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El informe de los Notables sobre el TLC, es una pieza analítica juiciosa, objetiva, equilibrada. Algo necesario en el fragor que vivimos entre quienes lo satanizan y quienes lo beatifican. Da sustento para sacar conclusiones interpretativas propias, como que no sería dicho TLC la «madre» de todas las desgracias de Costa Rica pues sin tenerlo aun, y más bien habiendo «disfrutado» unilateralmente los beneficios de la Cuenca del Caribe, el país exhibe debilidades e inequidades producto de su propia responsabilidad histórica.

El informe de los Notables sobre el TLC, es una pieza analítica juiciosa, objetiva, equilibrada. Algo necesario en el fragor que vivimos entre quienes lo satanizan y quienes lo beatifican. Da sustento para sacar conclusiones interpretativas propias, como que no sería dicho TLC la «madre» de todas las desgracias de Costa Rica pues sin tenerlo aun, y más bien habiendo «disfrutado» unilateralmente los beneficios de la Cuenca del Caribe, el país exhibe debilidades e inequidades producto de su propia responsabilidad histórica.
Muy pocos reconocen la corrupción y la ineficacia administrativa, política y civil, como factores cruciales del debilitamiento integral en que Costa Rica ha estado sumergida desde hace 35 años. Casi todos señalan sin excepción el surgimiento de los PAE a principios de los ochenta, o sea el surgimiento del neoliberalismo económico, como la gran causa que nos descarrió (recordemos que el liberalismo doctrinario, históricamente, fue mucho más que libertades económicas…).
Quienes atacan o defienden el TLC, no reconocen el contexto histórico que explica contundentemente en «qué momento se nos jodió Costa Rica». Veamos.
 
 
El país se empezó a joder consistente e integralmente desde 1970 con la Ley 4-3 de juntas directivas, una verdadera piñata entre partidos-cacicazgos que seguramente inspiró la bochornosa versión nicaragüense de años después. Luego, en 1974 con la Ley de Presidencias Ejecutivas y su ilegal reglamento del mismo año, mas la creación de «comités políticos» en ministerios y entes autónomos, se «perfeccionó» ese sistema piñatero que hizo posibles todos los males que han jodido al país sistemática y concretamente: nombramientos de empresarios y otros leales en juntas directivas, y de ejércitos de «asesores y asistentes», sin experiencia pública ni lealtad por las instituciones, sino por «el partido»; también gerentes generales, jefes de proveeduría, asesores jurídicos, más de un auditor interno, jefes de recursos humanos y financieros, directores regionales, otros jefes y funcionarios de todo nivel -incluidas secretarias, conserjes, choferes-. Paralelamente, hubo el notable y notorio incumplimiento negligente de unas pocas leyes superiores que como la de Planificación Nacional del mismo año 1974 y la Ley General de la Administración Pública con su régimen transparente a más no poder de dirección ministerial sobre entes autónomos, exigían racionalidad, unidad y orden en la gestión interinstitucional y en la formulación de políticas y programas públicos, con las deseables consecuencias positivas sobre el gasto público y la solución de todos los problemas nacionales. En tal contexto, ¿cómo no iban a surgir una corrupción generalizada y una ineficacia galopante del gobierno?
Los partidos gobernantes desde entonces propiciaron, mucho antes del primer PAE, las condiciones de ineficacia gubernativa y de pérdida total de la ética pública y privada que esas leyes, en reglamentación de concretas normas constitucionales dispuestas para el «excelente gobierno», estaban llamadas a confrontar. No ha sido el neoliberalismo lo que nos jodió. Fue nuestra clase dirigente, y los sindicatos, analistas y grupos de interés de toda estirpe que viendo esto suceder, o ignorándolo, no leyeron ni leen correctamente, y dirigen ahora sus baterías a justificar medidas salvadoras o efectos devastadores en la discusión del TLC.
Ninguna agenda complementaria o estrategia nacional de consenso que no parta de este macro reconocimiento, salvará al país del despeñadero. Todos nuestros peores vicios sobre improvisación y arbitrariedad en el manejo de procesos públicos, de gasto y de políticas, vienen de ese mismo origen y evitan la solución integral de nuestros pequeños y grandes problemas. Créame, paciente lector. Si no, lea cuidadosamente los programas de gobierno que los partidos ofrecer*n en estos días y, si alguno de ustedes me señala que en uno, dos, tres o diez casos estoy equivocado, me dar* mucha alegría reconocerlo. De veras…

Catedrático Ciencias Políticas, Investigador IICE, OdD, CICAP.

  • Johnny Meoño Segura
  • Opinión
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