuestamente porque la ley no lo faculta expresamente para ello.

«Cuando se ha descubierto que los reportes son parciales o falsos, ha sido por la prensa», dijo. Así las cosas, «en este momento, los controles sobre las donaciones privadas son de acatamiento voluntario por parte de los partidos.» Agregó que esta situación se vio fortalecida cuando en la víspera de la campaña electoral pasada, «el Presidente del Tribunal dijo que los controles son voluntarios. Están en la norma, pero no se aplican.» (UNIVERSIDAD intentó obtener la opinión del Presidente del TSE, pero hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.)

Casas también criticó el hecho de que las normas vigentes no cubren las donaciones en especie, como los espacios a tarifas rebajadas que las televisoras dan a los partidos con opción de ganar y que «pueden alcanzar montos considerables. No tienen la obligación de declarar esto», enfatizó.

Calificó de «problema muy complejo» a la división que los partidos hacen de las responsabilidades financieras de las campañas, en dos estructuras: la del candidato y la del partido. «La estructura del candidato termina por prevalecer sobre la estructura del partido, con lo cual se da una dualidad de finanzas y de responsabilidades. La norma no indica quién será tenido por responsable si esta es incumplida».

Agregó que esto «contrasta con los controles exasperantes que existen sobre el financiamiento estatal a los partidos. El reglamentismo en la liquidación de la deuda estatal afecta sobre todo a los partidos pequeños y nuevos, que frecuentemente no pueden liquidar sus gastos. Esto tiene efectos «regresivos» en la competencia electoral», agregó.

Otra debilidad dijo, es que el financiamiento estatal «deja al descubierto áreas del quehacer político, como las precampañas, las elecciones de alcaldes y las actividades permanentes de los partidos. No hay financiamiento adelantado para esto, no se cubren los procesos internos, y esto es muy grave, porque hace más difícil la participación democrática al interior de los partidos, como lo estamos viendo.»

Tampoco existen garantías para que todos los partidos tengan acceso a los medios de comunicación; «uno de los grandes problemas» es la ausencia de financiamiento público para los partidos emergentes. «Como el Estado no los financia, los obliga a buscar financiamiento privado. Esta es una gran ironía», enfatizó.

Al referirse a las reformas necesarias, Casas dijo que el régimen de sanciones debe ser «moderado, y no cada vez más severo», pues es un argumento que semeja la posición de los economistas clásicos sobre los impuestos y la presunta «naturaleza humana», «entre más difícil hagamos a los partidos recaudar fondos por vías legales, más buscarán otras vías,» ya que «los políticos son muy vivos y buscan la manera.»

Agregó que «toda reforma debe venir acompañada de recursos económicos e institucionales que la hagan aplicable». Además, centralizar la responsabilidad financiera en una persona que, como en otros países, puede ser la figura del «Agente electoral», sobre quien caería la responsabilidad legal y penal por los incumplimientos.

En su opinión es necesario hacer una reforma constitucional para dar a los partidos políticos un carácter permanente, en lugar de que cada cuatro años deban montar una «maquinaria electoral», lo cual no solo sale más caro que garantizarles un financiamiento permanente, sino que propicia condiciones para la corrupción.



«CAMBIAR EL FOCO»



Por su parte, Hernández se refirió a las características que han definido el marco regulatorio de los partidos políticos desde 1950. La primera dijo, es que «son los propios partidos políticos, en la Asamblea Legislativa, los que deciden sobre aspectos que son fundamentales para ellos mismos.»

«Esto es determinante de los principales límites y alcances del reformismo electoral, de lo que dejan pasar y de lo que aceptan en cuanto a los proyectos que llegan a la Asamblea», enfatizó.

También se refirió a la «ambivalencia entre los público y lo privado, sobre todo en lo que se refiere al financiamiento. En Costa Rica, a pesar del desarrollo relativamente sofisticado del marco regulatorio público, ha estado muy vinculado a lo privado», dijo.

«Uno de los temas de mayor debate público, con o sin fundamento, es precisamente el financiamiento público. Siempre hay la sensación de que hay que empezar de cero. ¿Por qué hemos llegado a eso? A pesar de que los reformadores electorales dan gran relevancia a este tema para la democracia y para la vida de los partidos políticos, el sistema ha fallado en crear apoyo ciudadano para esta idea. Debido a los escándalos, la gente tiende a desvalorizar la importancia del financiamiento de los partidos», agregó.

