Antonio Alvarez sostuvo que el TLC representa una oportunidad para fortalecer educación pública.
Los candidatos a la presidencia manifestaron preocupación por los datos del Estado de la Nación en materia de acceso y calidad de la educación. De izq. a derecha: Vladimir De la Cruz, Antonio Álvarez, la periodista Laura Martínez, Humberto Arce y Ottón Solís.
Un efecto negativo podría tener la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU., República Dominicana y Centroamérica  en la calidad y acceso a la educación superior pública, aseguraron los candidatos a la presidencia para el periodo 2006-2010,  Humberto Arce del partido Unión Patriótica, Vladimir De la Cruz de Fuerza Democrática y Ottón Solís de Acción Ciudadana; mientras que para Antonio Álvarez de Unión para el Cambio el TLC no afectará a la educación.

Este último opinó que las deficiencias en este campo responden más bien a un abandono y recorte presupuestario por parte de lo jerarcas de los últimos gobiernos.

Estos argumentos fueron defendidos con datos y ejemplos por parte de los candidatos en el foro «El impacto del TLC en la educación superior pública costarricense» organizado por el Semanario UNIVERSIDAD  en el marco de la celebración de su XXXV aniversario, el pasado 7 de noviembre en el Auditorio de Derecho de la UCR.

El foro, que se extendió a temas de educación pública en general, derechos de propiedad intelectual y generación de empleo,  estuvo moderado por la directora de este semanario, Laura Martínez Quesada.

Excusaron su ausencia del foro por distintos motivos los candidatos Ricardo Toledo del PUSC, Otto Guevara del Movimiento Libertario y Oscar Arias del PLN, quien ha manifestado no volver a asistir a debates en la UCR.

Álvarez Desanti  aseguró que ve con buenos ojos la ratificación del TLC porque «representa una oportunidad» para la población costarricense en materia de fuentes de empleo, que debe ir acompañada de un programa en la educación  más agresivo.

En varias ocasiones el candidato defendió que el TLC no tiene repercusión sobre los problemas de la educación pública y que más bien eso se debe al descuido en los programas de solidaridad e inversión social.

Para Álvarez lo que establece el tratado en materia de derechos de propiedad intelectual, inversión extranjera y venta de servicios  «no afectaría la autonomía de las universidades públicas».



UN PORTILLO



De este criterio se apartaron los otros candidatos que vieron en el TLC un portillo para que a través de la inversión extranjera se establezcan grandes universidades privadas en el país, las cuales podrían exigir al Estado  «condiciones de trato nacional» en materia de becas, presupuesto e investigación.

Según Arce esto lo consolidó, -paralelamente a la negociación del TLC-,  el Ministerio de Comercio en la Organización Mundial del Comercio (OMC)  a través de una «agenda oculta» cuando suscribió un listado de compromisos en un Acuerdo General de Comercio y Servicios. «La OMC le asegura condiciones de acceso a mercados a los inversionistas que el Estado no puede controlar, esto le garantiza a las universidades extranjeras pedir un trato igual a las nacionales».

Solís ejemplificó estos datos al mencionar casos de universidades en México, Canadá y EE.UU, en el marco del TLC que suscribieron estos países,   que han reclamado por «trato discriminatorio» el otorgamiento de becas y financiamiento estatal.

Agregó que el trato solidario del ICE con el suministro de electricidad e Internet a escuelas y colegios públicos podría desaparecer en una eventual apertura de las telecomunicaciones.

De la Cruz detalló que el TLC profundiza los problemas de acceso e igualdad de condiciones a la educación superior pública, modifica las relaciones laborales y consolida los negocios que existen alrededor de los procesos de acreditación. También consideró que limita el acceso al conocimiento «monopolizado por empresas extranjeras» a través de las reglas que establece los capítulos de propiedad intelectual. «Todo esto limita la autonomía universitaria».