Desde que los organismos internacionales empezaron no hace mucho a utilizar el concepto de gobernabilidad para disfrazar sus posiciones antiestatistas rechazadas en muchos países del mundo, se ha generado una gran confusión conceptual.
Governability o governance, en Inglés, se han utilizado con naturalidad desde la Inglaterra medieval hasta su conversión, la del resto de Europa y sobre todo a partir del nacimiento de Estados Unidos, en países de tradición republicana y democrática; luego, en las demás excolonias europeas de poblamiento anglosajón. ¿Alguien discute si Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Alemania, o Canadá, son «gobernables»?
La democracia como régimen político ha hecho a esas sociedades históricamente «gobernables», y son ellas el parámetro en el que el resto de naciones  han fundado su nacimiento republicano y sus expectativas como «sociedades civilizadas», incluidas las naciones del Este europeo que tuvieron un pasado monárquico semejante al del Oeste europeo pero surgieron del totalitarismo soviético en los últimos veinte años. En América Latina fue hace 180 años cuando se copió el modelo presidencialista norteamericano pero sólo en la forma, no en su comportamiento sociopolítico; y nunca en su dimensión descentralizada ni de poder legislativo bicameral.
El hecho a resaltar es que cuando un sistema democrático -no uno dictatorial- funciona eficazmente según los principios que lo rigen, o sea cuando hay convergencia casi total entre las normas y el comportamiento de todos, gobierno incluido, resulta de poca importancia decir que el «sistema es gobernable». Al contrario, la noción de ingobernabilidad se asocia con sistemas disfuncionales o extremamente corruptos pues en ellos no funcionan como debían el Gobierno, ni la separación eficaz de Poderes, ni los gobiernos locales; tampoco la representación y participación políticas del ciudadano resultan el contrapeso efectivo que están llamadas a ser sobre los poderes políticos, ni la brecha entre ricos y pobres se cierra sino que se expande. Menos, se busca afanosa y consistentemente la consecución de los derechos constitucionales del habitante.
La «gobernabilidad eficaz» es, en tal escenario, sinónimo de la puesta a «derecho» de una nación ingobernable o con problemas de gobernabilidad. En ninguna democracia industrializada de las tradicionales, la corrupción y la indolencia política y ciudadana amenazan la eficacia del sistema político e institucional como sí ocurre en América Latina, naciones siempre inestables producto de su pasado colonial y de su despotismo nada ilustrado aun en condiciones de vida republicana, y con niveles de desarrollo integral muy bajos caracterizados por crónicas desigualdades sociales.
Los organismos internacionales no ayudan realmente a consolidar democracias en países del Tercer Mundo. Sus copiosos recursos para una «buena gobernabilidad» en los países excomunistas, se han consumido para apoyar privatizaciones. Gobernabilidad de ésta en América Latina, ha significado apoyar esfuerzos semejantes y «descentralizaciones», bajo el supuesto de que el gobierno perderá protagonismo a manos de la sociedad civil y de más empresas privadas, ya que ello «generará más democracia», sin parar mientes como denuncia el PNUD, en que lo que se logra con ello es generar recelos y enfrentamientos entre gobierno y «sociedad civil». Disfrazan, de esta forma, sus intenciones de lograr un mayor éxito en sus políticas neoliberales. Así, no ganan mucho nuestros países. El problema es que tampoco intentamos aquí estrategias integrales y viables… autóctonas. Lo autóctono en estas latitudes es mala nota pues nos subyuga el depender, precisamente, de ideas o esquemas célebres anglosajones, como cuando nos comparamos con Irlanda y Nueva Zelanda argumentando su «similar tamaño y población» pero sin reparar en la abismal diferencia histórica de cultura y sistema políticos, los cuales van mucho más allá de numeritos y de unas cuantas políticas públicas… Círculo vicioso y eternización de la mediocridad, se llama esto.
 
*Profesor UCR