Explicó que desde 1948, el marco regulatorio presenta tres características: un vacío en materia de regulación del financiamiento privado, a pesar de las reformas introducidas en 1997, que «han resultado insuficientes para lograr transparencia, control y auditorajes»; ausencia de un sistema que garantice el acceso al financiamiento para costear los gastos de campaña; y un gran vacío en la regulación del gasto, pues solo existen orientaciones generales.

«Desde antes y después del 48, los partidos prácticamente han gastado a la libre los recursos públicos y privados»; recordó que en distintos momentos de la historia nacional, aquellos legislaron para cobrarse, con recursos públicos -incluso deducidos de los salarios de los empleados públicos -, los gastos en que incurrieron para promover sus intereses en la arena política, desde la guerra, hasta las campañas electorales.

En cuanto a la manera de superar las debilidades del marco regulatorio, Hernández propuso tres grandes líneas: los derechos «deben ser efectivos para todos los partidos y escalas de la elección», es decir, reducir las barreras de acceso al financiamiento; los derechos de los partidos «deben tener como referente los derechos de la ciudadanía en una campaña electoral, pues no son derechos de los partidos en sí mismos». De lo que se trata, agregó, «es de cambiar el foco, de darle vuelta al concepto, de garantizar el acceso de la ciudadanía a la información, al debate responsable de los partidos.»

Es necesario crear mecanismos de control y fiscalización permanentes de las finanzas de los partidos, y del dinero público destinado al ejercicio del derecho electoral ciudadano, a través del TSE, dijo.



REFORMA CON BUEN AUGURIO



En la Asamblea Legislativa existen dos proyectos para reformar el marco regulatorio de los partidos políticos, uno específicamente dirigido al financiamiento de aquellos, y el otro, una reforma más amplia del Código Electoral.

El diputado liberacionista y presidente de la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos, Luis Gerardo Villanueva, autor de la primera iniciativa, afirmó que mientras esta tiene los votos para ser aprobada, la segunda «no tiene ninguna posibilidad».

También explicó que el proyecto, que la semana antepasada logró reunir 38 votos para ser elevado al tercer lugar de la agenda legislativa, busca subsanar las debilidades normativas que impiden la transparencia, la igualdad de oportunidades y el financiamiento permanente de los partidos, y que además lo hace disminuyendo el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB, la riqueza producida por el país en un año), que actualmente se destina a financiar la participación electoral con dinero público. (Ver: «Proyecto sí tiene la voluntad política»)

Por su parte, la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Martha Zamora, coincidió en que este proyecto reunirá los votos necesarios para ser aprobado.

«Lo ideal sería ver ambos proyectos a la vez y darle a la gente todo, pero tenemos que partir de los tiempos legislativos reales. La campaña electoral comienza en octubre. Debemos correr en el tema del financiamiento para que salga al menos esta reforma a tiempo», explicó. (Ver: «Quien no lo aprueba, se suicida»)

UNIVERSIDAD también intentó reiteradamente obtener la opinión del diputado del Partido Unidad Social Cristiana y precandidato presidencial, Ricardo Toledo, pero hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Antes que esta reforma -a la que se han planteado varios cambios, vía mociones-, el Plenario Legislativo deberá discutir un proyecto de Presupuesto Extraordinario y la ley del Pacto Fiscal. En cuarto lugar de la agenda se encuentra la reforma más amplia del Código Electoral.

Para discutir
La directora del IIS Ciska Raventós, caracterizó en los siguientes aspectos, la coyuntura político-electoral, y se refirió al aporte de la Academia: Las elecciones del 2006 se producirán en un contexto marcado por:
-Malestar y debilitamiento de la credibilidad ciudadana en los políticos y los partidos políticos, y de las lealtades hacia el bipartidismo, lo cual se refleja en el creciente abstencionismo. Hasta 1998, el 82% de los electores votaba. En el 2002, lo hizo el 69%.



* Históricamente, el país fue capaz de crear una organización social e institucional que permitió una mejor distribución y redistribución de la riqueza y del poder político, «la cual evitó mucho del dolor, violencia y muerte que vivieron los países vecinos.» Sin embargo, «nuestras conquistas sociales se han ido erosionando. Durante los últimos nueve años se ha dado un lento, pero sostenido aumento en la desigualdad social. Los procesos de reforma del Estado han llevado al debilitamiento de la capacidad y eficacia de las instituciones públicas.»

