El informe de los Notables sobre el TLC, es una pieza analítica juiciosa, objetiva, equilibrada. Algo necesario en el fragor que vivimos entre quienes lo satanizan y quienes lo beatifican. Da sustento para sacar conclusiones interpretativas propias, como que no sería dicho TLC la «madre» de todas las desgracias de Costa Rica pues sin tenerlo aun, y más bien habiendo «disfrutado» unilateralmente los beneficios de la Cuenca del Caribe, el país exhibe debilidades e inequidades producto de su propia responsabilidad histórica.
Muy pocos reconocen la corrupción y la ineficacia administrativa, política y civil, como factores cruciales del debilitamiento integral en que Costa Rica ha estado sumergida desde hace 35 años. Casi todos señalan sin excepción el surgimiento de los PAE a principios de los ochenta, o sea el surgimiento del neoliberalismo económico, como la gran causa que nos descarrió (recordemos que el liberalismo doctrinario, históricamente, fue mucho más que libertades económicas…).
Quienes atacan o defienden el TLC, no reconocen el contexto histórico que explica contundentemente en «qué momento se nos jodió Costa Rica». Veamos.
 
 
El país se empezó a joder consistente e integralmente desde 1970 con la Ley 4-3 de juntas directivas, una verdadera piñata entre partidos-cacicazgos que seguramente inspiró la bochornosa versión nicaragüense de años después. Luego, en 1974 con la Ley de Presidencias Ejecutivas y su ilegal reglamento del mismo año, mas la creación de «comités políticos» en ministerios y entes autónomos, se «perfeccionó» ese sistema piñatero que hizo posibles todos los males que han jodido al país sistemática y concretamente: nombramientos de empresarios y otros leales en juntas directivas, y de ejércitos de «asesores y asistentes», sin experiencia pública ni lealtad por las instituciones, sino por «el partido»; también gerentes generales, jefes de proveeduría, asesores jurídicos, más de un auditor interno, jefes de recursos humanos y financieros, directores regionales, otros jefes y funcionarios de todo nivel -incluidas secretarias, conserjes, choferes-. Paralelamente, hubo el notable y notorio incumplimiento negligente de unas pocas leyes superiores que como la de Planificación Nacional del mismo año 1974 y la Ley General de la Administración Pública con su régimen transparente a más no poder de dirección ministerial sobre entes autónomos, exigían racionalidad, unidad y orden en la gestión interinstitucional y en la formulación de políticas y programas públicos, con las deseables consecuencias positivas sobre el gasto público y la solución de todos los problemas nacionales. En tal contexto, ¿cómo no iban a surgir una corrupción generalizada y una ineficacia galopante del gobierno?
Los partidos gobernantes desde entonces propiciaron, mucho antes del primer PAE, las condiciones de ineficacia gubernativa y de pérdida total de la ética pública y privada que esas leyes, en reglamentación de concretas normas constitucionales dispuestas para el «excelente gobierno», estaban llamadas a confrontar. No ha sido el neoliberalismo lo que nos jodió. Fue nuestra clase dirigente, y los sindicatos, analistas y grupos de interés de toda estirpe que viendo esto suceder, o ignorándolo, no leyeron ni leen correctamente, y dirigen ahora sus baterías a justificar medidas salvadoras o efectos devastadores en la discusión del TLC.
Ninguna agenda complementaria o estrategia nacional de consenso que no parta de este macro reconocimiento, salvará al país del despeñadero. Todos nuestros peores vicios sobre improvisación y arbitrariedad en el manejo de procesos públicos, de gasto y de políticas, vienen de ese mismo origen y evitan la solución integral de nuestros pequeños y grandes problemas. Créame, paciente lector. Si no, lea cuidadosamente los programas de gobierno que los partidos ofrecer*n en estos días y, si alguno de ustedes me señala que en uno, dos, tres o diez casos estoy equivocado, me dar* mucha alegría reconocerlo. De veras…

Catedrático Ciencias Políticas, Investigador IICE, OdD, CICAP.