A la noticia de que la Caja Costarricense de Seguro Social enviará a 345 patronos a cobro judicial antecedió  una nutrida disertación sobre el futuro del seguro social.  Ello evidencia que el futuro de la institución es de interés público innegable, máxime que la misma Caja reconoce que solo  el sector privado  adeuda a la seguridad social ¢ 26 mil millones,  (Diario Extra 9 de julio 2005).
Es un debate sobre lo que fue en sus orígenes la CCSS,  lo que es y será dentro del Tratado de Libre comercio, ahora que se habla en la Asamblea Legislativa de acrecentar la deuda externa en $ 300 millones a fin de dar contenido a  la llamada Agenda complementaria. Ello como parte del interés que tienen sobre el libre comercio al menos 29 empresas de capital norteamericano (sic. Eco Católico 10 de julio 2005, citando a La República) . Así, el quehacer  de la Caja – y lo dejado de hacer también en todos estos años -, va intrínsecamente ligado a sus finanzas, a candidatos presidenciales, a evasores y costarricenses que creen en la medicina social.
No extrañó entonces que como parte de este debate la presidencia ejecutiva de la institución haya atribuido  a la Sala IV responsabilidad por la situación, lo cual del todo creo es injusto,  ya que la vida es un bien supremo y la salud un derecho humano. En otros casos, los participantes de este debate recurren  a analogías  como la de «Los pactos comunales y la CCSS»  para explicar la crisis financiera,  hasta la más reciente sobre «intervención quirúrgica» realizada sobre el caso por el Dr. Vladimir Carazo (ambos artículos en La Nación 9 y 10 de julio, respectivamente).
Sin embargo, a estas alturas del debate, pareciera que  los contertulios  olvidan los  estudios actuariales de la CCSS, donde se  revela que  entre  subsidios y  evasión contributiva se  escamotean a todos los costarricenses unos  ¢ 231.447 millones, monto equivalente al 72% de la recaudación de 2003.
 
 
El mayor nivel de morosidad, evasión y subsidio lo registra el régimen no contributivo, con una participación del 30.4% del monto total, seguido por el rubro de no asegurados con el 27.3%;  luego viene el de los «trabajadores independientes» con un 23.8%, el de los asalariados con el 10.8% y el de los pensionados con el 7.6%.
Del estudio «Seguro de Salud: Evasión, Costos y Financiamiento según régimen de protección», que algunos funcionarios de la Caja «desoficializan» por política, aunque la investigación del Msc Rodrigo Arias López metodológicamente reúne todas las exigencias, muestra que la CCSS hace una recaudación efectiva de 58% de las contribuciones ideales. El restante 42% constituye ni más ni menos que una sinvergüenzada.
Dos soluciones:  Desde la perspectiva de la rendición de cuentas y la transparencia pareciera que hay dos caminos: a) A fin de equilibrar financieramente a la institución y cumplir con la Constitución Política en cuanto al derecho a la salud en forma pronta y de calidad, caben aún reformas para que toda la población activamente económica, pensionada y rentista, quede obligada a afiliarse y a cotizar para el seguro de salud; b) Se garantice además verdadera autonomía política a la Caja  (seducida desde años atrás por los políticos de carrera)  para gobernar y administrar los seguros sociales y c) Trasladar directamente los aportes del Estado a la Caja. En ello se debe incluir el traslado total a la Caja del Régimen No Contributivo de Pensiones (veáse ley de FODESAF y ley 7374), a fin de garantizar el ingreso efectivo de las rentas y cumplir con la Ley de Protección al Trabajador. Esta alerta roja la conocen los funcionarios de la CCSS desde octubre de 2004.  La otra opción es utilizar el viejo manual, que es  cambiar  leyes o cerrar servicios para no pagar.
Recordemos  los pasos seguidos con el Banco Anglo, los fondos bananeros (1996), FNCA (1997), FODESAF (1998)  y los CAT (1999) -según se indica en la tesis «Aportes históricos y jurídicos para entender el cierre del Banco Anglo costarricense: una lectura crítica contra la corrupción  y la impunidad en Costa Rica», Facultad de Derecho-.


* Periodista, abogado y notario.