* «Frente a estos retos, la clase política ha tenido grandes dificultades en construir acuerdos. La negociación del pacto fiscal, a lo largo de los últimos tres años, ha sido sintomática de las dificultades. En otros casos, como en el «combo» del 2000, el acuerdo político se contrapuso a la disconformidad ciudadana.»

* «Las condiciones de la globalización estrechan los márgenes de autonomía para gestar nuestra institucionalidad. Mientras resolvemos las dificultades internas, estamos obligados a tomar decisiones sobre temas que rebasan lo nacional, como el Tratado de Libres Comercio con Estados Unidos.»

* «Durante los últimos años se han dado importantes análisis en ciencias sociales, muchos de los cuales todavía no se han publicado, y que permiten enriquecer el debate público.» La academia – en este caso a través del IIS- pretende «aportar al debate ciudadano resultados de investigación que nos permitan ver la complejidad de los desafíos, y visualizar las soluciones correspondientes.»



Jefa del PAC



«Quien no lo apoye, se suicida»

La diputada Martha Zamora, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), conversó con UNIVERSIDAD sobre el proyecto que busca hacer más transparente y sujeto a control, el financiamiento de los partidos políticos.



¿Por qué es importante para su partido llevar adelante esta reforma?



-Tenemos mucho tiempo en el tema. Yo, en particular. Uno de los principales problemas es la ausencia de legislación punitiva, que castigue las irregularidades con los fondos de campaña. Las sanciones son muy suaves. Ya vimos lo que pasó en la campaña pasada, con cuentas raras y estructuras paralelas, y a pesar de los escándalos no había un tipo penal para llevarlos a los tribunales.

En el proyecto contemplamos cárcel para el candidato y multas para el partido al que se descubra con cuentas o donantes del extranjero, con cuentas paralelas, para que estas cosas no queden en la impunidad, como ocurrió con un señor que compareció ante la Comisión y reconoció haber dado $1000 dólares al PLN y $1000 al PUSC, y luego salió involucrado en el caso Alcatel, y nada se puede hacer.

También se elimina la posibilidad de recibir donaciones del extranjero, incluso para capacitación. Lo ideal es que el partido tenga una cuenta única y un único responsable, que será el Tesorero o la Tesorera. Otro elemento es que reducimos el aporte estatal a la campaña.
¿Qué posibilidad tiene esta reforma de aprobarse?



-A los dos partidos tradicionales, ninguna de las dos propuestas de reforma los hace felices. El que no apoye esto, se suicida. ¿Quién puede atreverse a decir públicamente que está en contra? ¿Después de todos los escándalos, del desastre? Los partidos no tradicionales estamos más conscientes de que hay que hacer este cambio y de que no puede haber impunidad. La investigación de la Comisión no puede quedar en el vacío, por eso presentamos esta propuesta. Es importante que exista castigo, por lo menos que los partidos tengan esa expectativa, de que pueden ser sancionados.



Presidente de la Comisión:

«Proyecto sí tiene la voluntad política»

El diputado del PLN Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos, y autor del proyecto de reforma, afirmó que tiene el respaldo para ser aprobado.



¿Qué posibilidad real de ser aprobado tiene este proyecto?



-El proyecto de reformar el Código Electoral no tiene ninguna posibilidad de salir. Pero el que reforma el financiamiento de los partidos, sí tiene la voluntad política. Con 38 votos se aprobó que pasara al tercer lugar de la agenda del Plenario. Si no se aprobara, la gente perdería credibilidad, no solo en los partidos, sino en el sistema político.



¿Cuáles son los cambios más importantes que se proponen?

– Se disminuye el aporte estatal a las campañas, del 0.19% del PIB al 0.12% del PIB. Se establece el financiamiento permanente, durante 48 meses, de los partidos. Además, el financiamiento público cubre la elección presidencial, la posibilidad de una segunda vuelta y la elección de alcaldes. Hace posible ordenar las finanzas electorales, pues solo el Tesorero estará autorizado a recibir donaciones. Se crea la Dirección de Finanzas de los Partidos Políticos como un nuevo departamento del Tribunal Supremo de Elecciones, con la obligación de fiscalizar permanentemente a los partidos. Se prohíben las donaciones de personas jurídicas, así como de extranjeros, en cualquier modalidad, y en esta prohibición quedan incluidos todos: candidatos presidenciales, a alcaldes, regidores, diputados. El financiamiento y los controles entran a regir desde la pre-campaña. Se introducen sanciones de uno a seis años de cárcel, a quien incumpla esta legislación.