Nuevo libro dice que está por encima de leyes nacionales, reglamentos y decretos, aunque no de la Constitución Política.

¿Tigre suelto contra burro amarrado? Las discrepancias  sobre si Costa Rica salió perjudicada por haber firmado un tratado mientras que Estados Unidos lo hizo bajo la figura de un acuerdo, es materia de debate alrededor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (TLC-RD) con dicha potencia del norte.
El catedrático, abogado e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), Jorge Enrique Romero, en su más reciente libro, «Tratado de Libre Comercio: Análisis desde la perspectiva ideológica y del derecho económico», asegura que la categoría de «acuerdo» (agreement) está por debajo de las leyes federales, estatales y locales, así como de la Constitución Política de dicho país.
La Ley de Implementación o de ejecución del TLC-RD, recientemente aprobada en el senado (Implementation Bill), también está por debajo de esas leyes.
Estos «agreement» son aprobados por el Congreso de los Estados Unidos mediante mayoría simple. Fueron suscritos con otros países como Canadá y Chile.
 
 

¿HOMOLOGACIÓN?

En el caso de México, recuerda Romero, «los tratados tienen igual rango que las leyes. En 1999, hubo fallos judiciales que cambiaron la normativa vigente y luego con el tratado se dieron en la práctica cambios importantes en materia laboral, ambiental y de derechos humanos».
Sobre este tema, Elaine M. Samson, agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos, aseguró que «los tratados en el fondo, no tienen diferencia. Legalmente Estados Unidos tiene que cumplir con todos».
Añadió que «no es posible crear un conflicto entre las leyes domésticas y las provisiones del tratado, exactamente porque la Ley de Implementación tiene que homologar las leyes de uno y otro país».
«Por tratarse de una ley federal, las leyes estatales no pueden estar en conflicto con ésta, y por tanto, del tratado. Si hay una ley federal que entre en conflicto, será negada».
La funcionaria dijo que existe en el TLC una cláusula, la cual asegura que «no se permiten reservas, ni interpretaciones», de manera que posibles manipulaciones luego de firmado el acuerdo, no se pueden dar por ninguna parte.
Además, «hay todo un sistema internacional de acuerdos comerciales, bajo la Organización Mundial del Comercio (OMC), para cumplir con un comercio justo. Existen mecanismos por si se da algún desacuerdo. Ya hemos participado en ese tipo de resolución de conflictos», manifestó.
«No se pueden hacer cambios bilaterales entre Costa Rica y Estados Unidos, excepto que el istmo lo permita», destacó.

CAMBIOS DE MUTUO ACUERDO

Whitney J. Witteman, jefe de la sección económica de dicha embajada, manifestó que «si hay algo que necesita una nueva definición, se hace entre las partes. Siempre estaremos hablando con los otros socios para asegurar que si la situación cambia en el futuro, se pueden cambiar las condiciones. Pero no hay cláusulas» en el tratado.
Agregó que «se pueden aplicar las salvaguardias por parte de Costa Rica que es una suspensión temporal cuando – por ejemplo- se darían importaciones masivas hacia acá y, por tanto, un «shock» fuerte en la economía doméstica. Esto para que la industria local pueda adaptarse a la nueva realidad».
Para pasar a una etapa de transición «y que no haya aún un gran choque aquí, se darán $190 millones para los que necesitan ayuda. Es posible que con ese dinero muchos perdedores se pasarán del lado de los ganadores mediante la capacitación».
Al cuestionarles que con los tres Programas de Ajuste Estructural (PAE) aplicados durante los años 80 y parte de los 90, cuyo dinero en la agenda complementaria fue utilizada por la clase política para otros fines que no fueron capacitación, tanto Samson como Witteman consideraron que «el gobierno costarricense será el que mejor sabe cómo utilizará el dinero».
Este último funcionario consideró que «el tratado es una oportunidad; por sí mismo no va a solucionar todos los problemas. Puede ser un punto de partida, como dijo la Comisión de Notables que emitió un informe sobre el TLC, un comienzo para solucionar todos los problemas que tiene Costa Rica».

COINCIDENCIA

Johnny  Meoóo, doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública, y exministro de Reforma del Estado, según dijo, está de acuerdo con el Informe de los Notables cuando recuerda que «nuestra Constitución Política establece que está por encima de todas las leyes».
El especialista manifestó que si bien la legislación estadounidense está basada en el derecho anglosajón, se «obliga al gobierno federal y a los gobiernos locales a cumplir con los requerimientos del tratado».
Manifestó que es difícil que Estados Unidos no cumpla con lo pactado en el TLC, sobre todo porque fue revisado detenidamente en la cámara baja y en la alta del congreso de ese país.
Si bien ese país no ha suscrito la Convención de Viena, que establece las reglas jurídicas relativas a los tratados entre Estados en el plano internacional, «el derecho ordinario norteamericano ha comprometido hasta el tope a Estados Unidos. Ha firmado cientos de acuerdos de los tratados», estimó Meoño.
Dijo compartir el Informe de los Notables en materia laboral, de salud, de protección de la infancia y en otros aspectos.
«No hay restricción a lo que Costa Rica pueda aprobar en el ámbito nacional. Hay una serie de salvaguardas que permiten que Costa Rica pueda ir más allá. Estados Unidos respeta la legislación internacional y a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que recoge muy bien el espíritu de lo que se expone en la Convención de Viena».
El experto recalcó que el TLC nos hundirá si seguimos con las mismas actitudes, comportamientos y forma de administrar, todo lo cual implica hacer una reforma nacional.

«TODO ESTÁ MUY CLARO»

Para el abogado constitucionalista Rubén Hernández, el argumento de que el «agreement» es un peligro para Cota Rica, es una falacia.
«La cuestión es que cada país del istmo está protegido por la Convención de Viena que también implica a Estados Unidos, aunque este no lo haya firmado», dijo el especialista.
«Por ejemplo, si el estado de Alabama mete una impostación hacia el azúcar, entonces Costa Rica debería incurrir al tribunal de arbitraje que resolvería el diferendo. Desde el punto de vista internacional, tendría la misma consecuencia que con otro tratado».
Al cuestionarle si el TLC podría en la práctica, actuar como sustituto de los estándares laborales, ambientales y de propiedad intelectual, entre otros, contestó que el país se vería obligado a cumplir su propia legislación en todos sus extremos.
«Los sindicalistas deberían estar brincando en una pata. Los ambientalistas deberían estar contentos por procurarse el mayor cumplimiento de la legislación costarricense».