El informe de la Comisión de Notables acerca del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), incluye un llamado a evitar la polarización de la sociedad costarricense en torno a este importante tema.

Sin embargo, no hay nada más polarizante que poner a la gente en la disyuntiva maniquea de decir «sí» o «no» a un Tratado lleno de matices, que contiene a la vez medidas que mejoran las condiciones de acceso al mercado estadounidense para algunos sectores productivos, y medidas que tenderán a la privatización, mercantilización, y consiguiente encarecimiento, de actividades que, desde hace muchos años, en Costa Rica, son consideradas como servicios públicos para el desarrollo y el bienestar de las personas -las telecomunicaciones, el seguro de riesgos del trabajo, el acceso más rápido a los medicamentos genéricos para la Seguridad Social-, y que con el TLC se transformarán en otras mercancías más.

Y esto, polarizar a la gente para que tenga necesariamente que posicionarse entre un rotundo «sí» o un rotundo «no», es lo que sucederá cuando el TLC se envíe a la Asamblea Legislativa. Porque, como sabemos, según establece la ley, las diputadas y diputados no podrán modificar un ápice del texto, sino únicamente aprobarlo o improbarlo: aceptarlo o rechazarlo en su totalidad.

En otras palabras, el mecanismo democrático formal colocará al país en una situación de confrontación apasionada, que es lo que caracteriza a cualquier polarización.

Y son quienes se proclaman «los verdaderos demócratas», quienes están buscando este escenario. Porque a estas personas les encanta defender la formalidad de la democracia, pero solo cuando les sirve: se afirmaron defensores de las reglas formales de la democracia y dijeron que, por eso, no acudirían a la Sala Constitucional para obtener la posibilidad de la reelección, pero cuando comprobaron que en la Asamblea Legislativa no obtendrían los votos, buscaron los de la Sala. (Y los obtuvieron, porque -si le creemos a don Guido Sáenz- es más fácil negociar los 7 votos de la Sala, que los 57 de la Asamblea Legislativa).

Ahora, acusan a quienes consideramos que el TLC no debe ser enviado a la Asamblea sino hasta el próximo Gobierno -las elecciones del 2006 pueden ser el referéndum que la mayoría de la gente dice querer al respecto-, de ser «anti-demócratas». Ellos, que metieron subrepticiamente el tema de las telecomunicaciones y los seguros, en el TLC, a pesar de que el país ya había «votado» en contra de esto -durante el «combo»- cuando «se tomó» el territorio nacional por más de un mes, hasta impedirlo. Ellos, que mediante acciones ejecutivas, y políticas de «hechos consumados», han venido desarmando el Estado Social de Derecho sin consultar democráticamente al pueblo costarricense, más bien en contra de sus promesas electorales, con el único fin de desarrollar buenos negocios.

Estos son quienes, ahora, nos quieren llevar a un escenario de maniquea polarización, quienes quieren obligar a enfrentarse a las trabajadoras y trabajadores textiles, con quienes laboran en la agricultura campesina, a quienes defendemos el carácter no mercantil de los servicios públicos, con quienes creen ilusoriamente que el TLC solucionará los problemas de empleo -que existen principalmente por la captura que los grandes intereses económicos, foráneos e internos, han hecho del Estado, con el consiguiente abandono de una política nacional de desarrollo.

Estas personas son, también, las que se lavan las manos de toda responsabilidad política con la democracia costarricense, refugiándose en razonamientos únicamente técnicos -muchos de ellos sesgados, por lo demás-, para abogar casi religiosamente porque se sancione un Tratado que la gran mayoría de la población quisiera tener la oportunidad no solo de discutir, sino de poder replantear, en lo que sea necesario, para obtener lo mejor posible para el país, y eliminar de él todo aquello que pudiera dañar su bienestar y potestades soberanas. Porque todavía creen que Costa Rica puede y debe decidir sus propias políticas.

Son estas personas, también, las que, satanizando como «antidemocrático» el legítimo derecho al disenso, a la discusión y al consenso, hacen llamados a la represión desde sus pequeños neofascistoides corazones. Y quieren obligar autoritariamente a aprobar una ley «ómnibus» como es este Tratado, al mejor estilo estadounidense.

¿Qué lógica les hará creer que pueden polarizar al país de esta manera -enfrentando a una mitad contra la otra mitad-, sin que esto tenga consecuencias?

Deberían meditar -más, todavía, deberían irse a ayunar al desierto 40 días y 40 noches- para lograr un pensamiento claro sobre la gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros.