Luego de tres años de haberse emitido el reglamento para cobrar a quien contamine, el mecanismo se halla estancado.
Las aguas residuales domésticas constituyen el 42% de la contaminación que reciben ríos como el Grande de Tárcoles y el sector agroindustrial aporta el 33%.
A pesar de que el río Grande de Tárcoles es la cloaca abierta del Gran Área Metropolitana y cada día recibe más de 250.000 metros cúbicos de aguas residuales, la aplicación del principio: “el que contamina paga” deberá esperar más tiempo, debido a una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento que permitiría cobrar por el vertido de desechos en ríos.
La contaminación de los recursos hídricos es uno de los problemas ambientales más serios que enfrenta el país, ya que apenas 4% de las aguas residuales industriales, agrícolas y domésticas reciben tratamiento para reducir su impacto sobre las distintas formas de vida. Para mitigar las secuelas de este daño, en abril del 2003 el gobierno emitió un decreto ejecutivo con el reglamento que establece el Canon Ambiental por Vertidos, es decir, el monto que se cobrará a personas o empresas por arrojar materiales o sustancias sobre cuerpos de agua. Más de dos años después, ese cobro no se ha ejecutado por  diversas razones y cuando ya estaba casi lista su aplicación, los productores de azúcar agrupados en la Liga de la Caña objetaron en mayo pasado el reglamento ante la Sala Constitucional; al acogerlo este tribunal para su estudio, suspendió cualquier acto administrativo. El cuestionamiento de los cañeros obedece a que consideran que los cánones establecidos en  el reglamento son en realidad impuestos y por lo tanto, estos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa y no mediante un decreto del Poder Ejecutivo. No obstante la posición de la Liga de la Caña, hay anuencia por parte del sector empresarial para pagar estos cánones ambientales y califican como una buena versión el último reglamento reformado y por publicar, según afirmó Marielos Alfaro, agremiada de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), de la cual es asesora ambiental. Estos temas fueron analizados en el foro “Problemática ambiental de los vertidos en Costa Rica”, realizado el pasado 17 de junio en la Universidad Nacional en Heredia (UNA). La actividad fue organizada por el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua (PRIGA), y el Programa Cambio Social, Biodiversidad y Sostenibilidad –ambos de la UNA-, así como por la Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia. Además de la empresaria Alfaro, participaron como expositores María Guzmán, encargada de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE); y Wilberth Vásquez, funcionario del Ministerio de Salud en la Región Central Norte de Heredia. Como moderadora estuvo Antonieta Camacho, de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA.
EL REGLAMENTO
Al emitir el gobierno el reglamento con los cánones, lo hizo tras considerar que “el país se enfrenta a la amenaza inminente de sufrir una crisis hídrica sin precedentes, causada –entre otros factores- por los elevados niveles de contaminación de los cuerpos de agua, como consecuencia de las actividades humanas”. De acuerdo con el decreto No.31176-MINAE, el Canon Ambiental por Vertidos “es un instrumento económico de regulación que se fundamenta en el principio de ‘quien contamina paga’ y que pretende el objetivo social de alcanzar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. El cobro se hará a cualquier persona física o jurídica, que realicen o no actividades lucrativas, y que de alguna manera alteren la calidad de los cuerpos de agua. La degradación en la calidad de los recursos hídricos se detalla en los informes anuales del “Estado de la Nación”; en el documento del 2003 expone que a dicho deterioro contribuyen diversos factores. Entre ellos están: la falta de tratamiento de aguas de origen doméstico, industrial y agrícola; los deficientes controles de las regulaciones ambientales; y la escasa conciencia ambiental de la población. La directora de la DIGECA –María Guzmán-, detalló que del 59% de las cuencas hidrográficas hay nula o poca información de sus características. Guzmán dijo que los nuevos cánones que se cobrarían buscan promover la eficiencia ambiental y conductas de prevención frente los procesos que afectan la calidad del agua. Los valores que se aplicarán reflejan el costo de evitar la contaminación, no así los relativos a los daños asociados a esta, agregó. El cobro del canon será gradual en un lapso de seis años y las tarifas oscilarán entre los $0,022 y $0,22 (su equivalente en colones) por cada kilogramo de desechos y su consecuente Demanda Química de Oxígeno (DQO), y de $0,19 por kilo para Sólidos Suspendidos Totales (SST). Según Guzmán, de lo que se recaude, el 60% se destinará a obras de tratamiento de aguas residuales domésticas y alcantarillados; 20% a labores de monitoreo y fortalecimiento de la recaudación; 15% a estimular sistemas de producción más limpios; y 5% para divulgación, capacitación e investigación de procesos más limpios y eficientes.
DISCREPANCIAS
Respecto del reglamento, la asesora de la UCCAEP recordó que el sector empresarial no tuvo acceso a los borradores antes de su publicación, por lo que hicieron un proceso de consulta y negociación con la DIGECA para que se tomaran en cuenta sus observaciones. Asimismo, la Cámara de Porcicultores presentó en noviembre pasado un recurso de nulidad contra el canon de vertidos, por no haber sido tomados en cuenta en la implementación de este decreto. El MINAE acogió el recurso. Tras los reclamos contra el reglamento, el Poder Ejecutivo preparó uno nuevo mejorado y está listo para su publicación. Pero ese reglamento y el cobro de los cánones está suspendido mientras la Sala Constitucional resuelve la acción interpuesta por la Liga de la Caña, puntualizó Guzmán. Por otra parte, en la tarea por mejorar los controles sobre la contaminación del agua, en mayo pasado venció el plazo de dos años que se había dado para que todos los laboratorios que realizan análisis de este líquido estuvieran acreditados por el Ente Nacional de Acreditación (ENA). En este sentido, el Ing. Wilberth Vásquez –del Ministerio de Salud-, criticó al Laboratorio Nacional de Aguas de Acueductos y Alcantarillado (AyA), por no estar aún acreditado ante el ENA. Consultado Dárner Mora, director de ese laboratorio, argumentó que no se ha hecho porque no puede suspender sus labores durante aproximadamente 15 días, con miras a la acreditación. Sin embargo, aseguró que desde hace tres años el laboratorio inició el proceso por etapas y esperan completarlo en tres meses, para que el ENA les dé el visto bueno. Justificó el retraso en razón del tamaño del laboratorio y de la cantidad de técnicas y procedimientos que utilizan. Mora comentó que el AyA está de acuerdo con el pago de los cánones por vertido como una forma de combatir la contaminación del agua. No obstante, están en desacuerdo con que los dineros vayan al MINAE, porque podrían terminar como otros con destinos específicos, en la caja única del Estado. Si hay un porcentaje para alcantarillado, debería ir directamente a AyA, reclamó. Por su parte, la Directora de la DIGECA instó al Estado a invertir realmente en infraestructura de saneamiento ambiental, ya que en este campo el país tiene un rezago de 30 años.