Medios de comunicación tienen doble papel: fiscalizar o favorecer.
Daniel Zovatto, director regional del IDEAS: hay que ponerle mucha atención a las donaciones en «especie».

La normativa jurídica electoral que podría regular y evitar el financiamiento indebido de los campañas políticas, tiene dientes de leche porque los partidos están desinteresados  en aportarle el calcio necesario, pues estos no desean  que colmillos institucionales  fuertes los obliguen a jugar limpio en las elecciones nacionales.
Pero esta fobia a los controles no es un mal exclusivo de los partidos políticos costarricenses, ya que se repite en muchas naciones, en donde la transparencia electoral en materia de financiamiento muestra un velo que deja ver muy poco de los mecanismos financieros usados en las campañas.
Estas debilidades de las democracias políticas latinoamericanas fueron expuestas durante el «Encuentro regional sobre financiamiento electoral», celebrado el 13 de octubre pasado en Centro Cultural Mexicano. Algunos de los temas tratados fueron: el financiamiento de los partidos políticos en Latinoamérica, élites políticas y corrupción, marco legal costarricense, modernización del sistema político, y diagnóstico sobre financiamiento electoral en Centroamérica.
 
 
Dicho foro marcó el inicio del monitoreo de la campaña electoral costarricense, por parte de la organización Transparencia Internacional, una de las auspiciadoras de esta actividad, la cual también contó con el respaldo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Contraloría General de la República, el Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL) y el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).
En la inauguración del encuentro participó la contralora general, Rocío Aguilar; el presidente del TSE, Óscar Fonseca; y la presidenta de Transparencia Internacional, Roxana Salazar, quien recordó que su organización decidió hace cuatro años monitorear la campaña electoral, sin saber en ese momento que «estábamos abriendo una Caja de Pandora».
Con esto último se refería a las múltiples anomalías que algunos partidos cometieron en  ese proceso. «Lo que pudimos detectar era poco comparado con lo que se estaba fraguando a espaldas de la institucionalidad», dijo Salazar.
Para ella, si bien las elecciones del 5 de febrero próximo tienen el mismo marco legal que hace cuatro años, «las condiciones del país se han modificado, se ha viabilizado la corrupción que permea a las altas esferas», al tiempo que existe una mayor conciencia en torno al financiamiento y los intereses que persiguen los donantes.
Mientras tanto, el presidente del TSE -Óscar Fonseca- enfatizó que ese órgano «dependiendo de las atribuciones que le otorgue la ley, puede ser árbitro eficiente, o simple espectador», en clara alusión a las reformas electorales que desde el 2001 ha planteado y que no ha aprobado hasta la fecha la Asamblea Legislativa.

ESCASA TRANSPARENCIA

Fonseca expresó que había abrigado la esperanza de que para el actual proceso electoral rigieran las reformas -incluida la regulación a las donaciones- (expediente 15.796), «no solo para la salud de la democracia, sino para no seguir recibiendo el Tribunal las críticas duras e injustas», por no controlar estos aportes.
Cabe recordar que, el proyecto de reformas electorales se encuentra estancado desde hace tres años en la comisión legislativa que lo analiza y si aprobaran alguna casi se descarta su aplicación para estos sufragios. Dos miembros de la comisión participaron en este foro: Luis Gerardo Villanueva (presidente) y Marta Zamora.
Por su parte, el director regional del IDEA -Daniel Zovatto-, reclamó que a un tema tan importante como el financiamiento electoral, no se le dé la debida importancia. «Más que ponerle montos y topes, lo que hay que hacer es transparentarlo», puntualizó.
En Latinoamérica -advirtió- sobran regulaciones con «dientes de leche», porque no hay interés en ponerle «colmillos» a las leyes, y al final sirven para poco.
Para el especialista, un régimen de sanciones debe contemplar castigos para el partido, el candidato y su entorno. Sin aludir a algún excandidato costarricense en particular, instó a aplicar sanciones personales, porque de lo contrario «se lava las manos» y dice «de esto yo no sé nada».
Zovatto insistió en que lo que se debe hacer no es tanto prohibir las donaciones, sino divulgar adecuadamente quién lo hace y para cuál candidato, para después darle seguimiento y determinar si hay pago de favores en las acciones de gobierno.
En este sentido, el asesor de Transparencia Internacional -Bruno Speck- cree que el estudio de la vinculación entre el financiamiento electoral privado y las compras o contrataciones del sector público, es una tarea pendiente de los órganos fiscalizadores hacia el futuro.
Por otro lado, los delegados de Transparencia Internacional en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, dejaron ver que la falta de información sobre procedencia del financiamiento es también un problema que aqueja a los partidos de sus países.
El guatemalteco Manfredo Marroquín reconoció que tienen un sistema político muy débil, en razón de que allá los partidos surgen y desaparecen de una elección a otra. Por ello, la necesidad de los nuevos por darse a conocer los hace necesitar de fondos, y por eso están expuestos a la corrupción, sin que haya posibilidad de regularlos mediante leyes o de manera voluntaria.
Una situación similar describió el hondureño Leo Valladares, quien mencionó como agravante el hecho de que los medios de comunicación en su país están todos vinculados a los sectores económicos y políticos, por lo que no ejercen como órganos de fiscalización.

POLÍTICA Y CORRUPCIÓN

De esta alianza corrupta entre las élites del poder económico y del político, así como la utilización de los medios de comunicación para fines electorales, le tocó hablar a Cristina Rojas, experta costarricense del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
Aunque aclaró que el aprovechamiento de los medios con propósitos políticos no representa una acción corrupta, sí hizo ver que permite -a quienes los pueden acceder con más facilidad- obtener ventajas en los procesos electorales, dado que a través de sus dueños asumen un comportamiento mercantil y político.
Rojas comentó que la actividad política se vuelve cada vez más costosa y en su financiamiento interactúan las élites políticas, económicas y mediáticas, lo cual origina una dinámica peligrosa para la democracia, en la cual «los medios no cumplen su función de informar -y brindar puntos de vista diversos- si actúan como empresas y están concentrados en pocas manos».
En relación con el papel de los medios, Zovatto puso como ejemplo el financiamiento «en especie» que muchas de estas empresas hacen a los partidos, por medio de espacios regalados o con tarifas rebajadas, lo cual da ventajas a la agrupación política beneficiada y que se puede tomar como una deuda que después será saldada mediante algún tipo de favor para ese «donante».
Para los participantes en este encuentro, un «financiamiento» como el anterior debe ser objeto de regulación, al igual que el TSE debería de manejar un monto de la contribución estatal para distribuirla por igual entre todos los partidos, con miras a cumplir con el principio de equidad, algo que en el sistema electoral actual no se cumple.
Investigadores del CEDAL como Bernal Arias, Kevin Casas y Gerardo Hernández, hicieron un recuento pormenorizado de los aspectos que el país debe modificar, si se desea modernizar el sistema político y su financiamiento.
De cara a las elecciones venideras, la presidenta de Transparencia llamó a los candidatos y a los partidos, a «que se comprometan con la transparencia y la rendición de cuentas, pues es evidente que cada ciudadano está esperando esta nueva actitud de los políticos». En los próximos meses se verá si se acoge esta exhortación o si se mantiene la fobia.